Los números oficiales del Banco Nación desmienten la narrativa gubernamental acerca de la falta de eficiencia de su estructura de sucursales, como excusa para pasarle la motosierra.
Buenos Aires/12 accedió a documentación interna del mayor banco público del país, según la cual menos del cinco por ciento del total opera por debajo de su punto de equilibrio. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje cae drásticamente por debajo del uno.
De las más de 220 sucursales que el Banco Nación posee en territorio bonaerense, apenas una en el conurbano norte y otra en la zona centro, operan por debajo de su punto de equilibrio. Aún así, sus pérdidas se compensan si se incorpora el balance social.
Aunque en esos grandes números la incidencia de la tasas municipales es ínfima, se trata de otra de las amenazas que esgrime la administración del banco para justificar los últimos movimientos que parecen acomodar el campo para eventuales cierres. Según se advierte en el documento oficial, los municipios con alícuotas más altas son La Matanza (7,5), Marcos Paz (6,3), La Plata (4,7), Campana (4,6), San Nicolás (4,1), Quilmes (3,9), Moreno (3,7) y Vicente López (3,5).
En esa lista hay varios municipios gobernados por Unión por la Patria, pero también por el PRO ritondista (Campana), el PRO jorgemacrista (Vicente López) y por un clan de alianzas muy dinámicas (los Passaglia, en San Nicolás), lo que advierte que un eventual avance de la motosierra podría sumar conflicto a la convivencia libertaria con sus socios de ocasión.
De acuerdo a un documento recientemente elaborado, son sólo 29 sobre un universo de 721 las sucursales del BNA que no ganaron dinero durante el último ejercicio. Tres de ellas se ubican geográficamente en la provincia de Corrientes, dos en Córdoba y dos en territorio bonaerense. La particularidad es San Luis, que encabeza el listado con once, pero allí rige otro convenio entre el banco y la provincia, por lo que existe una manera alternativa de leer el balance.
En cualquier caso, aún aceptando como válido el criterio de la administración del presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el presidente del banco, Daniel Tillard, falta un criterio que justifique el cierre de las otras 51 sucursales, ya que el objetivo manifiesto es cerrar 80. Para eso habría que dar de baja algunas muy rentables, generando así un beneficio a los bancos privados que las circundan, que se nutrirían de los negocios que el BNA abandone.
El BNA posee la mayor red de sucursales bancarias del país, cuya ubicación no obedece a criterios estrictamente comerciales. Por un lado, el banco tiene establecido por estatuto un rol social, como dinamizador del ahorro, el crédito y la actividad económica. Pero, a la vez, algunas sucursales se sumaron en el marco de procesos de adquisición de otras firmas.
Si se realiza un promedio, el banco ganó más de 1.800 millones de pesos por sucursal y 101 millones por empleado durante el ejercicio pasado. Esos números lo colocan en el top ten de los más rentables y competitivos del país.
La sociedad anónima en stand by
La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar al pedido de una medida cautelar para frenar el decreto del presidente Milei que convertía al Banco Nación en una Sociedad Anónima.
El fallo considera que el decreto sobre la entidad es probablemente "un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados" y recuerda que el Banco Nación fue excluido explícitamente en la Ley Bases del listado de empresas plausibles de privatización.
"Celebramos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla del Juzgado Federal de La Plata quien acaba de suspender el decreto Nro 116/25 que transformaba el Banco Nación en Sociedad Anónima", reaccionó el titular del gremio de los bancarios, diputado nacional Sergio Palazzo.
El anuncio fue uno de los tantos intentos, por parte del presidente, de correr del centro de la agenda pública las consecuencias de la criptoestafa $LIBRA, que tiene al jefe de estado como principal protagonista y desde hace dos semanas ocupa las tapas de los principales medios del mundo.
Antes de eso, Tillard anunció el cierre de la sucursal de Ramos Mejía, partido de La Matanza. Se trata de una sucursal altamente rentable, que ocupa un edificio importante, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, sobre avenida Rivadavia, donde trabajan 30 personas, tras lo cual la cartera de clientes se mudaría a la sucursal más cercana, Ciudadela, ubicada en Tres de Febrero.
El intendente de ese partido, Diego Valenzuela, que comenzó su militancia en el Frente Renovador de Sergio Massa, acaba de formalizar su pase del PRO hacia La Libertad Avanza. Su gestión se verá beneficiada con el crecimiento de la actividad en el banco, mientras que los principales perjudicados serían los vecinos de La Matanza, distrito que gobierna Fernando Espinoza. Para el sindicato, se trata de "el regalo de bienvenida que La Libertad Avanza le hace a Valenzuela".
