Alineados con el pedido del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, los libertarios y el macrismo apuran el debate en la Cámara de Diputados sobre la baja de edad para la imputabilidad de menores a partir de los 13 años. “Un tema clave que debemos priorizar es la imputabilidad. Es fundamental bajar la edad para que aquellos que cometen crímenes graves, independientemente de su edad, enfrenten las consecuencias de sus actos”, expresó la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), que preside la comisión de Legislación Penal y confirmó que convocará a retomar la discusión del Régimen Penal Juvenil que promueven los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, el próximo miércoles 12, en conjunto con las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Aunque el oficialismo y sus aliados deberán enfrentar la resistencia que el proyecto de la Casa Rosada desata en los bloques de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT), más los cuestionamientos que bloques dialoguistas como la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) plantearon sobre el texto de la iniciativa, así como el rechazo de la Iglesia Católica.
“Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”, afirmó Milei ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. Allí, el jefe de Estado volvió a cargar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por los problemas de inseguridad y le pidió que “de un paso al costado” para que el Gobierno nacional se haga cargo de la provincia de Buenos Aires. Una estrategia trazada desde la Casa Rosada de utilizar el caso de la niña de siete años Kim Gómez, brutalmente asesinada en la ciudad de La Plata en un hecho que involucra a dos menores de 14 y 17 años de edad, para intentar desplazar de la agenda informativa el escándalo internacional de la estafa del criptogate de $LIBRA que golpea y complica legalmente al propio Presidente y a su entorno más íntimo.
En línea con los deseos presidenciales, Rodríguez Machado apura ahora el tratamiento del proyecto. “No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo Régimen Penal Juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello”, insistió la diputada macrista en declaraciones periodísticas.
El texto del proyecto que el Poder Ejecutivo que envió al Parlamento en julio de 2024 propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Para casos graves establece una pena máxima de 20 años y posteriores medidas alternativas dispuestas por el tribunal; mientras que las penas van desde los 3 a 6 años “para casos donde no haya víctimas fatales, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”. Otros 12 proyectos presentados por diferentes bloques también formarán parte del debate.
Tampoco será una tarea sencilla para los libertarios y sus aliados conseguir un dictamen de mayoría a favor del proyecto del Gobierno que elaboraron Bullrich y Cúneo Libarona. El plenario convocado para el próximo miércoles reúne a cuatro comisiones que integran 113 diputados, poco menos de la mitad del total de los miembros de la Cámara Baja y que totalizan 142 firmas, ya que algunos de ellos integran más de una comisión. Para asegurarse el dictamen mayoritario, el oficialismo debería aglutinar 72 firmas, un número difícil de alcanzar ante el rechazo mayoritario dentro de UxP.
Como primera minoría en la Cámara baja, UxP es la bancada con mayor cantidad de representantes en las comisiones que integran el plenario y se opone en su gran mayoría bajar la edad de imputabilidad, además de repudiar la propuesta de Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires por los recientes hechos de inseguridad. De todas maneras, el bloque de UxP se reunirá esta semana para unificar las posturas que llevarán el debate del plenario.
El gobierno defendió su proyecto durante las sesiones informativas que realizó la comisión de Legislación Penal a través de funcionarios de segunda línea de los ministerios de Seguridad y Justicia, aunque no concurrieron sus promotores Bullrich y Cúneo Libarona. “Con este proyecto de Bullrich, un joven de 13 años puede ser arrestado, tener una causa penal o quedar estigmatizado para toda la vida por resistencia a la autoridad. Un joven de 13 años que por su rebeldía le conteste a un policía. Se van a llenar de causas los juzgados; causas mínimas por delitos menores, porque pretenden aplicar a todos los menores el Código Penal”, lamentó la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UxP) durante el debate. Su compañero de bancada, Matías Molle, remarcó que la creación de fueros o juzgados especiales para los menores no está garantizada en la iniciativa oficial, y consultó de qué recursos se dispondrá y cómo harán para poner en marcha el nuevo sistema penal en solo 180 días.
El radical correntino Manuel Aguirre, autor de uno de los numerosos proyectos, propuso fijar la edad en 14 años y realizar un “estudio psicológico previo” para determinar “si el chico tenia madurez mental para comprender lo que está haciendo”. Además de sugerir que el nuevo Régimen Penal Juvenil se financie con los fondos que se le otorgaron en carácter secreto a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Christian Castillo (FIT-PTS) remarcó que el proyecto “viola groseramente el principio de no regresividad de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que no se puede bajar más la edad para ser punibles” y reveló que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió a los diputados correos electrónicos donde plantean una “oposición enfática” al proyecto.
En agosto del año pasado, la CEA emitió un comunicado en contra del proyecto bajo el título de “No encerremos la esperanza”. “Necesitamos a los jóvenes pero no presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución. Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, agrega el texto de la Iglesia católica.
