Luego del decretazo con el que Milei nombró a dos jueces para la Corte Suprema, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en rechazo a la decisión del Ejecutivo.

En diálogo con la 750, el director de Litigio y Defensa legal del CELS, Diego Morales, habló de las contradicciones que genera la designación del Gobierno, explicó el daño que ocasiona en la legitimidad de la elección de los jueces y analizó las posibles respuestas de la Corte Suprema en relación al decreto. 

"La Corte siempre le prestó atención a la cuestión de designaciones de jueces, de jueces federales, subrogantes, conjueces. Es un tema que, en general, lo toma como propio. Incluso hay leyes que ha dejado sin efecto cuando se involucran en cuestiones de administración del Poder Judicial", recordó Morales. 

El problema principal de la designación por decreto, explicó el integrante del CELS, radica en que en la Constitución argentina se organiza el rol de cada uno de los poderes, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese sentido, el Poder Judicial adquiere relevancia porque es el que juzga el comportamiento de los otros dos, y tiene como particularidad la estabilidad en el tiempo. 

"Por eso los candidatos que integran ese órgano tienen que pasar por algo que la Constitución llama un Acto complejo federal", detalló Morales. En este acto participan los otros dos órganos de gobierno: el Ejecutivo nomina a los candidatos y el Legislativo aprueba o no. Se trata de un balance delicado de regulación ecuánime de los tres poderes. "Esto se interrumpió con el decreto, vino a romperlo", subrayó el especialista en Escuchá Página|12.

Sumado a esto, el argumento por el cual el Ejecutivo decide acelerar el procedimiento es que el Senado se "demoró" en evaluar a los postulantes, pero es el propio Ejecutivo el que es imputable por esa demora, según detalló Morales. La razón de esto está detallada en la letra de la designación, cuando el decreto cita al DNU 222/2003, en el que se establece que para dichas designaciones debe haber un proceso participativo y de discusión pública acerca de los antecedentes de los candidatos, "para que llegue un debate un poco más organizado al Senado". 

"El modo de gestionar de este Gobierno es sobre la base de decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, decretos de ejecución, hasta incluso en resoluciones administrativas que modifican derechos. Pareciera ser una práctica que la forma de gestión de este Gobierno es a través de decretos", concluyó Morales.