La Policía Federal podrá realizar escuchas desde su Departamento Central, si se lo requieren un juez y un fiscal. Un convenio entre la dependencia de la Corte Suprema que se ocupa de las intervenciones (y que, hasta ahora, era la única sede en la que se podían seguir conversaciones telefónicas) y la Federal le permitirá a esa fuerza hacer las escuchas que le derive la Dirección de Asistencia Judicial. Distintos especialistas en inteligencia advirtieron sobre los riesgos que plantea esta decisión y cuestionaron el rol central que se le está dando a la Federal. “Es peligroso darle un cheque en blanco”, indicaron. El ex titular de la Escuela Nacional de Inteligencia Marcelo Saín recordó las filtraciones de escuchas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a medios de comunicación.

El convenio que habilita a la Federal a realizar las escuchas en su sede fue firmado por la subjefa de la Federal, Ester Mabel Franco, y los integrantes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, los jueces Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra junto a Juan Tomás Rodríguez Ponte. El argumento central del convenio es “reducir los tiempos procesales y generar respuestas acordes con la complejidad creciente del crimen organizado”, según comunicó el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte.

El convenio plantea la “puesta en funcionamiento del proyecto piloto de servicio de escucha en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina” y detalla que uno de los objetivos de la dirección fue “la actualización tecnológica disponible para reducir los tiempos procesales”. Para esto, indica que generaron una conexión por software encriptado vía Internet (VPN) que permite que la Policía Federal siga las escuchas con un delay de uno a tres minutos desde que se capta la comunicación. Para esto, se construyeron en las dependencias del Departamento Central de la Federal 11 puestos de trabajo o locutorios. El convenio aclara que se irán utilizando “de manera paulatina y progresiva”.

Según el documento, el mecanismos seguirá siendo que la Dirección de Asistencia Judicial hace la intervención telefónica y luego deriva a la Policía Federal, por este mecanismo vía Internet la escucha para que la puedan seguir en los locutorios del Departamento Central. En el convenio argumentan que esto no es diferente de lo que hacen las policías cuando van a trabajar sobre una escucha en la sede de la Dirección, que depende de la Corte. “La Dirección conservará –como en la actualidad– la administración y potestad de asignación de los locutorios”, indica. Plantea que no se perderán los estándares de seguridad actuales, dado que la Dirección le enviará únicamente los archivos de audio que un juez o fiscal haya autorizado que la Policía Federal escuche.

También indica que la Federal tendrá que capacitar a su personal para ejercer un control sobre quienes ingresan a trabajar sobre las escuchas. Para esto, señalan que las personas que ingresen deberán dejar sus datos en un listado y firmar un compromiso de confidencialidad. Además, tendrá un monitoreo remoto (vía cámaras) de quienes ingresan a los locutorios. Y podrán guardar hasta un año de esas grabaciones. Cualquier violación del convenio, advierte, llevará a su inmediata rescisión.  

“Con esto, cambia de manos el control y el conocimiento informal o ilegal de las causas en las que hay escuchas telefónicas”, indicó Marcelo Sain, ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia y autor del libro sobre la ex SIDE La casa que no cesa.”La carrera por constituirse en sede administrativa y física de los locutorios de escuchas no tiene razón de ser si no es para esto”, argumentó. “¿Qué garantía tenemos de que no haya locutorios espejos para escuchar lo que pase en las causas? Ninguna”, remarcó Saín. “Con este convenio, Irurzun no se puede hacer el legalista: cuando él tenía jurisdicción sobre las escuchas y escuchaban a Cristina Fernández de Kirchner, al día siguiente aparecían publicadas en Clarín. Irurzun no es garantía de nada”, destacó Saín.  

En tanto, desde la Iniciativa Ciudadana para el control democrático de los Servicios de Inteligencia (ICSI) advirtieron que el problema no está en desconcentrar la sede de las escuchas, sino “en hacerlo con una sola de las fuerzas federales”. “El convenio le da una preeminencia a la Federal por encima de otras fuerzas. El juez no debería verse condicionado si quiere elegir a la PSA, a la Gendarmería o la Prefectura para trabajar con escuchas”, indicaron. “No está claro en el convenio por qué la Federal debe tomar los recaudos tecnológicos para que no existan filtraciones. Eso debería hacerlo la propia Corte. Es peligroso darle un cheque en blanco a la Federal”, advirtieron.