A pesar de que la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema provocó una ola de repudios de todo el arco opositor en el Senado, el camino a seguir por parte de la Cámara Alta no tomó hasta ahora una dirección concreta. Desde Unión por la Patria se inclinaban por pedir una sesión especial para votar el rechazo de ambos candidatos (lo que desataría un conflicto de poderes de consecuencias imprevisibles). Otros bloques más afines al Gobierno, como el PRO, la UCR y Provincias Unidas, cuestionaron la decisión pero se mostraron más proclives a iniciar conversaciones para negociar una ampliación del máximo tribunal o bien la postulación de otros candidatos que generen mayores consensos. Por lo pronto, la mayoría esperará el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Presidente, Javier Milei, para terminar de definir su posición. 

El 26 de noviembre por la noche, los senadores de Unión por la Patria firmaron de puño y letra un acta titulada "No hay juez de la Corte sin acuerdo del Senado". Habían pasado dos horas desde que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, les había confirmado en plena sesión informativa en la Cámara Alta que Javier Milei evaluaba la maniobra que finalmente se concretó ayer: saltear la voluntad del Senado.

En aquel acta, los senadores de UxP se comprometieron a "impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema 'en comisión'. Consideraron esa decisión como "manifiestamente inconstitucional" y "una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país". Por último, también se comprometen a "iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho".

"Él no es un emperador ni tampoco es un rey, es un Presidente elegido por el voto popular y tiene que someterse a la ley", disparó la riojana Florencia López. "Su autoritarismo es una aberración institucional", sumó su compañero Daniel Bensusán. "El Presidente se manda una mega criptoestafa que según la revista Forbes es la más grande de la historia y para lograr su impunidad se le ocurre la 'brillante' idea de poner dos jueces en la Corte Suprema por decreto. Hacen bien los que se preocupan por la seguridad jurídica de sus patrimonios en este país", completó Juliana Di Tullio.

Para cumplir con la palabra empeñada, los senadores de UxP deberían pedir una sesión especial para rechazar los pliegos. Pero la situación no es tan sensilla: el primer desafío será conseguir el quórum de 37 senadores para iniciar esa sesión especial. Como el bloque de UxP tiene 34 integrantes (suponiendo que todos estén de acuerdo, lo cual no es seguro) con que 3 opositores dialoguistas se sienten en sus bancas sería suficiente. 

Es un escenario probable aunque las dificultades no terminan ahí. Como el pliego de García Mansilla no tiene dictamen de la comisión de Acuerdos, para poder debatirlo en el pleno del cuerpo deberían primero aprobar el tratamiento sobretablas con los votos de los dos tercios de los senadores presentes. Ahí el escenario se pone más complejo. Podría ocurrir que no se alcance el número y fracase la jugada. En cambio, como el pliego de Lijo sí tiene dictamen de comisión, no hay que votar el tratamiento sobre tablas y se puede discutir directamente la aprobación o el rechazo. Para aprobar el pliego hacen falta dos tercios de los votos, o a la inversa, para rechazarlo se requieren 25 votos. Podría ocurrir entonces una paradoja: que el pliego de García Mansilla, que es más resistido entre los integrantes de UxP, no termine rechazado y el de Lijo, que es aceptado por parte del bloque, sí. 

Pero eso no es todo. En cualquier momento, el Poder Ejecutivo podría solicitar al Senado el retiro de los pliegos enviados, lo que dejaría a los senadores y senadoras sin nada que rechazar. Sería una flagrante contradicción retirar pliegos de candidatos que ya eligió y designó por decreto, pero la coherencia no parece ser algo que inquiete a la Casa Rosada.

Como si todo eso fuera poco, tampoco está claro qué consecuencias concretas tendría el rechazo del Senado. Algunos sostienen que inmediatamente quedarían fuera del cargo, otros que tendrán mandato hasta que termine el plazo de su designación "en comisión", es decir, hasta el fin del período ordinario de sesiones. ¿Quién debería dirimir esa controversia? ¿Qué pasa si el rechazo es antes (o después) de que la Corte Suprema les tome juramento? Muchas preguntas sin una respuesta clara. 

En medio de este escenario confuso, distintos bloques afines al oficialismo también rechazaron el decreto. La UCR, que atraviesa una profunda crisis por diferencias internas, emitió un tibio comunicado en el que calificó el decreto como "grave, impurdente e innecesario". "A las puertas de un nuevo período de sesiones ordinarias, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que sólo está prevista para situaciones extraordinarias y en este caso no se condicen con este momento histórico", susurraron los radicales. Si llegara el tema al recinto, es claro que otra vez votarán divididos Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad votarían por el rechazo mientras que los senadores con terminales en los gobernadores volverían a alinearse con los libertarios. 

Sin demasiadas precisiones, el jefe del bloque del PRO, Alfredo de Angeli, adelantó que votarían en contra del pliego de Lijo, de haber una sesión. No aclaró qué harían con García-Mansilla. 

Desde Provincias Unidas, el bloque del expulsado senador Edgardo Kueider, íntimo aliado del Gobierno, también rechazaron el decreto. "Es un atropello y una amenaza a la división de poderes. El Ejecutivo no puede imponer su voluntad por sobre las instituciones. Como ya lo expresé, no voy a respaldar nombramientos de jueces del máximo tribunal por decreto. Además, es inadmisible que la conformación de la CSJN no contemple la participación de juezas. Con este decreto, tal vez pretendan distraer a la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del Presidente y la criptomoneda $LIBRA que la justicia debe investigar con rigurosidad y celeridad", señaló la cordobesa Alejandra Vigo.