Con el despido de dos mil trabajadores de Capital Humano, el gobierno cerró áreas de gobierno enteras destinadas a implementar políticas de asistencia. Desarmó la subsecretaría de Políticas Sociales -que tramitaba ayudas para las familias pobres y también las de emergencia por razones de catástrofes- y cerró la de Economía Social, que tenía la función de acompañar el desarrollo de emprendimientos para los trabajadores de la economía popular, tanto productivos (textiles, centros de reciclado, producción de alimentos) como de cuidado (guarderías, jardines comunitarios, promotoras de género y de salud). Los despidos fueron tan masivos que dos edificios de Desarrollo -el 25 de mayo 606, sede de la secretaría de Economía Social y el de Moreno 711, la Dirección Nacional de Emergencias- quedaron vacíos, porque la totalidad de los trabajadores de esas sedes fueron echados, según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado.

Si se mira la cantidad de personas que perdieron su trabajo en las áreas de Desarrollo Social, la situación puede resumirse así: en el ministerio trabajaban 6700 personas cuando asumió Sandra Pettovelo en Capital Humano. Echó a 1800 trabajadores en 2023, y a otros 2000 ahora: el 56 por ciento del ministerio.

Otro modo de entender la importancia del tema es pensar en las políticas de asistencia que desaparecieron. El exministro Daniel Arroyo, que tuvo a su cargo el ministerio durante el gobierno del Frente de Todos, resume que quedaron en pie sólo dos: la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Es decir, los programas que se limitan a transferir dinero a sus beneficiarios y que requieren de muy poca gente para implementarlos.

“El Estado nacional deja de hacer asistencia directa, de auxiliar en la emergencia, de impulsar proyectos productivos”, explicó Arroyo consultado por este diario.

Esto implica un profundo cambio en las responsabilidades que el Estado nacional va a asumir ante los problemas ocasionados por la pobreza. Se limitará a la transferencia de fondos, que si bien es una forma de presencia, importante cuando se trata de asistir rápido o hacerlo con un criterio de universalidad, es una forma de estar presente muy limitada.

Los problemas que tenga la población caída en la indigencia, los inundados, los afectados por los incendios u otras catástrofes, los trabajadores informales no son considerados por Milei problemas del Estado nacional, que también deja de asumirse como un actor con la responsabilidad de modificar relaciones sociales. Todo el peso de esas tareas recaerá en los gobernadores y los intendentes. O que cada cual se arregle como pueda.

En los gremios aseguran que, tras los despidos masivos, la Casa Rosada va a hacer un cambio en la estructura de Capital Humano, eliminando por decreto muchas de sus áreas. El decreto aún no fue publicado, pero está circulando.

La reestructuración fue llevada adelante por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado (que fue habilitado para hacerlo con la Ley Bases) y la ministra Pettovello.

Su objetivo declarado es achicar el Estado, tal como propone el manual libertario como solución a todos los problemas. Pero también hay un segundo objetivo, el de eliminar todo tipo de organización social, de tejido comunitario, ya que La Libertad Avanza ve en ello un germen de resistencias a la imposición de su modelo económico.

Sturzenegger lo explicitó antes de asumir, cuando en un seminario organizado por la Universidad de Harvard aseguró que el gobierno de Milei tendría “una chance” de sostenerse sólo si “empobrece” a los “grupos de interés” (organizaciones sociales), “drenándoles recursos”.

También lo hizo Pettovello al inicio de su gestión, cuando se negó a recibir a las organizaciones sociales que pedían alimentos para los comedores comunitarios: “Así es como lo voy a hacer yo: ¿tiene hambre la gente? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Van a recibir ayuda individualmente”, les anticipó. Y eso es lo quedó hoy: la AUH y la Tarjeta Alimentar. Los titulares de planes sociales, a los que Capital Humano no podría quitarles de un saque la asistencia, son en los hechos un gasto residual, ya que el monto de los planes sociales fue desenganchado de los aumentos del salario mínimo y permanece congelado en 78 mil pesos: mes a mes se vuelve más insignificante. Los apoyos a los emprendimientos y a los espacios de cuidado que se sostenían con el Potenciar fueron cortados.

En otras palabras, la motosierra cortó tanto las ramas que daban asistencia a la población más pobre como las que alimentaban la articulación de políticas sociales entre el Estado y las organizaciones sociales en el territorio, en los barrios.

Ingrid Manfred, secretaria general de ATE Desarrollo Social, estimó que con los despidos “eliminaron el 60% de las áreas de asistencia social”

El organigrama que circula y que sería oficializado por decreto en las próximas horas muestra que en la Subsecretaria de Políticas Sociales sería cerrada la dirección de asistencia crítica (de ayudas urgentes) que se ocupaba, con asistentes sociales, de visitar a las familias y auxiliarlas en casos de necesidad extrema. Es la dependencia que años atrás daba asistencia con chapas y colchones cuando una familia atravesaba una emergencia y que en la pandemia pasó a convertir ese auxilio en ayudas monetarias.

El borrador de decreto que circula desaparece también la Dirección de emergencia, que actuaba en caso de catástrofes como inundaciones e incendios y la Dirección de asistencia institucional, que se ocupaba de dar subsidios a comedores y centros comunitarios.

Otras reparticiones donde por los despidos quedaron dotaciones mínimas fueron los depósitos de Villa Martelli y Tafí del Valle, donde Desarrollo Social guarda la mercadería para dar asistencia alimentaria. Son los famosos depósitos donde Pettovello dejó pudrir la comida cuando el país atravesaba una de sus más graves crisis alimentarias (recordemos que La Libertad Avanza inauguró su gestión con una devaluación, en diciembre de 2023, que generó una fuerte suba de los precios de la comida).

De esos depósitos echaron a cien trabajadores. “También fue desarmado todo lo territorial, como los centros de referencia que el ministerio tenía a lo largo del país, así como la Dirección Nacional de Adultos Mayores y la de Primera Infancia. Incluso también las áreas que hacían rendición de cuentas”, que ahora pasarían a estar centralizadas en Economía.