El conflicto sindical por el personal que cuida la actividad nocturna en boliches, fiestas y recitales, entre su organización histórica, el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) y la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), que desde hace 40 años encabeza el octogenario Ángel García, ahora amenaza con replicarse en el próximo Lollapalooza.

Los incidentes ocurridos en torno a la seguridad en los recitales de regreso de Los Piojos en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata tras quince años fuera de los escenarios, en diciembre pasado, fueron la primera señal de alarma. 

La productora de ese show, denominada Trescientos Producciones, quedó en medio de la disputa y estuvo a punto de suspender la seguidilla de recitales. Finalmente, cedió a las presiones y las empresas vinculadas a UPSRA se hicieron del contrato de 300 millones de pesos.

El siguiente hecho ocurrió en un baile del club "El Fortín" de Olavarría, a principio de mes. Una patota de UPSRA amenazó a los que hacían la seguridad, contratados por la empresa CMU, del empresario Lucas Martins, con que iban a "prender fuego el boliche si no se retiraban".

Pero los directivos del club, lejos de amedrentarse, hicieron la denuncia penal, que ahora tramita en la UFI Nro 10 de Azul. Detrás de ellos, fueron también a la comisaría los miembros de UPSRA, que intentaban hacerse del libro del club, donde un acta explicaba los sucesos de esa noche.

Disconformes con el resultado del apriete, los representantes de UPSRA se presentaron en el municipio al siguiente día hábil, con un modus operandi muy similar, a la vista de todos los empleados municipales, ya que la potestad de habilitar o clausurar locales nocturnos es exclusivamente municipal. La causa ya tiene una decena de testigos y los denunciantes ya obtuvieron una perimetral que impide el acercamiento de los integrantes de UPSRA. 

Pero la preocupación de los empresarios de la actividad nocturna se traslada ahora a San Isidro, por lo que pueda ocurrir en el festival Lollapalooza, a cargo de la sociedad anónima unipersonal DF Festival, propiedad del empresario Demián Cossa. 

El mismo está programado para el fin de semana del 21 al 23 de marzo próximos, en el hipódromo de esa localidad del norte del conurbano. Se trata del evento musical más masivo de toda la provincia y, en consecuencia, del operativo de seguridad más grande, aunque todavía no trascendió el monto del contrato.   

Quién es quién

El nombre clave para entender el conflicto es el de Alejandro Capalbo, un ex dirigente de SUTCAPRA que integró la comisión directiva en calidad de secretario gremial hasta 2013. Ese año fue expulsado de la organización, por acusaciones de extorsión. Capalbo apretaba a los propietarios de los locales para imponer empresas de seguridad de su propio entorno.

Capalbo estuvo fuera del radar del universo sindical hasta que aproximadamente un año y medio atrás,  reapareció en distintos boliches nocturnos, atribuyéndose la representación sindical de UPSRA e intentando realizar inspecciones y controles en los que "invitaba" a los trabajadores a pasarse a UPSRA y a los empresarios a contratar otras empresas. 

Al principio, su intento fue puro cuentapropismo: en enero de 2024 la web oficial de UPSRA publicó un comunicado desmintiendo la representación de Capalbo. Meses después, cuando UPSRA se encaminaba a la elección de diciembre, en la que finalmente fue reelecto García, este hizo una serie de acuerdos para mejorar su posición. 

Capalbo, que ahora reporta a Miguel Tobar, hermano del líder de la UOCRA platense, fue uno de ellos. Tobar fue nombrado por Ángel García "delegado normalizador" del área de actividades nocturnas en toda la provincia de Buenos Aires y, a su vez, le transfirió esa responsabilidad a Capalbo. 

Este realizó declaraciones periodísticas según las cuales "los trabajadores quieren pasarse a nuestro convenio porque paga mejor" e intentó presentarlo como un conflicto de encuadre, lo que fue respondido y desmentido desde SUTCAPRA con diversos argumentos. 

"Son dos actividades totalmente distintas, ni siquiera hay una zona gris, como ocurre en los verdaderos conflictos de encuadre. Esto es una intromisión violenta en una actividad ajena. Una cosa son los vigiladores y otra el personal de control de admisión y permanencia. Los nuestros tienen que hacer cursos muy específicos. Y nosotros trabajamos codo a codo con los municipios para contener y evitar situaciones complejas".

Como parte de su estrategia, el SUTCARA solicitó ante la secretaría de Trabajo de la nación un Certificado de Agrupe y lo presentó ante el ministro provincial Walter Correa. Dicho certificado es una forma de acreditar el legítimo reconocimiento a una organización sindical en determinada rama de actividad. 

UPSRA es una entidad de alcance nacional, que estuvo intervenida en más de una ocasión, la última durante el macrismo. SUTCAPRA nació en la provincia de Buenos Aires, ya logró construir delegaciones en distintas provincias y trabaja en la conformación de una mesa nacional.

También en Estudiantes

En julio del año pasado, tras quince años de relación comercial con la empresa de seguridad ROAD, el club Estudiantes de La Plata decidió remplazarla por otra firma, "Control, Admisión y Permanencia"(CAP), vinculada a Capalbo.

Pero la contratación duró apenas un par de partidos y el club debió, más temprano que tarde, recurrir nuevamente a su anterior proveedor. Ocurre que la empresa, que no contaba con la habilitación necesaria para operar, intentó hacer pasar como propia la de una empresa casi homónima: "Control de Admisión y Permanencia", cuya clave única de identificación tributaria (CUIT) se encuentra inhabilitada. 

Mucho antes, en 2014, intentó imponer esa misma empresa como proveedor de la facultad de Filosofía de la UBA. Como resultado, terminó procesado. En aquel entonces, la causa  47025/14 quedó radicada en el Juzgado Correccional Nro 12.