Luego de intensas negociaciones, asambleas y movilizaciones, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pudo frenar el ajuste que promueve el Gobierno Nacional.  Los funcionarios de Javier Milei en el organismo no pudieron habilitar la motosierra y votaron en soledad una propuesta de desmantelamiento difícil de tolerar. El instituto será reestructurado, pero manteniendo las fuentes de trabajo aunque no renovará su composición de aquí a 2026. "Es una estructura similar a la de la década del 90, pero ahora con muchas más funciones”, alertaron los gremios. Con poco más de 6.000 trabajadores, la LLA intentó desmantelarlo también en noviembre, cuando terminaron revendiendo las instalaciones físicas con la excusa del ahorro. Se trata de un actor clave en el sistema de ciencia y tecnología, y el fomento público-privado que, esta vez, se salvó. 

“El jueves a la mañana la idea del Gobierno era prácticamente desmantelar el INTA: eliminar todas la agencias, poner en disponibilidad a 1500 trabajadores y tener una dotación de 4500 empleados”, comentó Mario Romero, secretario General de la Asociación de Profesionales del INTA (Apinta). Se terminó avalando una propuesta de reestructuración que implica cambios en el organismo, pero sin pérdida de puestos de trabajo. La "Propuesta integral de adecuación y fortalecimiento de los recursos humanos” fue elaborada por la Dirección Nacional, que encabeza Ariel Pereda y reúne a los directores de las Estaciones Experimentales de INTA, pero fue votada por mayoría 7 a 3 por el Consejo Directivo de INTA que es el órgano que decide: los 3 votos en contra fueron del presidente, Nicolás Bronzovich, la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, y un vocal; mientras a favor votaron los demás integrantes que son representantes del sector privado (como la Federación Agraria, la CRA, CREA, SRA y Coninagro) y de las universidades.

Los representantes del Gobierno Nacional fueron los únicos que creyeron que la disolución del INTA traería beneficios. El organismo es una pieza clave del sistema nacional de ciencia y tecnología, que apoya a pequeños y grandes productores para mejorar la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial de manera sostenible. “Sus integrantes son investigadores de amplia trayectoria, los cargos se concursan, pero el Gobierno puso a sus funcionarios a dedo. El presidente y la vicepresidenta son de Aapresid (la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), o sea de una corporación, mientras que históricamente eran personas del INTA”, describe Julieta Boedo, delegada de ATE y miembro de la Coordinación Nacional de ATE-INTA. Los gremios se movilizaron el jueves a la sede central en Capital Federal que fue rodeada por un intenso cordón policial.

Además, se realizaron asambleas en las Estaciones Experimentales en todo el país. “El cuestionamiento a la conducción del INTA fue tal que acordaron el 7 de marzo la renuncia de los cuatro asesores del presidente, que habían entrado por la ventana y son personas muy poco capacitadas para dialogar con cualquier investigador del instituto”, agrega Romero. La propuesta, elaborada por los directores y trabajadores, que finalmente se aprobó implica conservar los puestos de trabajo, con reubicaciones, y una reestructuración: se disuelve la “unidad de consultoría” el 7 de marzo, la cantidad de Direcciones Nacionales Asistentes se reducirá de 10 a un total de 7, cierra la Estación Experimental del AMBA y sus 9 agencias de extensión, cuyo personal será reubicado, y se redefine el Instituto Para la Agricultura Familiar (IPAF) que pasará a denominarse “Producciones Regionales y de Pequeña Escala.

Al igual que en otras dependencias, lo que el Gobierno acordó es la no modificación del personal a partir de las jubilaciones, fallecimientos, renuncias, etc. Así se llegará de una dotación actual de 6.123 empleados a 5.560 en el 2026, de acuerdo a las estimaciones de la Propuesta de adecuación. “Esto es una estructura similar a la que tenía el organismo en la década del 90, pero ahora realiza muchas más funciones”, sostiene Romero. Para Boedo “hay que seguir en alerta porque con este Gobierno no se puede descartar nada, vienen también por la venta de tierras del INTA”, aclara, en referencia al traspaso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado del histórico edificio del organismo ubicado en calle Cerviño en noviembre.

La propuesta final contempla en suma el cierre de 41 agencias sobre el total de 299 que posee actualmente. Las Agencias de Extensión tienen el objetivo de brindar asistencia técnica y asesoramiento a los productores –grandes y pequeños– y a las organizaciones rurales, garantizando así la transferencia de conocimientos y tecnologías. Estas dependen de las 16 Estaciones Experimentales distribuídas en todo el país, “entre el cambio de estructura se eliminarán las jefaturas de agencia –detalla Romero sobre las últimas puntadas del acuerdo- y entre las EE solo se disuelve la de AMBA, que se fusionará con el IPAF”. Es particular el encono del Gobierno con las instituciones vinculadas al pequeño productor, el IPAF es un centro emblemático del INTA creado en 2005 para promover prácticas de producción sostenibles en la agricultura familiar, campesina e indígena. Imposible no vincular esta reestructuración con el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCeI) a los pocos meses de asumir Milei la presidencia, o con el vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que puso en jaque a los productores misioneros. En cambio, ofrece los organismos de decisión a las grandes empresas del agro.

El INTA fomenta la innovación no sólo de pequeños productores sino de grandes. Sin ir más lejos, en 2024 los investigadores lograron secuenciar el genoma de la “chicharrita”, la plaga que afectaba a la producción de maíz ocasionando pérdidas millonarias, y que a partir de allí pudieron controlar de manera más eficiente su reproducción. También son conocidos los desarrollos de nuevos cultivos de soja, más resistentes y con alto contenido proteico, y no transgénicos con biotecnología moderna. Fomenta la colaboración entre el sector público y privado, universidades y entidades de investigación como pocas entidades dentro del Estado, con su reestructuración se pone en juego un enorme activo para la política pública.