En su afán por desviar la atención del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el Gobierno nacional modificó este jueves la ley que regula los derechos de autor con la excusa de "eliminar los monopolios". En rigor, las autoridades anunciaron que "los titulares de derechos de autor y derechos conexos" podrán "asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva", o inclusive "ejercer sus derechos en forma individual". ¿Qué opinaron los artistas?
El cantautor Richard Coleman fue uno de los primeros en criticar de forma pública la nueva decisión del Gobierno. A través de su cuenta de X, cuestionó: "Mentirosos. Están engañando a la gente que no sabe ni tiene idea de la seguridad que significa para nosotros tener una organización que nos ayude a recaudar nuestros derechos de autor. Es imposible hacerlo personalmente. Les importa nada".
Por su parte, la actriz, productora, directora y comediante Malena Pichot expresó en la misma red social: "¿Qué dice este infeliz, que tengo que ir yo a pelearme con el dueño del teatro para cobrar derechos de autor? Pero que les pasa a estos h..".
Del mismo modo, la cantante e intérprete de tango Patricia Malanca opinó: "El poder financiero encumbrado en el Gobierno ALIAS 'inútiles.para.todo.y.sin.talento.para.nada' nos han quitado los beneficios del cobro de derecho de autor a las y los músicos independientes que componemos canciones e intentamos vivir de eso. El remate es total".
Qué implica la modificación de la ley de derechos de autor
El ministro desregulador Federico Sturzenegger celebró a través de las redes sociales la puesta en marcha de una modificación del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual y la Protección del Derecho de Autor a través de la publicación del Decreto 138/2025 en el Boletín Oficial y escribió: "¡Nunca más el control del Estado sobre la cultura! Viva la libertad carajo!".
El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostiene que la norma "fue dictada frente a demandas propias del siglo pasado", por lo que consideraron "necesario adecuarlas a la realidad imperante".
Sin embargo, uno de los principales problemas de la modificación a la ley de derechos de autor impuesta por el Gobierno se encuentra en la apertura indiscriminada a la gestión individual de los derechos de autor. Esta maniobra podría debilitar la posición de los artistas frente a grandes plataformas digitales y empresas, que son más poderosas a la hora de la negociación.
La gestión colectiva no solo simplifica la administración de derechos, sino que también equilibra la relación entre los autores y los usuarios comerciales de sus obras. La atomización de la gestión podría derivar en una pérdida de ingresos para los artistas más pequeños y una concentración de beneficios en grandes jugadores del mercado.
Además, el decreto excluye de la discusión a entidades como ARGENTORES y SADAIC. Esta diferenciación arbitraria genera desigualdades dentro del sector y sugiere que el objetivo del decreto no es una modernización equitativa del sistema, sino una reconfiguración que favorece a determinados actores.
Finalmente, la creación de un único organismo encargado de la autorización y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva plantea riesgos de concentración de poder en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. La posibilidad de revocar permisos en caso de incumplimiento, sin un marco claro de garantías para las asociaciones afectadas, otorga un margen discrecional preocupante a la autoridad de aplicación.
En este sentido, la medida podría abrir la puerta a un control excesivo del Estado sobre entidades que históricamente han operado con autonomía en la administración de los derechos de autor.
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