El Banco Mundial suspendió un estudio  clave en Salinas Grandes

"La respuesta del Banco Mundial marcó un precedente clave para la protección de nuestras tierras y nuestra forma de vida", comunicaron por redes sociales las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. 

El posteo ocurrió la semana pasada, pocos días después de que se conociera la respuesta que les había enviado el organismo internacional en relación a sus reclamos por la cooperación técnica que autorizó brindar la entidad bancaria a las provincias de Salta y Jujuy en julio de 2024.

"Desde hace 15 años exigimos el cumplimiento de nuestro derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado", rememoraron en el mismo posteo, aunque ya en alusión a la acción de amparo que tramitan desde 2010 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Desde la década pasada esperan que el máximo tribunal resuelva su demanda, en momentos en que las empresas mineras comenzaban los trámites de exploración ante los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Esa legislación se encuentra vigente desde que Argentina ratificó el Convenio en 1992 y comenzó a ser aplicado desde 2001. "Este fue un gran avance", concluyeron las comunidades en el comunicado, "pero seguiremos alerta para que gobiernos y empresas también respeten nuestros derechos", aclararon.

En ese sentido, Verónica Chávez, integrante del colectivo y referente de la comunidad de Santuario de Tres Pozos, aseguró a Salta/12 que los pueblos Kolla y Atacama que vive en la cuenca están "más tranquilos con el resultado que nos dió el Banco Mundial". Agregó que pese a que algunas transnacionales mineras ya iniciaron la etapa de exploración bajo la superficie del humedal explorando litio principalmente, no pierden las esperanzas, "porque nuestros apus, ancestros y la Pacha Mama nos apoyan y acompañan con la energía que necesitamos". Esas empresas a las que aludía Chávez, son Dajin Resources, Tecpetrol y Pluspetrol, más Lition Energy.

La comunera expuso el viernes último el caso de la gestión del extractivismo minero por parte de los gobiernos provinciales sobre su espacio de vida ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que celebró su sexta sesión en Toronto. Desde Canadá la referenta aseguró a Salta/12 que la decisión del organismo internacional no hizo más que visibilizar "la trampa que pretendieron instalar los gobiernos provinciales cuando crearon la comisión interprovincial". Se referió así al órgano que autorizaron conformar los parlamentos de Salta y Jujuy en 2024, destinado al relevamiento de la información disponible sobre la hidrología, condiciones ambientales, culturales y sociales en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. 

Chávez remarcó que los Estados provinciales desplazaron la voz de las comunidades, cuando decidieron que en esa Comisión Interjurisdiccional fueran representados por funcionarios de cada Secretaría de Asuntos Indígenas. Sobre la intermediación solamente mencionó que "los gobiernos la decidieron sin el consentimiento" de las comunidades kolla y atacama de las dos provincias. 

La Comisión Interjurisdiccional se conformó para responder a un amparo ambiental que también tramitan esos pueblos indígenas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2019. En esa segunda demanda, comuneras y comuneras de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc solicitaron que el máximo tribunal decida quién realizaría un estudio pormenorizado sobre la disponibilidad de agua en el humedal altoandino, condiciones ambientales, sociales y culturales, para que esa información fuera el insumo base de futuros impactos ambientales acumulados. Las provincias se adelantaron a una posible decisión de la CSJN cuando sus parlamentos aprobaron la comisión y la participación del Banco Mundial.

Por su parte, Alicia Chalabe, abogada de las comunidades del humedal, opinó que con la respuesta de la institución crediticia se está "llegando al núcleo del problema, aunque sea (a través de) medios indirectos o internacionales". Para la abogada, la entidad crediticia expuso a los gobiernos y a las empresas que desconocen sistemáticamente como parte actora a las comunidades indígenas de la cuenca.

En ese sentido, subrayó que cuando la entidad sostuvo en su carta del 24 de febrero pasado que "tomó la decisión de suspender el relevamiento hasta que las partes involucradas encuentren una vía de diálogo, no hizo más que marcar que no se puede litigar sin una de las partes actoras fundamentales, que son justamente, todas las comunidades que habitan en la cuenca hídrica" que comparten Salta y Jujuy.

