“Cuando abrí el correo de la Sennaf fue un mazazo en la cabeza. Estaba con mi hija. ¿Sabés lo que duele? La injusticia. Perdoná que me quiebre loco, pero esto te desorganiza”, dice entre lágrimas Luis Braile. Hace una pausa del otro lado del teléfono, respira y sigue: “Esto te rompe. Para quienes estamos acá hace veinte años, el hogar es nuestra familia. Nosotros somos familia para los chicos y ellos lo son para nosotros”.

Braile habla desde Benito Juárez con Buenos Aires/12. Es uno de los más de 1.800 despedidos del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello el 28 de febrero. Hace más de dos décadas trabaja en el Hogar Convivencial Cayetano Zibecchi, uno de los dispositivos que dependen de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, o Sennaf según sus siglas. Es el único espacio en el distrito con un abordaje sobre chicos con un “retraso mental moderado profundo”.

La decisión de Pettovello significó que en Juárez se pierda la mitad del plantel de trabajadores que se ocupaban de asistir en materia de salud, educación, alimentación “y todo lo que debe hacer una familia” a niños y niñas que sufrieron abusos, maltratos, abandono y situación de calle. Todos, detalla, cuentan con su Certificado Único de Discapacidad.

“Tenés que estar muy mal de la cabeza para dejar pibes a la deriva así, porque lo que hicieron, lisa y llanamente, es abandono de persona”, afirma Braile.

Ante esta situación, el intendente local, Julio César Marini, anunció que mantendrá desde el municipio el empleo de los despedidos de Juárez. “Esto ya había tenido un intento con Mauricio Macri en 2017”, recuerda en diálogo con este diario. Y deja en claro que “no vamos a permitir que saquen los chicos de acá y, conociendo a esta gente, dejar que los lleven a un depósito de chicos”.

Desde el mundo académico, la mirada es igual de catastróficas en materia de niñez. Así, Fabiana Carlis, directora de la especialización Intervención frente al Maltrato y la Violencia sexual contra las Infancias en la Universidad Nacional de Luján, advierte que los despidos impulsados por Pettovello en el área son “un cuchillazo en el cuerpo de los niños y que va calando”. “Después no hay retorno y la herida no se puede reparar en el tiempo histórico de un niño”, apunta a este medio.

“Con la lógica de un determinado espacio político, ¿a qué privado le interesaría atender a niños pobres víctimas de maltrato? ¿Qué rédito económico le puede sacar? Además, el Estado está obligado a hacerlo por la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Así, empezarán juicios de organismos internacionales sobre el Estado nacional por incumplimiento de acuerdos”, explica quien, a su vez, es vicedecana del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu.

“Cruel”

En otro de los pasajes de la charla con Braile, su voz se vuelve a quebrar al contar que una de las compañeras despedidas del hogar tiene una hija con un tumor en la cabeza. “Hoy charlábamos y decíamos como la motosierra no para, pero parara cuando se le corte la cadena, porque es un Gobierno nacional desconectado de la realidad”, sostiene.

Cuando es consultado sobre las razones que motivaron a una de las ministras más mimadas por Javier Milei a tomar esta decisión, Braile afirma que “no se alcanza a entender la lógica con la que piensan, más allá de ser tan cruel”. 

 

 

Pettovello supo ser el centro de la escena en múltiples conflictos sociales. Comenzó su gestión dejando sin alimentos a miles de comedores. Meses después, la propia Justicia le pidió que modificara su comportamiento luego de encontrar depósitos llenos de mercadería.

También chocó de lleno con el sistema universitario nacional. Apostó por el recorte a los gastos de funcionamiento, imposibilitando que se puedan pagar las facturas de los servicios que el propio gobierno había incrementado cerca de un 300 por ciento. En aquellos días, se organizó una marcha multitudinaria que, tiempo después, torció el brazo de la ministra.

Pero, tras haber dejado en la calle poco más de 1.800 trabajadores a lo largo de 2024, tal como indica Oscar De Isasi, secretario gremial de ATE Nación, Pettovello selló un rotundo recorte de empleados el último 28 de febrero. Entre pases a disponibilidad y contratos sin renovar, otras 1.800 personas no tienen trabajo. “Esta vez fue todo de un saque, donde 470 corresponden a la Sennaf”, asegura el ex titular de la seccional provincial del gremio a Buenos Aires/12.

Entre ellos, Luis Braile, junto a otros tres trabajadores del Hogar. El propio Braile señala que la institución contaba con nueve trabajadores para cubrir las 24 horas diarias que de asistencia a los chicos. Cinco de esos empleos dependen de Nación y cuatro del municipio. De los cinco, tres recibieron el email el 28 y uno pasó a disponibilidad de persona. La quinta, dice, se va a jubilar.

“Carmen recibió el email en su puesto de trabajo, pero no se fue, siguió laburando porque cubrió su turno y no dejar a los chicos”, apunta Braile.

Luego de ese mal trago, los trabajadores despedidos fueron recibidos por el intendente Marini, quien se comprometió a mantenerles su lugar de trabajo bajo la órbita municipal. Recuerda que Macri ya quiso cerrar el espacio de chicos con discapacidad, momento en que Marini logró que se firme un convenio mediante el cual, ante cada baja de personal dependiente de la Nación, ya sea porque se jubilan o renuncian, el reemplazo quedaba en manos del municipio. Se puso en práctica una transición.

