Como si el ajuste sobre cientos de miles de pensiones no fuera suficiente, el Gobierno pasó a calificar a las personas con discapacidad intelectual como “idiotas”. Ese término, junto a otros del estilo como “débil mental”, “imbécil” y “retardado”, que dejaron de utilizarse desde hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria, figuraron insólitamente en un documento oficial. “Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, denunció en diálogo con Página/12 Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Ante las críticas, la administración Milei finalmente anunció que modificará el texto de la norma. 

"Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", justifica una nueva resolución.

Según el Gobierno, la Resolución 187/2025 y su anexo "anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales", como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Y añaden: "Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación".

https://drive.google.com/file/d/1eGV5Q9_O0XwbXCf3zp_6-XSD6kqo5mGN/view?usp=sharing

Discriminación en el Boletín Oficial

Esos términos discriminatorios aparecieron en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo, el exabogado personal de Javier Milei. Esa Resolución tiene como objeto establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva (a enero de este año, su valor es de 261 mil pesos). Y se publicó en el marco de las auditorías que viene realizando el Gobierno para justificar la baja por lo menos 200 mil pensiones este año, tal como adelantó este diario.

Las palabras “Idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos “grupos” de personas con alguna discapacidad cognitiva o psíquica, todos términos que se abandonaron no sólo porque resultan agraviantes sino porque, además, quedaron obsoletos hace varias décadas.

En la Resolución figuran oraciones como las siguientes:

  •  “Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”,
  •  “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias..”
  •  “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”
  • ”RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.

Si se revisa hacia atrás la política en materia de discapacidad del Gobierno, la utilización de esos términos tienen sentido: a mediados del año pasado, Milei y su ministro desregulación Federico Sturzenegger restablecieron la vigencia de un decreto del menemismo (el 432/97) para clasificar los distintos grados de discapacidad y endurecer las condiciones para acceder a una pensión. Con esa medida, el Gobierno ya había reincorporado la palabra “invalidez” que también había quedado obsoleta desde 2004, cuando el país adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que a su vez había introducido una concepción social y basada en los derechos humanos del colectivo.

Los términos como “idiota” para referirse a una persona con discapacidad se utilizaban a principios de siglo pasado, y figuraron en algunas de las “Guía de consulta de los Criterios Diagnósticos” (DSM, por sus siglas en inglés) que se toma de referencia para estos casos y que actualiza periódicamente la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. El último manual de la Asociación que introdujo esas palabras tiene por lo menos 70 años de antiguedad. Un dato que Spagnuolo quizás desconoce: llegó a dirigir la ANDIS sin ningún tipo de preparación ni antecedentes profesionales en la materia. Salvo por un detalle (típico de “casta”): representó a Milei en algunas causas judiciales, lo que le valió un vínculo de amistad con el ahora Presidente.

Las organizaciones, que ya venían advirtiendo sobre los usos violentos de parte de Milei de términos relacionados con la discapacidad para insultar a terceros, presentaron ante Spagnuolo un reclamo administrativo para que se dé de baja la resolución. La firman REDI y otras organizaciones como ACIJ, el CELS y la APDH, que advirtieron que podrían judicializar la norma.

“La Resolución 187/2025 aprobada por la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano que debiera ejecutar políticas y acciones tendientes a promover el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, atenta contra derechos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente, lo que la expone a ser cuestionada e invalidada en sede judicial”, dice el texto de la presentación.

“La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad. Así, el anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”, concluye.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), también expresó su repudio. “El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, denunciaron.