Como una paradoja, la paciencia de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que realiza la obra de la planta potabilizadora de agua en Granadero Baigorria se rebalsó ante el incumplimiento del pago de los certificados por parte del Gobierno nacional, y el proceso de construcción atraviesa una lenta sequía.
Así lo confirmó a Rosario/12 el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien explicó que las tareas en la localidad vecina a Rosario quedaron detenidas. “Por ahora está paralizada por falta de pagos de Nación”, afirmó el miembro del gabinete provincial.
Paralelamente, desde la cartera señalaron que las obras en la planta potabilizadora que se levanta en la ciudad de Santa Fe continúa a ritmo “lento”, también como consecuencia de la falta de pago del gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, en ese caso las empresa decidieron -al menos por ahora- mantener los trabajos a una velocidad menor.
Los últimos pagos que recibió la UTE conformada por las empresas Werk Constructora SRL, Del Sol Constructora SA y Hidrosan Ingeniería SA, a cargo de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria, fueron en julio y agosto del año pasado.
Según fuentes oficiales, la mora nacional para la cancelación de los certificados de obra presentado por la contratista alcanza los $450 millones. Como respuesta a la ausencia de respuesta por parte de la Casa Rosada, la UTE a cargo de los trabajos resolvió en estos días suspender los trabajos.
En noviembre de 2023, un mes antes de la asunción de Milei en la Presidencia de la Nación se inició la segunda etapa de la ampliación de la planta de Baigorria, en Rosario, Santa Fe, que había alcanzado entonces un avance del 12,82%, “representando una inversión que supera los $2.838 millones”, informó en aquella ocasión el Gobierno federal.
El proyecto, financiado a través del programa Proarsa, tiene por objetivo mejorar la cobertura de agua potable y la calidad del servicio en la ciudad y localidades aledañas, como Rosario. De acuerdo a lo previsto originalmente, la ampliación beneficiaría directamente a 764.844 personas, abarcando barrios periféricos al oeste de Rosario, el Gran Rosario (Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Funes, Villa Gobernador Gálvez) y poblaciones circundantes como Fray Luis Beltrán, Ibarlucea, Ricardone, Pérez, Puerto San Martín y Timbúes. La cobertura, que a fines del 2023 era del 99.67%, se incrementará al 100%, asegurando el acceso universal al agua potable.
Sin embargo, con la asunción de Milei a fines de aquel año, una de las principales medidas en términos de recorte de la inversión pública fue suspender la obra promovida por el Estado nacional. Tras los primeros meses del parate, a mediados del año pasado el entonces Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) pagó los certificados del avance de la planta potabilizadora de Baigorria correspondientes a julio y agosto. Luego no hubo más cancelaciones, por lo que los trabajos se paralizaron.
Si bien desde el Gobierno provincial esperan que antes de que termine este mes, o a principios de marzo, Nación vuelva a hacer un desembolso, nada está garantizado.
Encima, como parte del plan de ajuste y desarticulación de las capacidades estatales del país, Milei cerró el Enohsa, que era el organismo bajo cuya órbita se realizaban las plantas de Santa Fe y Granadero Baigorria.
“Las dos obras estaban enmarcadas en el Enhosa, con su financiamiento y supervisión. Cuando se anunció su cierre en octubre, se hizo muy difícil que se concreten los pagos. Empezaron los despidos y se hizo bastante difícil dialogar y que las autoridades nacionales cumplan lo que prometían”, dijo ayer el secretario de Aguas y Saneamiento, Leonel Marmiroli, en declaraciones a Aire de Santa Fe.
El funcionario agregó que “desde el Gobierno nacional aseguraron que el pago se realizaría en el transcurso de febrero y que las obras del Enohsa pasarían a la Subsecretaría de Política Hídrica, pero hasta el momento los contratistas no han recibido los fondos y la obra sigue detenida”.
En el caso de la planta que se construye en el departamento La Capital, la deuda acumulada desde octubre pasado asciende a 250.000 millones de pesos. En ese caso, la contratista que realiza los trabajo decidió continuarlos, pero a un “ritmo lento”, mientras aguarda una respuesta de la Casa Rosada.
