Es interesante que todos los veranos volvemos a formularnos la misma pregunta. La respondemos y luego, a lo largo del año, parecemos haber olvidado todo lo que dijimos, hasta que el problema vuelva a aparecer. ¿Qué aporta en la actualidad el sector privado a la administración de la distribución de energía minorista? La respuesta, para evitar el suspenso, es: nada, o muy poco.

Las distribuidoras energéticas privadas son coherentes a lo largo del tiempo: cuando las tarifas están controladas, invierten poco y cuando las tarifas suben mucho, también. Entre diciembre de 2015 y diciembre 2019, las tarifas de Electricidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron un 1925 por ciento, casi 7 veces los precios minoristas. Especialmente entre 2016 y 2017, antes de que estallara la “estrategia” macroeconómica del Gobierno de Cambiemos, y comenzaran las megadevaluaciones que lo acompañarían hasta su salida en 2019, las tarifas de las distribuidoras eléctricas crecieron al menos más de 5 veces en dólares. Ahora bien, curiosamente (o no), cuando miramos los balances presentados por estas empresas en el AMBA Edenor invirtió menos en 2017 que en 2015 (descontada la inflación), y Edesur incluso menos que en 2014.

En el acumulado de 2024 parece suceder algo similar. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los precios correspondientes a “electricidad, gas y otros combustibles”, dentro de otro conjunto de precios asociados a gastos de vivienda, aumentaron un 430 por ciento, un aumento que triplica el índice de precios agregado. Las ganancias de Edenor y Edesur, en los primeros 9 meses del año, crecieron, según sus balances, un 44 por ciento y un 19 por ciento respectivamente, con inversiones que, o bien no crecieron al mismo ritmo, en el caso de la primera, o directamente se contrajeron en el caso de la segunda. 

Así las cosas, podemos encontrar que en octubre de 2024, el propio Gobierno Nacional reconocía, a través de| la resolución 294/24, que, en lo relativo a la distribución de energía "el 40 por ciento de las instalaciones agotaron su vida útil por no haber realizado la reposición de la capacidad funcional perdida, planteando un alto riesgo operativo que afecta a los usuarios y a la escasa oferta de generación existente con un alto grado de vulnerabilidad ante contingencias simples".

Lo interesante es que, pese a este aumento de tarifas, y la baja significativa que se observa en el peso de los subsidios energéticos como parte del PBI, los mismos siguen siendo mucho mayores de los que recibía la empresa cuando era enteramente estatal. Veámoslo bien: en 2024, según la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, los subsidios energéticos representaron 0,6 por ciento del PBI. Ahora bien, la Empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, que incluían tanto a las empresas que hoy están encargadas del servicio de distribución (Edenor, Edesur y Edelap) y también a la empresa que hoy se encarga del denominado Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa, le costaba al Estado, en todos sus niveles, 0,08 por ciento del PBI en 1975, 0,21 en 1985 y 0,17 en 1988 .

En resumidas cuentas, el Estado gasta más hoy (mucho más) que lo que gastaba antes cuando los servicios eran estatales, pero decide menos; y los usuarios pagan mucho más hoy, y no deciden nada.

Ahora bien, ¿por qué esto es así? ¿Es la norma en todo el mundo? La respuesta también es sencilla: no. Es interesante observar también que, de las 5 distribuidoras eléctricas más grandes del mundo en términos de facturación, las tres primeras son, o bien estatales (como State Grid Corporation, de China), o bien son empresas cuyo accionista mayoritario es el Estado; Électricité de France, y Enel, de Italia. Y no sólo en el mundo, sino que no lo es tampoco en el resto de la Argentina. Salvo en algunas pocas provincias que tienen servicios de distribución minorista provisto por empresas cooperativas, en la mayoría del país el servicio de distribución eléctrica es provisto por empresas públicas estatales.

El caso de Enel es doblemente curioso. No sólo el Estado italiano es el principal accionista de la empresa, sino que es dueña de Edesur en Argentina. Y acá se observa algo que ya ha sucedido en otros momentos de nuestra historia privatizadora: se legitima el proceso privatizador con el argumento de que el sector privado es quien debe administrar los servicios públicos, pero quien lo termina administrando es el Estado, pero un estado extranjero. Por lo tanto, el proceso no es una privatización, es simplemente una sesión de soberanía.

Los argumentos son apabullantes y no hay espacio en una breve nota de opinión para exponerlos todos. Al revés, no hay ningún argumento, ningún dato, ninguna evidencia, que permita afirmar, después de tres décadas, que hubo algo virtuoso en el proceso de privatización del servicio de distribución minorista de energía. No hay ninguna práctica internacional, ni local, que justifique que el servicio continúe en manos privadas en el área metropolitana de Buenos Aires. 

Otro asunto tiene que ver con la fuerza política que es necesario tener para tomar una medida de esta índole, pero eso no debe evitar que sostengamos lo que hay que sostener: la administración de este tipo de servicios públicos, para nosotros, debe ser estatal. No sólo porque en Argentina ha sido más eficaz y eficiente, sino porque, en un país tan desigual como el nuestro, es necesario que no sea el lucro privado el motor de la administración de los servicios públicos sino el bien común. 

(*) Vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e Investigador del Conicet.