En diciembre de 2024, la República Democrática del Congo (RDC) presentó dos denuncias penales contra las filiales europeas de Apple en Francia y Bélgica, acusando a la multinacional de utilizar minerales de zonas en conflicto en su cadena de suministro. Estos minerales, conocidos como "minerales de sangre", son esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos como iPhones, iPads y Mac.
La RDC sostiene que Apple adquirió estos minerales a sabiendas de que eran extraídos ilegalmente en regiones controladas por grupos armados, perpetuando así la violencia y las violaciones de derechos humanos en el este del país. Además, se acusa a la empresa de encubrimiento de crímenes de guerra, lavado de minerales y prácticas comerciales engañosas al asegurar a los consumidores que sus productos están libres de minerales de conflicto.
Apple ha negado rotundamente estas acusaciones, afirmando que desde principios de 2024 instruyó a sus proveedores a no utilizar minerales provenientes de la RDC o Ruanda debido, justamente, a la dificultad de garantizar una obtención ética de dichos elementos. La empresa también destacó que utilizan una gran cantidad de materiales reciclados en la fabricación de sus productos.
En febrero de 2025, la Fiscalía de París desestimó el caso, argumentando que las acusaciones no estaban "suficientemente fundadas" para proceder. Sin embargo, los abogados que representan a la RDC calificaron esta decisión como una "desestimación muy parcial" y planean impugnarla, subrayando la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad de identificar y procesar a los responsables.
Por otro lado, en Bélgica se ha nombrado a un juez de instrucción para investigar las denuncias presentadas contra Apple. Este paso indica que, al menos en Bélgica, el sistema judicial considera que hay suficientes méritos para profundizar en las acusaciones.
La explotación de minerales en la RDC ha sido un factor clave en la financiación de conflictos armados y en la perpetuación de violaciones de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos internacionales por implementar sistemas de trazabilidad y certificación, como el ITSCI, para garantizar una cadena de suministro libre de conflicto, estos mecanismos han sido criticados por su ineficacia y vulnerabilidad a fraudes.
Este caso resalta la complejidad de las cadenas de suministro globales y la dificultad de garantizar que los productos tecnológicos no estén vinculados a abusos de derechos humanos. Mientras las acciones legales continúan en Bélgica, la comunidad internacional observa de cerca cómo las grandes corporaciones como Apple manejan estas acusaciones y qué medidas implementan para asegurar una obtención ética de los recursos utilizados en sus productos. La resolución de este caso podría sentar precedentes significativos en la responsabilidad corporativa y en la lucha contra la explotación de recursos naturales en zonas de conflicto. Además, pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las cadenas de suministro para evitar que la tecnología que utilizamos diariamente esté manchada de sangre y sufrimiento.
*Politóloga UBA.
