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El Frente Renovador pidió el enjuiciamiento y apartamiento preventivo de la fiscal Sabrina Cladera, la responsable de dejar en libertad a Tobías, el joven de 17 años que participó en el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata.
De esta manera, legisladores bonaerenses que integran el partido que lidera Sergio Massa apostaron por una investigación más profunda que el sumario iniciado por Julio Conte Grand, Procurador de la provincia y jefe de los fiscales, promovido y nombrado por la ex gobernadora del PRO, María Eugenia Vidal.
Vidal también fue la encargada de firmar el nombramiento de Cladera en el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil platense en 2018. Y Cladera fue la magistrada que el 1 de febrero de este año le tomó declaración a Tobías, que protagonizó el robo de un auto en la capital provincial y fue detenido por la policía bonaerense. Sin evaluaciones psicológicas ni psiquiátricas y, tampoco, el análisis de un asistente social que evalúe las condiciones de vida de Tobías, su familia y su barrio, decidió que retorne a la vía pública a pocas horas de delinquir.
Así, mientras Conte Grand optó por una investigación que tiene como techo una sanción disciplinaria y sólo lo accionó tras el vuelo mediático que adquirió el crimen de Kim, el massismo sostiene que la fiscal “no sólo cometió mala praxis, sino una posible violación del artículo 274 del Código Penal”.
Lo afirma el diputado nacional del FR Ramiro Gutiérrez, quien firmó la denuncia presentada en la Secretaria de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires con Rubén Eslaiman, diputado provincial y vicepresidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara Baja.
“En este caso no correspondía la prisión preventiva por el monto de pena del primer hecho, pero correspondía el arresto domiciliario o una medida cautelar de internación”, explica el abogado nacido en Dolores a Buenos Aires/12. “Cada hecho delictivo es una observación artesanal del fiscal o el juez, por lo que no puede dar soluciones generalizadas cuando lo tuvo frente a frente y se tenía que dar cuenta de que consumía estupefacientes”, señala.
Efectivamente, el padre de Tobías fue quien aseguró que su hijo mantenía un consumo problemático severo. Por ende, remarca Ramírez, era necesaria una revisión psicológica que determine si podía volver a su domicilio o ameritaba un tratamiento médico con un psiquiatra. “La fiscal tenía la chance de dictar una cautelar y que el joven se interne en un centro cerrado, lo que reducía el margen de reiterancia”, detalla.
Eso no sucedió. El joven salió en libertad “sin ningún tipo de contención” y semanas después volvió a estar involucrado en el robo de un auto. En este caso, el de la madre de Kim, que falleció durante el asalto.
Por eso, durante su última conferencia y ante el absurdo pedido de intervención a la provincia de Buenos Aires por parte de Javier Milei, Axel Kicillof remarcó que “el Ministerio de Seguridad atrapó en tres horas al asesino de 17 años que debió haber estado preso, pero estaba libre y cometió este delito”.
En su discurso, el gobernador sostuvo que, desde un primer momento, se acompañó “el dolor de la familia y el pedido de Justicia ante un espantoso crimen que llena de dolor y rabia”.
Ahora, la Secretaria de Enjuiciamiento comenzará con las notificaciones correspondientes y los procedimientos legales que amerita la denuncia presentada por los renovadores. De estar todo en orden, y tras cumplir con múltiples pasos previos, se conformará el jurado que decidirá sobre la situación de Cladera. El jurado estará presidido, tal como lo determina la ley, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria.
“No fue diligente”
“Él andaba en la calle porque está perdido en la droga”, declaró Héctor ante los medios de comunicación. Héctor es el padre de Tobías. Habló de reiterados episodios de consumo y del delito anterior que cometió su hijo y por el cual Cladera lo dejó en libertad. “Yo le había dicho en la comisaría que no quería retirarlo, que lo encierren, y me dijeron que no, que yo me lo tenía que llevar”, agregó Héctor.
Antes estas palabras, Ramírez pregunta si “con el antecedente del padre, que no lo quiere recibir, ¿cómo lo vas a poner sin recaudo en la vía pública?”. El legislador nacional aclara que su perspectiva no tiene ninguna sintonía con bajar la edad de punibilidad, sino de que se cumpla la ley.
