![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-12/carlos-noriega.png?itok=ydf6yqlG)
Desde Lima
Después de más de dos años de haber sido destituido de la presidencia y encarcelado, este martes se inició el juicio a Pedro Castillo por el delito de rebelión. Se le imputa este cargo por haber anunciado en un discurso el cierre del Congreso sin tener la atribución constitucional para hacerlo. Ese fallido intento precipitó la caída de su gobierno. La Fiscalía también acusa a Castillo por abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por este mismo hecho y pide 34 años de prisión. El juicio se lleva a cabo en una sala judicial instalada en el mismo cuartel policial de las afueras de Lima en el que se ubica el penal para expresidentes en el que Castillo está detenido.
Junto con Castillo, también son procesados por rebelión Betssy Chávez, nombrada jefa del gabinete ministerial días antes de ese frustrado intento de cerrar el Congreso, quien se encuentra en prisión preventiva y fue trasladada desde el penal para esta audiencia judicial; Willy Huerta, que era ministro del Interior; Aníbal Torres, que fue jefe del gabinete ministerial hasta su reemplazo por Chávez y después asesor presidencial; y tres exoficiales de la policía. La Fiscalía pide 15 años para Torres y 25 años para los otros.
Castillo ingresó a la sala judicial acompañado por un policía. Se sentó en la primera fila, solo. No tenía abogado. Cuando le tocó hablar cuestionó la imparcialidad del tribunal de la Corte Suprema, formado por tres magistrados, y recordó que se había rechazado su recusación a una jueza por haber adelantado su opinión en su contra en un proceso previo de prisión preventiva. Aclaró que había decidido prescindir de un abogado porque “no hay razón para venir con un abogado” a un juicio que calificó como “una pantomima”. Señaló que rechazaba se le asigne un defensor de oficio, pero el tribunal respondió que era obligación que tenga uno y ordenó a un abogado que designó en ese momento que se sentara al lado de exmandatario. Castillo pudo hablar solamente un tiempo muy breve. Dijo que sus coacusados no habían tenido ninguna participación en su decisión de dar un discurso de cierre del Congreso, que su detención es “un secuestro” y que la acusación en su contra es “ilegal e inconstitucional”. “Jamás he cometido el delito de rebelión. Lo único que hice fue trasladar el deseo del pueblo (el cierre del Congreso) a través de un discurso político…”. No pudo hablar más, fue cortado por el tribunal.
Los jueces negaron que sea leído un escrito que el expresidente había enviado el lunes al tribunal. El documento fue publicado en la cuenta de la red X de Castillo. Denuncia que enfrenta un “ajusticiamiento político” con un “macabro guion de condena anunciada, muy propio del derecho penal del enemigo”. “No me someteré a este juicio indignante, no tengo miedo a mis verdugos ni a su condena, contraria al derecho y a la justicia”, escribió en ese documento, en el que dice que su anuncio de cierre del Congreso fue “un discurso político” en respuesta “al permanente sabotaje y conspiración política de la extrema derecha y sus aliados en el Congreso” y no un delito. “Con justa razón me rehúso a participar en este juicio político con apariencia de juicio jurídico”, dice en el escrito dirigido al tribunal.
En diálogo con PáginaI12, el abogado argentino Guido Croxatto, encargado de la defensa internacional de Castillo junto al jurista Eugenio Zaffaroni, afirmó que no hay garantías para un juicio justo e imparcial. “Es un juicio con una decisión política ya tomada. Si el Poder Judicial peruano actuara con imparcialidad e independencia, Castillo no podría ser condenado porque no se configura el delito de rebelión. Pero no tengo ninguna duda que lo quieren condenar”.
El 7 de diciembre de 2022, acorralado por una mayoritaria oposición parlamentaria controlada por la derecha y ultraderecha, que maniobraba sin pausa para destituirlo desde que asumió la presidencia en julio de 2021, debilitado por esos ataques y por deficiencias de su gestión y escándalos de corrupción de miembros del gobierno, Castillo apareció sorpresivamente en un mensaje televisado anunciando el cierre del Congreso. Sus ministros, sorprendidos con el anuncio, comenzaron a renunciar apenas terminó su mensaje televisado, todas las instituciones rechazaron de inmediato esa medida, los militares y policías no lo siguieron. Se quedó solo. El anuncio de cerrar el Congreso quedó en un mensaje. Sin respaldo, abandonó Palacio de Gobierno con su esposa y sus dos hijos rumbo a la embajada de México, pero en el camino fue detenido por su escolta policial. De inmediata vino su destitución exprés en el Congreso y fue enviado a prisión.
Al presentar la acusación ante el tribunal, la fiscal Galinka Meza expresó que este juicio “no tiene precedentes en la historia del Perú”. Sustentó su acusación asegurando que hubo un plan golpista planificado por Castillo y sus coacusados. Pero los hechos dejan ver más bien mucha improvisación, poca o ninguna planificación, en ese discurso anunciando el cierre del Congreso.
En la estrategia de defensa del expresidente peruano, el jurista argentino Zaffaroni argumenta que no hay delito de rebelión porque no se cumplió el requisito de un levantamiento en armas, necesario para tipificar este delito según el Código Penal peruano. Señala que solamente hubo un discurso. Sobre un posible delito de tentativa de rebelión al haber fracasado el anuncio de cierre del Congreso por ausencia de respaldo, precisa que fue una tentativa inidónea porque no tenía posibilidades de éxito, nadie obedeció a Castillo, y al ser una tentativa inidónea no es punible según las leyes peruanas.
En una segunda línea de la defensa, constitucional y procesal, elaborada por el abogado Croxatto, se argumenta que el proceso contra Castillo es ilegal desde su destitución. “Castillo fue destituido violando la Constitución y detenido en forma ilegal sin que se le haya levantado la inmunidad. No fue sometido a un juicio político como establece la Constitución. Fue destituido por incapacidad moral sin que se cumplan las normas establecidas para ese procedimiento. Castillo debe ser repuesto en el cargo y entonces sometido a un juicio político en el Congreso conforme al proceso de acusación constitucional. Si en ese juicio es destituido, en ese momento puede ser sometido a un juicio penal. Sostienen el delito de rebelión que no existe para justificar su destitución y tenerlo preso. Ponen los otros delitos, de perturbación del orden público y abuso de autoridad, como una alternativa por si la Corte Suprema hace bien su trabajo y descarta el delito de rebelión. Pero si se cae el delito de rebelión, que es el principal, los otros dos no se sostienen”, afirma Croxatto.
Si Castillo es condenado por la Corte Suprema, sus abogados Zaffaroni y Croxatto demandarán su inocencia en los fueros internacionales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se reunió hace unos días con Croxatto, quien le llevó una carta de Castillo, ha dicho que la defensa del expresidente peruano es “una causa justa”. Al iniciarse el juicio a Castillo, el presidente colombiano Gustavo Petro escribió en la red X: “Este juicio a un presidente de la república es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la democracia”.
“México, Colombia y Honduras -indica Croxatto- son los gobiernos más firmes en el respaldo a Castillo. Guatemala, Bolivia, Brasil y Chile también apoyan. Tanto Lula como Boric reconocen que fue un error haberse acercado inicialmente a Boluarte y ahora tienen claro que la destitución de Castillo fue injusta. Está creciendo el apoyo internacional a Castillo”.
