En la última semana, el Ministerio de Producción dio a conocer los detalles del programa nacional de transformación productiva (PTP), que las autoridades presentan como una política “para impulsar el crecimiento y modernización de las empresas argentinas, con foco en el fortalecimiento de su competitividad para incentivar la generación de empleo de calidad”. En rigor, se trata de la implementación de un plan de transformación de la industria que, tomando como horizonte el “modelo australiano”, busca reducir el sector manufacturero a aquellas ramas con mejor aptitud exportadora y “reconvertir” al resto –mediante su desaparición o fusión– buscando que se concentren en las actividades consideradas alta o medianamente competitivas. El resto sería reemplazado por la importación.

 Página/12 conversó con dos representantes de las pequeñas y medianas industrias nacionales para pedirles su impresión sobre el proyecto. Uno tiene fábrica de alimentos en Córdoba, el otro posee una fábrica de carteras, cinturones y zapatos en Morón. El primero es Eduardo Fernández, presidente además de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). El segundo es Ariel Aguilar, presidente de la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA) y dirigente de la Confederación General Económica de la República Argentina (Cgera). Ambos coinciden en que una amplia franja de empresas, en rubros principalmente ligados al consumo interno, están condenadas a desaparecer en el marco de este plan. “A la mayoría de los sectores industriales, claramente se los invita a convertirse en importadores, y les ofrecen créditos subsidiados para despedir personal si la reconversión lo requiere”, manifestó Aguilar. Fernández, en tanto, sentenció que “lo que se propicia es una suerte de supervivencia del más apto; esto equivale a dictar la sentencia de muerte de las miles de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy intentan a duras penas sobrevivir”.

 El Programa de Transformación Productiva (PTP) plantea en la reglamentación que su objetivo es “asistir a empresas que quieran llevar adelante un proyecto de inversión que demande la creación de nuevos puestos de trabajo; desarrollar nuevos productos o nuevas unidades de negocio, mejorar procesos productivos, y adquirir maquinaria o tecnología para mejorar la productividad; transformarse hacia otras actividades más dinámicas, donde haya más demanda o mejores oportunidades de negocio; y aumentar su capacidad competitiva mediante procesos de integración con otras empresas”.

El Ministerio de Producción, en su presentación  del PTP, explica que “a través del Programa las empresas recibirán apoyo para concretar proyectos de inversión o proyectos de transformación productiva que pueden ser de tres tipos:

  •  Transformación competitiva: implica readecuar factores involucrados en los procesos productivos, para que la empresa siga operando en la misma actividad en la que se desempeña actualmente pero aumentando su competitividad.
  •  Transformación lateral: para aquellos casos que requieran una readecuación de la estructura productiva para orientarla hacia otras actividades, pertenecientes a sectores más dinámicos.
  •  Integración y consolidación: empresas que tengan la posibilidad de integrarse con otra para aumentar su competitividad”.

 En opinión de los dirigentes pyme, el planteo oficial encubre la real intención del proyecto: reducir la cantidad de empresas existentes en el sector manufacturero a través de un violento proceso de racionalización. Eduardo Fernández señaló a PáginaI12 la “fuerte preocupación de Apyme por la orientación de este programa.  estableciendo cuáles empresas pueden y deben “reconvertirse” mientras el resto queda en el camino. Para ello se establece una alarmante tipología de empresas de Transformación Productiva, aquellas que deben reestructurarse o ser absorbida por otra empresa, y Empresas Dinámicas, las que según el Gobierno “realizan actividades productivas con capacidad genuina de competir en el mercado interno e internacional y de generar empleos de calidad”.

 El titular de Apyme agregó que “esta suerte de salvavidas se arroja a las empresas en un marco recesivo, de emergencia laboral y productiva, fruto de las actuales políticas de transferencia de recursos hacia las empresas concentradas, que por supuesto también serán beneficiarias de este programa. Esto  equivale a dictar la sentencia de muerte de las miles de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy intentan a duras penas sobrevivir al aumento de insumos, los tarifazos, la caída de ventas en el mercado interno, la importación indiscriminada y el ahogo financiero”.

 Ariel Aguilar trazó a su vez un panorama del sector industrial. “Hoy las fábricas están funcionando a un 60 por ciento de su capacidad instalada. Si analizamos por sector, el calzado, por ejemplo, tuvo una suba de importaciones del 25 por ciento medido en unidades, y según manifiesta su sindicato ya tuvo 4000 despidos. El sector textil, un 38 por ciento más de importaciones en prendas terminadas, 11000 suspensiones y 4500 despidos. El sector electrónico ya perdió 1000 puestos de trabajo y con la baja de aranceles a 0% pone en riesgo 5000 empleos. Marroquinería, un 39 por ciento de suba de importaciones y ya perdió casi 800 puestos de trabajo. El sector metalúrgico, suba de importaciones del orden del 30 por ciento y unos veinte mil despidos, según la UOM”. En medio de este panorama, el gobierno nos presenta el Programa Nacional para la Transformación Productiva y determina que las empresas a transformar son aquellas con dificultades competitivas o de productividad. Y establece el concepto de “empresas dinámicas”, para las actividades con capacidad de competir en el mercado interno y externo. Plantea tres esquemas de transformación para las empresas: competitiva, a las que pretende mejorar su rendimiento mejorando sus procesos; lateral, en el que directamente plantea un cambio o reorientación del tipo de actividad que realiza, y el tercero es la transformación con integración y consolidación, que básicamente plantea la fusión o asociatividad entre empresas. Lo que está claro, es que la mayoría de los sectores mencionados, a los que más les abrieron las importaciones y que generan más de un millón de puestos de trabajo entre directos e indirectos, son los que entrarían en el esquema de reorientación de sus actividades y claramente se los invita a convertirse en importadores. Les ofrecen también subsidios y créditos a tasas muy bajas para despedir personal si la reconversión así lo requiere”.

 Aguilar advierte que “se plantea nuevamente una falsa discusión de competitividad ya que es imposible que una empresa argentina pueda competir con empresas de Medio Oriente por ejemplo, con salarios de 200 dólares, con una enorme carga tributaria como la que tenemos y con una concentración monopólica de todos nuestros insumos básicos. La reconversión productiva es una muestra más del proyecto de desindustrialización que está llevando a cabo el gobierno y esto no se soluciona con diálogo ni buenas intenciones”.