“Hay que andar bien con la AFIP, hay que pagar los impuestos”, lanzó el presidente Mauricio Macri durante la presentación de una plataforma que pretende impulsar a los exportadores. Las declaraciones del mandatario apuntaron hacia las presuntas maniobras de evasión desarrolladas por los empresarios Cristóbal López del Grupo Indalo y Lázaro Báez de Austral Construcciones. “Pregúntenle a algunos que están hoy en los diarios; no hay que apropiarse de los impuestos que no son propios”, expresó el mandatario que figura entre los cinco líderes mundiales en funciones con sociedades offshore mencionados en los Panama Papers. Si bien la Justicia Federal no pudo demostrar la existencia de maniobras de lavado de dinero, la causa donde se investiga la posible evasión fiscal asociada a las empresas no declaradas en Bahamas y Panamá donde Macri figura como director siguen abiertas. Sin avances significativos también están en curso pesquisas por abusos tributarios y financieros canalizados a través de la red global de guaridas fiscales por el primo del presidente e intendente de Vicente López, Jorge Macri, y su ex ministro de Hacienda e intendente de Lanús, Néstor Grindetti. 

Un cable de la agencia oficial de noticias indicó que las afirmaciones del mandatario en Tecnópolis estaban referidas a un documento de la AFIP difundido a través del diario La Nación. De acuerdo al artículo publicado ayer la autoridad fiscal sostiene que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, habría ocultado a la Justicia que Báez le adeudaba 1700 millones de pesos en concepto de impuestos impagos. El informe enfatiza que el ex funcionario validó que el holding encabezado por López acumule una deuda tributaria por 8000 millones. “Hay que pagar los impuestos; no hay que apropiarse de los impuestos que no son propios. ¿No es cierto, doctor Abad?”, indicó Macri al dirigirse al titular de la AFIP, Alberto Abad.

Al enfocar las acusaciones sobre evasión contra ex funcionarios kirchneristas y empresarios considerados afines a sus antecesores, el Gobierno ignora las maniobras de evasión desplegadas por las principales empresas que operan en el país, así como el extenso repertorio de irregularidades fiscales vinculadas a la familia presidencial. PáginaI12 reveló a fines de septiembre que familiares, socios, amigos y allegados a Macri blanquearon 132,5 millones de dólares durante el sinceramiento fiscal ofrecido por su Gobierno. El listado publicado en este diario incluye al hermano del presidente, Gianfranco Macri; el mejor amigo del mandatario, Nicolás Caputo; el empresario Marcelo Mindlin, que adquirió la constructora Iecsa otrora controlada por el primo presidencial, Angelo Calcaterra; un primo del jefe de Gabinete, Alejandro Jaime Peña Braun, y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín. Por su parte, la moratoria impositiva prevista en la misma ley que habilitó el blanqueo de capitales le permitió al grupo Techint ahorrarse alrededor de 250 millones de pesos en impuestos que la AFIP le reclamaba desde 2012. El monto exigido a Siderar por abusar de un acuerdo fiscal firmado en pleno auge privatizador entre Argentina y España rondaba los 450 millones de pesos. La siderúrgica montó una estructura de sociedades que le permitieron evadir el pago del impuesto a los bienes personales para las participaciones accionarias y societarias.

Las irregularidades de los miembros prominentes de la familia Macri con el fisco se remontan, por lo menos, hasta 1993, cuando el mandatario era presidente de Sevel. La DGI denunció a la empresa por evadir una suma equivalente a 55 millones de pesos/dólares. Las autoridades tributarias acusaron a Sevel de enviar autopartes a Uruguay bajo el régimen de exportaciones definitivas, con las cuales habrían armado coches que después habrían sido importados a la Argentina, cobrando los reintegros correspondientes. El caso llegó a la Corte Suprema que ordenó el sobreseimiento de Mauricio Macri y del resto de los directivos de la empresa. 

Una investigación publicada este año por el World Institute for Development Economics Research, que depende de Naciones Unidas, reveló que la pérdida de ingresos fiscales en Argentina como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende hasta el 4,42 por ciento del PIB. Las estimaciones de Alex Cobham y Petr Janský refieren a los abusos en los precios de transferencia en las operaciones intrafirma y la falsificación en la facturación del comercio. La pérdida ronda los 21.400 millones de dólares al año. Con ese guarismo, la Argentina ocupa el quinto lugar en el ranking de evasión en términos absolutos, solo superado por Estados Unidos, China, India y Japón. Los recursos que dejan de ingresar todos los años por los abusos corporativos son equivalentes a casi cuatro veces el “ahorro fiscal” que pretende lograr el Gobierno con la modificación en la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios en 2018.