Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
