Una de las medidas de ajuste que más afectó a los municipios bonaerenses en los últimos meses fue la prohibición de incluir conceptos ajenos al servicio en las facturas de gas y electricidad, dejando también a la administración provincial sin un recurso clave para la infraestructura energética. Este jueves, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avisó que avanzará por la vía judicial, con el objetivo de intentar recuperar los fondos destinados para obras de gas.

La disposición de la prohibición se originó con la Resolución 625/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que en octubre de 2024 determinó que las distribuidoras no podían agregar cargos adicionales a sus boletas. Como consecuencia, Litoral Gas S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. notificaron a la Dirección Provincial de Energía que eliminarían el gravamen del 9 por ciento orientado a financiar el Fondo Especial para Obras de Gas, creado por la Ley 8474.

Esta decisión generó una pérdida considerable de ingresos para la Provincia, afectando la planificación de nuevas obras. De acuerdo al Ministerio que comanda Gabriel Katopodis, este fondo es fundamental para expandir las redes de gas, construir plantas de medición y reducción, así como desarrollar gasoductos clave para el abastecimiento de diversas localidades bonaerenses.

Para intentar revertir la situación, Katopodis firmó una resolución que instruye a la Fiscalía de Estado de la provincia a iniciar acciones judiciales con el fin de restablecer el impuesto amparado por la Ley 8474. 

La normativa resalta la importancia de proyectos como el Gasoducto de la Costa, que suministra gas a Las Armas, General Guido, Lezama, Dolores, Maipú, Villa Gesell, Madariaga y Mar Chiquita; el Gasoducto Noroeste, que abastece a Bragado, Junín, Vedia, Alberdi, Viamonte, Lincoln y Pinto; el Gasoducto Noreste, que llega a Chascomús, Vieytes, Magdalena, Atalaya, Verónica, Bavio, Pipinas y Punta Indio; el Gasoducto Sur, que abastece a Villarino y Patagones; y el de Tres Lomas, Pellegrini y San Cayetano.

El documento también señala que la eliminación del fondo afecta directamente el funcionamiento de Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), la empresa que presta el servicio en localidades que no cuentan con la cobertura de las grandes distribuidoras. Además, compromete el Sistema Provincial Compensador de la Tarifa de Gas, establecido por la Ley 13.126, que subsidia a usuarios residenciales y pequeños comercios que dependen de GNC, GNP, GLP y GNL, garantizando que sus tarifas no sean superiores a las de zonas conectadas por gasoducto.

La iniciativa del gobierno provincial refuerza el pedido de diversos municipios que enfrentaron problemas similares tras la prohibición de incluir tasas locales en las boletas de servicios públicos encabezada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo. Recientemente, el Juzgado en lo Civil y Comercial de San Martín falló en contra de la Municipalidad de Tigre, rechazando su amparo contra la resolución que impide que los municipios sumen cargos en las facturas de Edenor y Naturgy BAN para cubrir la tasa de alumbrado público.

Sin embargo, en otros distritos la Justicia falló a a favor de los municipios. En localidades como Pilar y Moreno, se les permitió continuar con el cobro de estas tasas a través de las facturas de luz, generando una situación dispar hasta que se establezca una normativa unificada.

De este modo, el litigio por la recuperación del Fondo Especial para Obras de Gas abre un nuevo frente en la disputa entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. La administración bonaerense se mantiene firme en su postura que afirma que los recursos son esenciales para garantizar el desarrollo de infraestructura energética en el territorio y que su eliminación perjudica directamente a los usuarios, especialmente en localidades que dependen de sistemas de gas alternativos.

Con la Fiscalía de Estado bonaerense avanzando en acciones judiciales, el desenlace de este conflicto dependerá de los tribunales. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el financiamiento de nuevas obras de gas sigue latente, afectando la planificación de inversiones en un contexto económico cada vez más ajustado.

El Fondo Sojero, un antecedente sin éxito

De la misma manera que Katopodis ahora encabeza el reclamo por la quita del Fondo Especial para obras del gas, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, había ido a la Justicia para intentar recuperar los ingresos del Fondo Sojero para los municipios, también conocido como Fondo Federal Solidario (Fofeso). Si bien su pedido fue inicialmente respaldado por la Cámara Federal, recientemente fue desestimado por la Corte Suprema.

La decisión cortesana de rechazar el reclamo presentado por varios municipios bonaerenses, entre ellos Roque Pérez y Merlo, generó malestar y preocupación en los distritos afectados por el decreto impulsado por la administración de Mauricio Macri. “El gobierno de Mauricio Macri le quitó a los municipios el Fondo Federal Solidario, ese dinero que llegaba, esos recursos que venían a la municipalidad para hacer obras en cada uno de los distritos”, aseguró Barrera hace unos días atrás en una entrevista con Víctor Hugo Morales en la AM 750.

Sin embargo, el fallo del máximo tribunal determinó que los municipios no tienen legitimación activa para presentar este tipo de demandas contra el Estado nacional, argumentando que la administración de estos fondos dependía exclusivamente de las provincias adheridas al régimen. Con esta resolución, los intendentes perdieron una vía de reclamo directa, dependiendo únicamente del empuje del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para cualquier acción judicial futura.

La eliminación del Fofeso generó consecuencias directas en múltiples localidades bonaerenses, donde los recursos de este fondo eran esenciales para la ejecución de proyectos de infraestructura. La falta de financiamiento provocó la paralización de numerosas obras, cuyo panorama se vio agravado tras la llegada de Milei al Gobierno por su decisión de “obra pública cero”.

Desde el municipio de Roque Pérez dijeron que la situación "repercutió al nivel de las obras nacionales sumándole la decisión desde hace más de un año del gobierno nacional de paralizarlas por completo".

El Fondo Federal Solidario, creado en 2009 en el marco del conflicto por la Resolución 125, tenía como premisa la financiación de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda a nivel provincial y municipal.