La reforma constitucional aprobada en México que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y garantiza la protección del maíz nativo, generó un amplio debate en los sectores del campo en América Latina que proponen otra forma de pensar la productividad de la tierra.
El gobierno mexicano, respaldado por movimientos sociales y organizaciones civiles, tomó esta decisión luego de evaluar los efectos adversos para el sector rural del Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte, vigente desde hace más de 20 años.
Durante este periodo, la apertura comercial profundizó la brecha en el desarrollo del sector, limitando a los campesinos mexicanos a ser solo mano de obra barata con escaso acceso a tecnología, mientras que Estados Unidos y Canadá intercambiaban innovaciones y garantizaban salarios más elevados. Como resultado, México mantuvo la tasa de crecimiento más baja entre los tres países, con una disparidad económica y tecnológica para el sector rural en constante expansión frente a sus socios comerciales.
La decisión política del gobierno mexicano de prohibir el maíz transgénico para consumo humano fortaleció el debate sobre la viabilidad económica de modelos de producción agrícola alternativos al del agronegocio. En Latinoamérica, la agricultura familiar es un sector clave para la economía regional.
Estudios realizados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el organismo especializado de la ONU, señalan que agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe y provee hasta el 67% del total de la producción alimentaria. Además ocupa en algunos países más del 65% de la superficie agropecuaria y genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola.
Agricultura familiar
A pesar de que representan entre el 65% y el 85% del total de unidades productivas en países como Brasil, Argentina y México, la agricultura familiar ocupa menos del 20% de las tierras agrícolas. La concentración de la tierra sigue siendo un problema estructural que limita el acceso a mayores niveles de producción y competitividad. No obstante, la productividad aumentó un 30% en la última década, gracias a innovaciones tecnológicas y mejores prácticas agrícolas. Se estima que en los últimos cinco años, la inversión en infraestructura y asistencia técnica permitió un crecimiento del 25% en la rentabilidad de pequeños productores.
En Argentina, la creciente concentración de tierras por intermedio de la expansión de la frontera agrícola generó deforestación y degradación productiva de suelos. Según el último Censo Nacional Agropecuario, el 1% de las explotaciones más grandes controla el 36% de la superficie agrícola total, mientras que el 55% de las explotaciones más pequeñas solo accede al 2% de la tierra. Esta tendencia provocó un desplazamiento progresivo de los agricultores familiares, quienes ven limitadas sus oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Según un informe realizado por el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el plan agroecológico se posiciona como una alternativa sostenible y rentable dentro del sector agrícola, ofreciendo una productividad igual o superior a la convencional, con una diferencia que supera el 20% a partir del segundo año. Además, permite reducir los costos de producción en un 80% y mejorar significativamente los ingresos de los productores, quienes, gracias a la venta directa y el uso de redes de comercialización, pueden ganar hasta un 100% más que en el sistema tradicional.
Por otro lado, el acceso al crédito es un factor desigual con relación al que obtienen los sectores concentrados y transnacionalizados, ya que solo el 10% de los proyectos de desarrollo rural y sostenibilidad agrícola acceden a financiamiento formal, lo que restringe su capacidad de inversión en maquinaria, semillas y tecnología.
El desarrollo de la agricultura familiar en América Latina dependerá en gran medida del fortalecimiento de su acceso a mercados y financiamiento. Actualmente, el 70% de la producción de estos agricultores es comercializada en mercados locales, lo que limita su expansión y generación de mayores ingresos. El desarrollo de cadenas de valor más eficientes y el acceso a mercados de exportación podrían incrementar los ingresos en un 40% en los próximos diez años.
La experiencia mexicana demuestra que es fundamental la articulación de movimientos sociales, universidades, sociedad civil y actores políticos para defender el campo y garantizar la soberanía alimentaria. El futuro de la agricultura familiar en Latinoamérica dependerá de políticas económicas sólidas, acceso a financiamiento y mayor integración en mercados globales. La inversión en este sector no solo garantizará la seguridad alimentaria, sino que también impulsará el crecimiento económico sostenible en la región.
*Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
