Legisladores italianos comprometidos con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina hicieron una presentación ante el Parlamento de ese país para exigir que el gobierno de Javier Milei ponga fin a sus políticas regresivas en materia de derechos humanos. La declaración, que suscriben 48 parlamentarios del Partido Demócrata (PD) y que recorre el largo historial de compromiso y colaboración de Italia con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la búsqueda de niños apropiados, se conoció durante la visita a la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo de una comitiva encabezada por el diputado Giuseppe Provenzano, secretario internacional del PD.

La presentación recuerda que ya en noviembre de 1982 el cónsul italiano en Buenos Aires, Giorgio María Baroncelli, presentó dos denuncias ante la justicia argentina: una por 45 desaparecidos nacidos en Italia y otra con una lista de 617 familiares de origen italiano que habían denunciado desapariciones en distintos consulados. En 1983, el presidente Sandro Pertini le pidió información a la dictadura saliente y expresó su desprecio por el “Documento Final” de la junta militar que encabezaba Reynaldo Benito Bignone. El mismo año, el ministro de Justicia, Clelio Darida, abrió un proceso penal ante el Ministerio Público de Roma para que se investigara la suerte de dos italianos desaparecidos en la Argentina.

Recuperada la democracia, tres mujeres con ciudadanía italiana que se convertirían en símbolos del movimiento de derechos humanos y recibirían la Orden al Mérito de la República italiana estrecharon los lazos entre ambos países: Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo, y Estela Carlotto, presidenta de Abuelas. En 2009, con la colaboración de los consulados argentinos en Roma y Milán, se creó el nodo italiano de la Red por la Identidad, que realizó más de 65 pruebas de ADN a jóvenes nacidos en la Argentina y adoptados por familias italianas, que querían saber si eran hijos de desaparecidos. Durante la larga noche de impunidad, Italia también jugó un rol importante al realizar juicios a represores argentinos como el exgeneral Santiago Riveros, en 2004, a un grupo de marinos de la ESMA, en 2009, o a exejecutores del Plan Cóndor, en 2021.

Tras destacar el rol del Estado italiano en esos procesos y la ciudadanía italiana de muchas de las víctimas, incluido el nieto recuperado Daniel Santuccio, los parlamentarios toman nota de la deplorable gestión de Milei en la materia: debilitó las estructuras abocadas a la búsqueda e identificación de niños robados, desmanteló los grupos de investigación y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, recortó la financiación y la dotación de personal del Banco Nacional de Datos Genéticos, desfinanció los sitios de memoria, derogó el decreto de Néstor Kirchner que había creado la Unidad Especial de Investigación de la CONADI y despidió a todos los empleados del Centro Cultural Haroldo Conti, entre otras decisiones.

A partir de ese diagnóstico, los legisladores del Partido Demócrata reclaman el compromiso del gobierno italiano para que implemente las medidas a su alcance a fin de asegurar que la gestión libertaria en la Argentina revise su actitud y retome el camino histórico de colaboración institucional y diplomática, y de valorización del trabajo de los órganos que se ocupan de promover y proteger los derechos humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia; que inste a las autoridades argentinas a apoyar en particular el trabajo de Abuelas y, con fondos del Estado italiano, la búsqueda de hijos y nietos italianos e ítalo-argentinos; que emprenda, junto con las instituciones europeas, todas las iniciativas útiles a nivel diplomático para garantizar la continuación efectiva de la labor de más de cuarenta años de Abuelas; y que continúe la labor de apoyo para proteger a la comunidad italiana en la Argentina y a las asociaciones que operan en ese país en el campo de la investigación sobre la memoria.

La comitiva del Partido Demócrata que visitó la Casa por la Identidad la integraron, además de Provenzano, el diputado Fabio Porta, que integra la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Junta Electoral de la Cámara italiana; Eugenio Marino, coordinador nacional del Departamento de Relaciones Exteriores, de Europa y Cooperación Internacional del Partido Demócrata; y María Rosaria Barbato, licenciada en Derecho por la Universidad LUISS Guido Carli de Roma y consejera electa del Comité de los Italianos en el Exterior de Minas Gerais (COMITES MG), donde preside la Comisión de Asociacionismo. “Fue un encuentro muy cordial, quedaron muy sensibilizados e impactados con las fotos de las mujeres secuestradas embarazadas”, señaló Miguel Santucho, hermano del nieto restituido 133 y miembro de la comisión directiva de Abuelas. Entre los anfitriones estuvo también el nieto restituido Horacio Pietragalla, y la nieta Lorena Battistiol, que todavía busca a su hermano o hermana nacido/a en cautiverio.