El asesor de incapaces de Embarcación, José Cortez, cuestionó los términos estigmatizantes y discriminatorios usados por el Gobierno nacional en el anexo de la resolución 187/2025 para referirse a las personas con discapacidad con los términos “idiota”, “imbécil”, “débil mental” y “retardo mental”.

La polémica resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) buscaba establecer una escala médica para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva, cuyo valor a enero de este año es de 261 mil pesos. Las categorías que usaron fueron “Idiota”, “imbécil y “débil mental”.

Aunque la resolución es de enero de 2025, trascendió esta semana, “ha generado mucha controversia, mucho repudio, indignación en la sociedad, retornar al uso de estos términos que creo que la sociedad misma ha dejado en desuso, por lo menos en lo que respecta a la jurisdicción en la cual nosotros intervenimos como asesoría de menores incapaces”, dijo Cortez a Salta/12.

“Son términos que estigmatizan, que, obviamente, atacan la dignidad de las personas, todo el avance que venimos teniendo respecto a la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad", dijo el asesor. 

Cortez explicó que la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad busca “garantizar el derecho de la persona en primer lugar y después, obviamente de la discapacidad que padece, pero también resaltando la libertad y la igualdad”.

En base a ello, subrayó que “el Estado argentino está obligado a remover todos aquellos obstáculos que impidan el libre gozo de los derechos de estas personas con discapacidad, o sea, económicos y sociales". Y en este marco, la resolución “es un retroceso, y lo digo desde el punto de vista jurídico porque el Estado argentino ya se ha obligado a garantizar ciertos derechos que tienen que ver con la igualdad de las personas con discapacidad, y dentro de lo que se ha obligado también está esto, de no fijar estereotipos”, insistió.

Cortez valoró que pese a esta avanzada contra los derechos garantizadas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, hubo una respuesta social. Diversas organizaciones sociales pidieron al Ejecutivo que derogue la norma.

“Debo reconocer esta reacción que tuvo la opinión pública, porque son términos que están en desuso, por lo que entiendo que, de ninguna manera la sociedad va a retroceder a través de una resolución que va en contra de la norma jurídica internacional”, subrayó Cortez. En base a esto, consideró: “Tenemos la tranquilidad de saber que no se va a retroceder en el trato igualitario, humanitario y en el trato con dignidad que merecen las personas con discapacidad”.

A raíz de los cuestionamientos, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien firmó la resolución, anunció mediante la red social X que la van a modificar para adecuarse a “los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”. El funcionario dijo que desvinculó a las personas responsables de la redacción del documento. “Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, publicó.

Por otra parte, Cortez señaló que “es muy simple lo que le corresponde en este caso al Ejecutivo hacer para dejar sin efecto esta resolución” ya que debe “simplemente sacar otra resolución, sin hacer alusión o dejar sin efecto ésta, porque obviamente la ley posterior deroga la ley anterior”.

El asesor contó que en Embarcación hay muchas personas que tienen discapacidades, sobre todo cognitiva, y perciben las pensiones no contributivas. “Nosotros hemos tramitado muchas veces, muchas personas han accedido siendo ya mayores de 30 años, no tenían estos derechos y a través de las intervenciones que tuvimos, pudimos hacer garantizar el derecho”, indicó.

El Gobierno nacional ya ha anunciado que habrá recortes, sin embargo, lo que asignan es una cifra bastante baja para cubrir las necesidades de supervivencia y las especiales que pueda tener una persona con discapacidad.

“No termina cubriendo, esa es una realidad que tenemos nosotros, tanto no solo de las pensiones con discapacidad, sino también de muchos otros beneficios sociales que, en el caso nuestro, que también trabajamos e intervenimos en los derechos de los niños, siempre termina siendo insuficiente. Porque obviamente no llegan a cubrir todas las necesidades”, sostuvo el asesor. Mencionó además que en los casos de discapacidad hay “un plus de necesidad”. Asimismo, hizo referencia a la zona donde trabaja, donde hay “muchas necesidades económicas, sociales, culturales”.

“Nosotros, cuando tenemos los casos en los cuales intervenimos, siempre tratamos de que, aparte de lo que perciben por los beneficios sociales, de ver todo el ámbito familiar, social y de que se restablezcan todos los derechos vulnerados”, sostuvo.