El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, consideró ayer que la designación en “comisión” y por decreto presidencial de dos miembros del máximo tribunal de justicia del país “es ilegal” por lo que, enfatizó, “estamos asistiendo al funeral de la democracia”. 

“Es un poco abrirle la puerta al infierno, porque con este precedente podría cubrir la totalidad de las vacancias de la justicia federal”, abundó el ex decano de la Facultad de Derecho de Rosario, para quien es necesario que ante la gravedad institucional del asunto, se pronuncien quienes están "en alguna medida vinculados a la cuestión de lo que es el funcionamiento de los poderes judiciales”.

Erbetta dijo a Rosario/12 que la designación de Manuel García Mansilla -quien ya juró ante el tribunal- y Ariel Lijo como miembros de la Corte Suprema de Justicia nacional por decreto del presidente, Javier Milei, “no es el mecanismo que prevé la Constitución”.

“Es ilegal”

“Es un mecanismo ilegal. La Constitución, y más después de la reforma de 1994, apunta a fortalecer las bases del funcionamiento de un sistema republicano, que se basa en la división de podres y en la independencia de esos poderes, particularmente el Judicial”, sostuvo.

El juez de la Corte santafesina recordó que “el único inciso del artículo 99” de la Constitución nacional que “refiere a los nombramientos de jueces” es el cuarto, y que marca “la necesidad de enormes consensos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar lo que podría ser un favoritismo presidencial, y salvaguardar intereses superiores y no subordinados”. Por eso establece que el presidente nombra a los jueces de la Corte, pero con “acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes”. Es decir, una mayoría especial.

También puntualizó que, además de la reforma constitucional de 1994, el decreto 222 de 2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, estableció mayores exigencias para la designación de ministros en el más alto tribunal. Por ejemplo, “para evitar que una persona que tiene deudas con la Afip sea ministro de la Corte”, añadió.

Erbetta consideró en diálogo con este diario que “ningún alumno ni profesor de Derechos Constitucional podría sostener que un juez de la Corte podría ser nombrado en comisión y por decreto”, como el presiente Milei hizo con Lijo y García Mansilla.

Para ello, el jefe de Estado apeló al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que establece entre las facultades que la carta magna otorga al presidente la de “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

“El inciso 19 que se invoca -dijo Erbetta- está a quince incisos del cuarto (lo que dificulta la idea de continuidad) y responde a cubrir vacantes de empleos públicos que dependen del Ejecutivo cuando se produce durante el receso del Congreso. Es para embajadores plenipotenciarios, altos jefes militares, agentes consulares”.

Para el ministro de la Corte santafesina, “sería una torpeza jurídica pretender reducir a la máxima autoridad, la cabeza de uno de los podres del Estado, a la condición de empleado público del Poder Ejecutivo”. Además, resaltó que “el decreto se firma a pocos días del comienzo de las sesiones ordinarias” del Senado, lo que agrava el contrasentido.

Náufragos

“Alberdi decía que la Constitución es la carta navegación de los argentinos”, recordó Erbetta en relación a uno de los próceres más citados por el presidente Milei, pero “parece que estuviéramos naufragando”, añadió.

También argumentó que la designación de jueces de la Corte por el mecanismo escogido por el Gobierno nacional “atenta contra la condición de juez natural”. “La cuestión -agregó- va a ser con las sentencias de una Corte así integrada, ¿cuál es la validez de sus resoluciones por la carencia de legitimidad de origen?”.

El integrante del máximo tribunal provincial dijo que ve “una situación de degradación institucional muy grande”, y en esa línea recordó la utilización de “decretos de necesidad y urgencia” por parte del Ejecutivo. 

“Estamos frente a un momento de una profunda debilidad institucional, todos tenemos que asumir un poco la responsabilidad para recomponer la situación”, señaló Erbetta, para quien “los que estamos en alguna medida vinculados a la cuestión de lo que es el funcionamiento de los poderes judiciales debemos pronunciarnos”. Llamó la atención del Consejo de Decanos de Facultades de Derecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, los colegios y asociaciones de magistrados.