El Foro Economía y Trabajo sostuvo, en relación al anuncio del envío al Congreso de un decreto de necesidad y urgencia para habilitar un nuevo endeudamiento con el FMI, que "no es necesario ningún acuerdo con el Fondo Monetario, y menos con cláusulas secretas que no se comunican al Congreso de la Nación Argentina para su tratamiento ni se ponen en conocimiento de su Pueblo, que siempre paga las consecuencias". El Foro está conformado por economistas y especialistas en otras disciplinas convocados por organizaciones gremiales, sociales y pymes para formular propuestas en materia económica alternativas a la política en ejecución por parte del gobierno nacional.
Advierte además que el Presidente Milei requiere su aprobación “a ciegas”, desconociendo que la Constitución Nacional determina que corresponde al Congreso: “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Y no cumple con la Ley 27.612 que establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
"No cabe duda que las condiciones de ese acuerdo no se hacen conocer pues implican la cesión de importantes activos nacionales, y profundizarán el ajuste económico impuesto por el actual gobierno, para acelerar una brutal transferencia de recursos de los trabajadores, jubilados y familias hacia:
a) las grandes corporaciones financieras de las que, en los hechos, el FMI es garantía en última instancia aun en contra de los intereses de los países que lo integran, como sucedió en 2018 por la gestión de Luis Caputo habilitando una fuga de capitales por 44.000 millones de dólares.
b) las grandes exportadoras, importadoras y oligopolios formadores de precios que liberados de obligaciones por los decretos de Javier Milei imponen precios excesivos a los alimentos, la energía, el transporte, los medicamentos, la atención a la salud, e insumos imprescindibles para la industria.
c) los comisionistas u operadores que pudieran estar vinculados incluyendo corporaciones financieras y sus directivos, funcionarios, legisladores, consultoras y bufetes especializados que pueden haber coadyuvado o coadyuvan a “gestionar” el círculo vicioso del endeudamiento, incluso criminalmente y atentando contra el orden económico financiero.
Dice luego el documento del Foro que, "Con este esquema y esas condiciones, que también afectarán el tipo de cambio, no es que los “precios caros” bajarán como dice el mismo Luis Caputo. Lo que seguirá bajando es el poder adquisitivo de las familias y la demanda en el mercado interno, profundizando la economía del desastre, sosgtiene el informe".
"El gobierno miente. No es cierto que la deuda no aumentará por este nuevo acuerdo. La deuda externa aumentará. Y las decisiones de este gobierno y los sucesivos quedarán condicionadas a las metas ocultas que se acuerdan con el FMI.
"Es decir, estamos ante un nuevo y gigantesco fraude que - como en 2018- no podría hacerse sin el concurso de las autoridades del Fondo, que no pueden desconocer que así se empuja a Argentina hacia un default, lo que incluso pudiera ser un objetivo, habida cuenta de la crítica situación en un mundo donde se multiplican los conflictos y se potencian las guerras.
"En ese contexto, Argentina está en una grave emergencia institucional, con graves carencias de seguridad jurídica, donde el titular del Poder Ejecutivo declarando su objetivo de destruir el Estado, se arroga facultades legislativas, y el Poder Judicial está afectado en parte, pero en todas sus jurisdicciones, de un grave deterioro institucional".
Y continúa el documento del Foro advirtiendo: "Cabe por cierto preguntarse, si, según el Presidente Milei, el objetivo que es “destruir al Estado” ¿cómo puede esperarse que éste cumpla su obligaciones nacionales e internacionales?
"Por lo mismo volvemos a señalar:
1) La deuda con el FMI deben pagarla quienes se beneficiaron con ella. El Congreso de la Nación en uso de sus facultades constitucionales y legales debe retomar, tratar y aprobar el Proyecto para la creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos provenientes de quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron de ella. Esto en su parte que se considere legítima, lo que requiere que se den curso a las denuncias que obran en manos de la Justicia, inclusive fundadas en detallados informes de la Auditoría General de la Nación. En este sentido haciéndose cargo del riesgo moral e institucional asumido, ese Fondo también debe devolver los sobrecargos que cobró y suspenderlos de inmediato.
2) El Congreso de la Nación debe hacerse cargo de toda negociación sobre la deuda pública tal como dispone la Constitución Nacional y derogar con urgencia las facultades legislativas que inconstitucionalmente se ha arrogado y se han concedido al Presidente de la República.
3) El Congreso de la Nación tiene mora en constituir una Comisión de Seguimiento de la deuda externa, que investigue el acuerdo contraído ilegalmente por el Gobierno del Sr. Mauricio Macri con el FMI, organismo que lo otorgó violentando de manera flagrante su propio Convenio Constitutivo.
4) Argentina debe garantizar el funcionamiento constitucional del Estado, y la debida seguridad política, para ello y por las razones señaladas debe iniciarse el procedimiento de Juicio Político.
5) Todas y todos los legisladores nacionales tienen obligaciones inexcusables en relación a estas cuestiones, incluyendo la que hace a la inmediata derogación del DNU por el que el Poder Ejecutivo pretende imponer el nuevo acuerdo con el FMI. Y análogas obligaciones tiene la Suprema Corte de Justicia.
"Las naciones integrantes del Fondo Monetario deben tomar nota, y las autoridades de este organismo deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas. Es decir, podrá ser calificada como deuda odiosa la generada en este acuerdo y por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta que se conocen de antemano las consecuencias", finaliza.