“Les dicen el viernes que no podían entrar y que recién podían ir el miércoles para retirar sus cosas, ignorando o con la insensibilidad de saber que ahí hay chicos con discapacidades que hay que atenderlos con alimentación y medicación las 24 horas”, detalla el intendente. “Los chicos hubieran quedado a la deriva si no se presentaban hasta el miércoles siguiente tras el feriado”, remarca el intendente.

“A este personal lo vamos a tomar, pero lamentamos profundamente lo hecho y el trato a estos chicos, sin hacer auditoría los echaron como si fueran ñoquis de una institución prestigiosa”, indica Marini.

Asegura que, desde la Nación, es muy probable que se quieran trasladar a los chicos. “Voy a ser el primero en pararme al frente para que no suceda”, remarca. “Pudimos renovar la casa donde están, les construimos una pileta, los hemos llevado a conocer la playa, pueden usar el natatorio municipal, están adaptados a la comunidad de Juárez y, por más que tengan alguna discapacidad, entienden lo que está pasando”, señala el jefe comunal local.

En este marco, afirma que enviaron la carta documento correspondiente para que el Ministerio de Capital Humano respete el convenio firmado en 2017 y reincorpore a los trabajadores.

Desde su lugar, Braile cuenta que, al leer el email, vio cómo su hija lloró por primera vez delante de él. Con una voz que se le vuelve a quebrar, asegura que "por cada lágrima de los hijos de los despedidos, redoblaremos la militancia en el territorio".

Desinterés

Para Fabiana Carlis, es difícil interpretar de qué manera el Ministerio de Capital Humano ejecuta estas decisiones. “Se me viene a la cabeza la crueldad, pero ¿alcanza para explicar el fondo del problema?”, se pregunta. “Cuesta pensar que se ignore lo que sucede en las infancias, pero también si un representante del Estado toma de ejemplo a niños abusados como parte de un chiste es porque, claramente, es una población que no le interesa abordar”, repara.

En un contexto de desmantelamiento de los programas y políticas públicas vinculadas a la contención de niños, niñas y adolescentes, Carlis señala que, durante la especialización, los propios alumnos fueron contando las experiencias que vivían en el territorio. De esta manera, con la ventaja de que la cursada es a nivel nacional, pudo percibir un panorama completo de lo que está sucediendo y decidió impulsar un comunicado para alertar de esta situación.

“El 28 de febrero fueron injustamente despedidos cientos de trabajadorxs, profesionales y técnicos, que llevan adelante trabajo territorial con una vasta trayectoria en el sector. Entre lxs trabajadorxs cesanteadxs se encuentran graduados, estudiantes y docentes que participan en las carreras de formación de la UNLu”, expresa el comunicado firmado por docentes e investigadores.

En esta línea, Carlis sostiene que tiene “tres preocupaciones, dos actuales y una a futuro”. La primera de actualidad es la situación, “donde hay colegas que manejan Uber o reparten comida en bicicleta”. “Repetimos como siempre que ningún pibe nace chorro, por eso es importante el trabajo de contención, porque después nos vamos a quejar de la delincuencia en los jóvenes, pero no se generan condiciones para esas problemáticas”, subraya.

En este punto hace hincapié como segundo problema actual. Se trata del acompañamiento ante la desprotección. “Solo por nombrar la Sennaf, hablamos de maltrato infantil, violencia sexual, víctimas de trata, negligencia en los cuidados, las capacitaciones por la Ley Lucio, situaciones de salud mental, prevención de embarazo temprano”, enumera Carlis.

“El acceso a servicios de atención es muy complejo y necesita personal especializado, y no es un trabajo para cualquiera porque muchos no toleran ser testigos directo de violencias, lo que genera un desgaste profesional altísimo”, indica. Por eso pone en valor a los trabajadores y pide que se valore a gente “que quiere seguir formándose con magros salarios”.

Su tercera preocupación a futuro son los propios jóvenes. “Quienes transitamos los años 1986 y 1987, o los años 2000, vimos las consecuencias a largo plazo por la falta de políticas”, repara. Cuenta como, durante la cursada, los alumnos hablan de los problemas de alimentación que vuelven a ser moneda corriente en los chicos, o en cómo solo uno de los hijos de la familia asiste a la escuela porque hay un único par de zapatillas en la casa.

“Hablan de un monto de ahorro, pero ¿dónde cae el ahorro en el padecimiento de niños, niñas y adolescentes?”, advierte. “Estudios muestran que las consecuencias del maltrato infantil, de violencia sexual, es algo para toda la vida que si no atendemos a tiempo luego profundiza temas de salud mental”, indica la docente.

Ante todo, pide que se “desmitifique” que estas problemáticas son únicamente de una clase social. Pero aclara que las familias que cuentan con mayores recursos tienen la capacidad de “ocultar” lo que sucede. “No se identifica tan rápido como sucede en la pobreza porque allí existe una mayor detección de parte de las instituciones, justamente como la Sennaf”, dice.

Señala que el área de DDHH que asesoraba sobre abuso infantil dentro del ministerio fue desmantelada. “Era central”, resalta. “Los comedores no reciben la provisión de alimentos que recibían, entonces hay más población y menos alimentos, donde el servicio de atención local en los municipios tiene rotación constante de personal por sueldos magros, y hay que entender que no es lo mismo a un niño que lo atienda A, mañana B y pasado C”, explica Carlis.

 

“Es lo que Fernando Ulloa llama la encerrona trágica, que es cuando el que te tiene que cuidar, te maltrata”, sintetiza.