Juristas de todo el país repudiaron la pretensión del presidente Javier Milei de avasallar derechos y garantías individuales en nombre de la supuesta lucha contra la inseguridad, postura que reiteró ante la Asamblea Legislativa, y rechazaron las injurias contra el exjuez Raúl Zaffaroni como exponente emblemático del derecho penal de garantías. “El límite para el derecho penal es la Constitución”, se titula el documento que firmaron académicos, jueces y fiscales para quienes “no puede dejarse sin respuesta toda esta instalación del pensamiento mágico y meramente emocional”, que busca “crear un enemigo” a quien cargar culpas para eludir las propias responsabilidades. “En un Estado de derecho, el garantismo penal no es una opción, es una obligación”, recordó por su parte la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), y aclaró que “contrariamente a lo que se pretende instalar en la sociedad, el garantismo no es sinónimo de abolicionismo penal, ni de impunidad”.
“Tenemos un sistema judicial y un Código Penal repleto de grietas por las que se coló el virus del antipunitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso”, lanzó Milei en el Congreso. Apuntó al gobernador Axel Kicillof al afirmar que “mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la Provincia”.
Zaffaroni no sólo está en la mira del gobierno por sus posturas garantistas. Dos días antes de los exabruptos de Milei se había pronunciado contra el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia, no sólo por no respetar el procedimiento constitucional que exige el acuerdo del Senado sino porque quien firme fallos a partir de esa designación irregular incurrirá en usurpación de funciones, un delito continuo que puede implicar la nulidad de todas las sentencias.
“El respeto de la Constitución no es una opción. Es el máximo contrato que rige la convivencia entre todos los habitantes”, recordaron los juristas. “Las investigaciones de delitos también están sometidas a la Constitución” y “la seguridad es una cuestión compleja que no se soluciona subiendo las penas”, ni instalando “un Estado de vigilancia totalitario que promueva masivos ciberpatrullajes y propicie el uso de la inteligencia artificial sin controles”. “Todo eso ha fracasado rotundamente y sería bueno que sus cultores se informen con datos de la realidad, no de la propaganda, e hicieran la correspondiente autocrítica”, sostiene el escrito que incluye a los jueces Alejandro Slokar (Cámara Federal de Casación Penal), Daniel Erbetta (Corte Suprema de Santa Fe), Omar Palermo (Corte Suprema de Mendoza) y Ramón Luis González (Cámara Federal de Corrientes), entre otros.
Culpar a los profesores de derecho penal de los delitos y estigmatizar a alguno para “crear un enemigo que ponga el foco de los problemas en otro lugar, lejos de los verdaderos responsables que deben solucionarlos”, no sólo es equivocado sino “una simplificación inaceptable, mágica”. “La recurrente mención y denostación de Raúl Zaffaroni es un acto de censura indirecta, ya que en realidad tiene carácter colectivo al ir dirigida a todos los profesores de Derecho Penal que enseñamos la teoría y ejercemos la práctica con la Constitución y las leyes en la mano, de manera científica, honesta y sincera, cualquiera sea su ideología (más conservadores, más progresistas, etc.). Lo mismo ocurre con los operadores judiciales (jueces, fiscales, defensores) que cumplen con su obligación de respetarlos, y que no son ni promotores, ni partícipes, ni responsables de la criminalidad. No están a favor de los victimarios y en contra de las víctimas. Son otros poderes del Estado los que definen cuándo y cómo se ejerce el castigo, y los que fijan las tareas de prevención de delitos”, explican también los fiscales generales Javier De Luca (ante Casación) y Dante Vega (ante la Cámara Federal de Mendoza), más Alberto Binder y Alfredo Pérez Galimberti (presidente y vice del INECIP). “La idea de que lo afirmado en la Constitución vale sólo en los casos que coinciden con lo que uno piensa, no es conforme a derecho”, concluye el documento que también suscriben los catedráticos Mario Riquert, Matilde Bruera, Marcelo Buigo, Julia Angriman, Esteban Ignacio Viñas, Gustavo Franceschetti, Ricardo Favarotto y Juan Lewis.
La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) expresó por su parte que “la subordinación del poder estatal al orden jurídico constitucional es una condición inherente al Estado de Derecho, por lo que el garantismo penal no es una opción, es una obligación”. Todo funcionario debe saber que “el menoscabo de garantías con jerarquía constitucional nunca puede convertirse en moneda de cambio en la búsqueda de una mejora en los niveles de seguridad ciudadana”, pues “cualquier medida basada en el desconocimiento de este principio rector transforma al Estado en ilegal”.
Recuerdan que en la Argentina las garantías rigen legalmente hace más de 150 años y que “contrariamente a lo que se pretende instalar en la sociedad, el garantismo no es sinónimo de abolicionismo penal, ni de impunidad”. “Quienes compartimos sus postulados, lejos estamos de las concepciones anárquicas que propugnan la destrucción del Estado. Consideramos que hay prestaciones que deben ser cumplidas inexorablemente por el Estado, entre las cuales se encuentran: educación, salud, seguridad y justicia”. “Nuestra postura consiste en exigir que la prevención, el juzgamiento y castigo por la comisión de un delito –y, claro está, también la determinación de lo que se considere delito– debe realizarse en el marco del respeto irrestricto de los derechos y garantías individuales”, explican.
En esa línea, repudian “cualquier pretensión de su avasallamiento expreso o implícito”, al tiempo que rechazan “por injustas y agraviantes a las injurias dirigidas desde el poder a quienes son exponentes emblemáticos de un derecho penal de garantías, al igual que toda expresión de intolerancia estatal ante el disenso, presentando como el enemigo a vencer a todo aquel que ose discutir al gobernante de turno”. “La negación del derecho a ser y pensar diferente contrasta de manera ostensible con el pluralismo –piedra basal del sistema democrático de gobierno– y con toda organización social que se precie de constituir un Estado de Derecho”, concluyen.