“La fiscal debió haber tomado declaración a la policía cuando lo detuvieron por primera vez para saber si tenía lenguaje cándido o las pupilas dilatadas, claros indicios de consumo de estupefacientes”, remarca.
Sobre la posibilidad de acceder a drogas como la cocaína, Kicillof remarcó durante la conferencia del último viernes que “Milei es el responsable del narcotráfico”. Sucede que el narcotráfico es un delito federal, donde el Gobierno nacional es quien debe actuar en, entre otras cosas, el cuidado de la frontera para evitar el ingreso de estupefacientes.
Por eso Ramírez sostiene que es importante conocer si Tobías no era un "corner boy", o chico de la esquina. "Son los pibes que terminan en las esquinas, mal rodeados, sin intervención estatal o con un hogar que no lo entiende o es refractario a los padres, lo que lo vuelve carne de cañón para el narcotráfico", describe.
Esta lectura encuentra sintonía con las palabras de Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, que en conversación con este medio semanas atrás relató cómo actúa el crimen organizado en la comercialización de la droga y el reclutamiento de menores.
Con este escenario, Ramírez subraya que “cuando disponés la libertad de un chico tras un delito grave tenés que ver el entorno familiar, un asistente social debe concluir si es riesgoso o no, algo que no aplicó porque muchas veces se actúa a velocidad, y por eso la fiscal no fue diligente”.
Y aquí, el diputado renovador hace alusión al concepto de “acting out”, en referencia a cómo un joven que consume no tiene frenos inhibitorios para volver a delinquir. Esta premisa está presente en el texto de la causa, donde Ramírez y Eslaiman denuncian a Cladera por “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiera intervenido”.
A su vez, en el texto presentado ante la Secretaria de Enjuiciamiento y al que este medio tuvo acceso, se advierte que “la carencia en la evaluación de los factores críticos no solo evidencia una falta de diligencia, sino que vulnera el principio ético y profesional que la Constitución exige para el desempeño de la magistratura”.
De esta manera, la denuncia solicita que se “verifique el posible incumplimiento por parte de la fiscal Sabrina Cladera del artículo 274 del Código Penal Argentino, el cual sostiene: ‘El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y reprensión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable”.
¿Cómo sigue la investigación?
Según pudo confirmar este diario con Ulises Giménez, secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la denuncia de parte del Frente Renovador ingresó por el sitio de denuncias que tiene el organismo en horas de la tarde noche del viernes 28 de febrero. Fue al día siguiente de que Massa les solicitara a sus legisladores que actúen en este sentido.
“El primer día hábil, es decir el miércoles, levantamos la denuncia, hacemos las notificaciones correspondientes y llamamos a los denunciantes a que ratifiquen la denuncia”, relata Giménez. Consumado este acto, se le solicitará un dictamen no vinculante a la Procuración y a la Comisión Bilateral de Jury de la Legislatura.
Luego, tras notificar a Cladera, se notificará a Daniel Soria, Presidente de la Suprema Corte. Con los dictámenes en mano, Soria decidirá si cierra la causa o habilita el sorteo del jurado para llevar adelante la investigación. El jurado, explica Giménez, se compone de once miembros con Soria a en la presidencia.
Los otros diez serán cinco senadores y cinco abogados conjueces del Poder Judicial, todos elegidos mediante un sorteo. En caso de que todos estos pasos se cumplan, el jurado tendrá una primera reunión donde debe definir si tiene competencia sobre la causa. De ahí en adelante, comienza un proceso acusatorio, la lógica defensa, la admisibilidad de la acusación que, si se concreta, trae aparejado un corrimiento de la fiscal de su función con un 40 por ciento de descuento en su dieta y la imposibilidad de renunciar. De allí, solo queda el debate oral del juicio.
Giménez aclara que, desde la Secretaria se lleva adelante la instrucción de la causa. Esto no equivale a intervenir bajo ningún aspecto en la causa que llevaba adelante la fiscal, sino en cómo fue su comportamiento a lo largo del procedimiento.
“Lo que revisará el jurado es la conducta de la magistrada”, señala Giménez. Así, el jurado evaluará si hubo desviación, si actuó con liviandad o si el proceder de Cladera encuadra con algún tipo de falta de la ley.
