Dentro del catálogo de desastres a los cuales nos somete la política nacional en su conjunto (por acción u omisión) y el gobierno nacional en particular (lamentablemente por acción), nuestra comunidad tiene que volver a escuchar las irracionales, desinformadas o directamente mal intencionadas ofertas de los jinetes del punitivismo para “solucionar” los graves y destructivos problemas de inseguridad.

La medicina ya aprendió que si a una enfermedad grave se la diagnostica mal, no se escucha a quienes han estudiado el problema y, como consecuencia, se aplica cualquier tratamiento disparatado, lo único que puede evitar la muerte es el azar (al que ningún matemático sometería su futuro) o un milagro (de menor efecto tranquilizador en los no creyentes).

Sin embargo un grave problema como es el de la inseguridad ciudadana, particularmente en las grades urbes, ha invitado a cualquier entusiasta a decir cualquier cosa por más indemostrable y desprovista de criterio que fuere.

Todo ello tendría un impacto menor si no fuera cuidadosamente difundido por los grupos empresarios que para favorecer sus negocios además tienen medios de comunicación (y a veces “periodistas” o algo parecido).

Como era de imaginar por el menos aventurado nada de lo que se ofrece y pronostica a los gritos es nuevo. Se trata de lo de siempre. Por un lado el problema de la inseguridad tiene una complejidad en su entidad comunitaria que desalienta a dar respuestas serias en los austeros formatos de las redes sociales. El diagnóstico es complejo y una política pública debe separar efectos inmediatos, de aquellos que necesariamente deben ser estimados como de mediano y largo plazo.

La inseguridad ciudadana no se encuentra desconectada de otras políticas públicas que sería arriesgado decir que en los últimos años han recibido tratamiento exitoso como ser la educación comunitaria, las políticas sanitarias, el desarrollo económico, los modelos urbanísticos y los sistemas judiciales, por mencionar sólo unos pocos sectores del Estado.

Por ello un plan de seguridad requiere articulación con todo el Estado, no sólo con la parlamentaria y normalmente superficial medición de penas en el Código Penal.

Pero no es éste el lugar para una propuesta ni seria ni poco seria (al estilo gubernamental) de seguridad, sólo se pretende dar un argumento, comprensible por todos (salvo para los que tienen, en nomenclatura penal, “ignorancia deliberada”, “ceguera ante los hechos” o “ignorantia crasa”), para demostrar que cantidad de pena aplicable al delito y nivel de seguridad ciudadana tienen tanta cercanía como los que proponen esta relación y algún centro de estudios (de cualquier jerarquía).

Veamos este simple cálculo normalmente aplicable a cualquier centro urbano: de 100 delitos cometidos en la vida real debemos estimar (de acuerdo a serias investigaciones a partir de encuestas de victimización muy comunes y accesibles en la criminología) que son conocidos por ingresar al sistema de tramitación policial y luego judicial (entre el 40 y el 50 por ciento del número total de delitos. Es decir: de 100 delitos cometidos son conocidos y tramitados en instancia policial, y luego por jueces y fiscales, sólo 50, que son los que inician el largo y tortuoso devenir procesal.

Ahora bien, nadie debe creer que esos 50 casos son aquellos que reciben alguna sanción estatal. En verdad de ese universo inicialmente ingresado al sistema judicial sólo un pequeño porcentaje llega a la instancia final de un juicio oral. Aquí las estadísticas si bien son más precisas varían de país en país pero, en todo caso, ni siquiera los mas optimistas cultores de la eficacia judicial se animan a superar el 10 % como cifra que refleja la cantidad de casos que llegan a la etapa final del proceso.

Llegados hasta aquí hay que decir que nos quedan, de los 100 iniciales, 5 casos sobre los que aplicar nuestra grandilocuente política pública punitivista. El apresurarse siempre lleva a errores. Me acabo de dar cuenta que ni siquiera son esos 5 casos, ya que seguramente, de ese mini universo, hay algunos casos que serán absueltos (las estadísticas dirán al estudioso que cerca de la mitad tendrán noticias absolutorias). Es decir, de 100 casos por delitos cometidos, la pomposa propuesta punitivista sugiere solucionar el problema de la inseguridad aumentando la pena, en 2,5 casos, a sujetos que ya habían sido identificados, procesados, juzgados, encontrados culpables y que iban a recibir (con este presidente o con otro) una pena que ahora será simplemente aumentada.

Incluso un no-especialista en cripto-monedas puede advertir que el problema de la inseguridad no pasa por aumentar la reacción penal en ese minúsculo universo de 2,5/100 casos, sino, evidentemente, por desarrollar una política pública integral, seria, comprometida, estudiada para el 95 % de casos que no son juzgados o el 50 de casos que permanece en la llamada cifra negra del delito.

Pero claro, las propuestas punitivistas no requieren ningún esfuerzo y construyen empatías fraudulentas con las víctimas.

Para ejecutar esta mentira demagógica alcanza con funcionarios irresponsables, legisladores incompetentes, y pseudo periodistas sin ninguna moral: los jinetes de la anarco- demagogia. 


El autor es Doctor en Derecho (UBA). Ex Fiscal General. Profesor titular de derecho penal y procesal penal (UBA)