Chalabe precisó también que las mineras deben cumplir actualmente con una serie de requisitos ante la Unión Europea. En ese sentido, la respuesta del Banco Mundial a los pueblos kollas y atacamas jujeños y salteños marcó que las empresas deben cumplir con los protocolos vigentes sobre pueblos indígenas, antes de obtener o mantener el financiamiento internacional para sus proyectos extractivos. 

"En Europa están poniendo el foco sobre las empresas, para que cumplan con los protocolos de consulta indígena", insistió en relación a cómo obtienen las mineras la licencia social. Recordó además que el abogado jujeño Leonardo Crippa, de la ong Indian Law Resource Center, mencionó en un encuentro que se celebró en enero pasado en Salinas Grandes que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo poseen políticas específicas relacionadas con los pueblos indígenas. "Indian Law explicó que el BID ya menciona en sus documentos que los proyectos mineros que se instalen en zonas donde viven comunidades indígenas que ya tienen sus protocolos de consulta, deben aplicarlo antes de continuar con sus emprendimientos extractivos". 

El comunicado del Banco Mundial fue publicado por la entidad crediticia internacional el 24 de febrero pasado y llevó la firma de Javier Aguilar, especialista senior en minería, energía y proyectos extractivos para ese organismo de crédito. El documento recordó que si bien la institución aceptó realizar con los gobiernos de las dos provincias norteñas "una recopilación de toda la información pública existente sobre el balance hídrico de la cuenca", tras la misiva del colectivo indígena norteño "decidió suspender el estudio" porque entendió que era mejor "aguardar a que los gobiernos provinciales y las comunidades involucradas encuentren una vía de diálogo que permita construir consensos". 

Agregó que los recursos naturales disponibles en la cuenca deben ser gestionados "en beneficio de las comunidades que allí habitan". Al final de la entrevista con Salta/12, Alicia Chalabe razonó que "el Banco Mundial fijó posiciones porque las empresas y los gobiernos no podrán avanzar en una gestion integrada de cuenca sin las comunidades".

Por ese motivo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestó en su web que la decisión del BM ratificó que "la producción de información necesaria para tomar decisiones sobre el uso de un territorio debe hacerse garantizando la participación y consulta" de las comunidades de la cuenca salto jujeña. Además, esa información "debe formar parte de una discusión más amplia sobre las prioridades del desarrollo de las comunidades que allí habitan, y no estar únicamente dirigida a sostener y promover una actividad económica".

Otras voces del humedal

"Considero que es una medida acertada, porque de una u otra manera, los gobiernos provinciales se verán presionados a reconsiderar la forma en que ellos implementan la consulta libre previa e informada", opinó Liborio Flores, CPI del Pueblo Atacama, sobre la respuesta del Banco Mundial a sus demandas. 

"La medida podría beneficiar a las comunidades de la cuenca", continuó, "porque nos da indicios que podemos tener más posibilidades de diálogo con los Estados provinciales y empresas". En ese sentido, ponderó que el respeto a los derechos indígenas permitirá "trabajar sobre consensos, priorizando la preservación del medio ambiente para así lograr un desarrollo sostenible".

Clemente Flores, que preside la comunidad indígena El Angosto en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, aseguró: "La respuesta del Banco Mundial es una gran noticia para nosotros, considerando que venimos de un proceso de reforma de la Constitución provincial (jujeña), y de una represión por parte del Estado (jujeño) donde nuestros derechos fueron pisoteados y no nos escucharon". Aludía específicamente a junio de 2023 y meses posterores, periodo final en la gobernación de Jujuy de Gerardo Morales.

Y al igual que Verónica Chávez, Clemente Flores aseguró a este diario que la respuesta del organismo de crédito les "fortalece para seguir defendiendo nuestro territorio, especialmente el agua, que es para todos".