El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciaron la licitación del que será el primer túnel sumergido del país, un proyecto que se debate desde hace 100 años.
La obra unirá las ciudades de Santos y Guarujá, en el litoral de São Paulo, y según afirmó Lula, serán posibles gracias al "entendimiento" y la "relación civilizada" entre dos opositores políticos elegidos "para gobernar y no para pelear".
De Freitas, quien fue ministro de Infraestructura durante la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), destacó también "la sociedad" establecida con el gobierno de Lula, pese a las diferencias ideológicas. "No es momento de disputas políticas, sino de atender a los ciudadanos", declaró el gobernador.
Durante la ceremonia, Lula y De Freitas presentaron el pliego de condiciones del proyecto, que tendrá un costo de 5.960 millones de reales (1.017 millones de dólares).
El 15 por ciento de ese monto será invertido por el grupo que se adjudique la licitación, en tanto que el resto lo aportarán en partes iguales el Gobierno federal y la administración regional de São Paulo.
Cómo será el túnel
El túnel se construirá mediante una sociedad pública-privada, tendrá una longitud de unos 870 metros, atravesará un canal a una profundidad de 21 metros y será utilizado por unos 15.000 vehículos por día.
Entre ellos, numerosos camiones que operan en el puerto de Santos, el mayor de América Latina y por el que pasa cerca de un tercio del comercio externo de Brasil.
Hasta ahora, el trayecto entre Santos y Guarujá solo puede ser hecho por balsa o por una ruta de 50 kilómetros, lo que demora alrededor de una hora, un tiempo que con el túnel caerá a escasos dos minutos.
La subasta está prevista para el próximo 1 de agosto y está abierta a empresas nacionales y extranjeras. El contrato será firmado a fines de este año, por lo que las obras comenzarán a inicios de 2026, con la previsión de que concluyan en 2029.
Aunque no está confirmado, fuentes citadas por la prensa local dicen que, entre las empresas interesadas, figuran la española Acciona, la portuguesa Mota Engil, la italiana Webuild, y la china CCCC, junto a varios grupos brasileños.
Para la realización del proyecto deberán ser desalojadas 1.200 familias, que luego serán reubicadas en viviendas cuya construcción quedará a cargo del Gobierno regional, que costeará las respectivas indemnizaciones.
