En un megaoperativo que involucró más de 2000 policías de la bonaerense, 50 de la Policía de la Ciudad y 100 de la Federal, la justicia federal  allanó las tres ferias, Ocean, Urkupiña y Punta Mogotes que integran el complejo La Salada, en el marco de una investigación que unificó unas 60 causas por falsificación de marcas, asociación ilícita, amenazas y extorsión, y ocupación ilegal del espacio público. Mientras se realizaban los allanamientos –más de 500—, el jefe de seguridad de la feria Urkupiña, Juan Manuel Louzan, se entregó en los tribunales locales tras permanecer prófugo desde agosto, y quedó detenido acusado de formar parte de una asociación ilícita, por la que ya se encuentran detenidas otras 17 personas, entre ellas el presunto jefe de la organización, Enrique Antequera, apodado “el otro Rey de La Salada”.

El operativo ordenado por el juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, comenzó temprano. 

Alrededor de las siete de la mañana llegaron hasta el predio, ubicado en Ingeniero Budge, patrulleros y camionetas de la policía que cercaron el lugar para allanar los puestos en busca de mercadería falsificada. Durante el operativo también clausuraron las empresas de seguridad del complejo, porque no contaban con las habilitaciones correspondientes.

Se incautaron 80.882 prendas de la firma Nike y 47.193 de Adidas, entre camperas, buzos y remeras. También se secuestró vestimenta falsificada de las marcas Narrow (2.752) New Balance (2.731), Ona Sáenz (2.168), Puma (1.114) y Gola (664), Columbia (600).

“Cuando quisimos entrar a Urkupiña, ya estaba cerrado, la policía llegó cerca de las 7 y bloqueó toda la entrada al lugar, incluso mantuvieron a los compradores adentro y no los dejaron salir”, explicó una compradora que concurre a la feria, una vez por semana, para abastecer su negocio, y señaló que “desde hace unos meses, cuando empezaron otros allanamientos, viene cada vez menos gente”.

Un vendedor que trabaja en la feria desde hace más de diez años, en la modalidad ambulante, desde que dejó el puesto que alquilaba en el predio, explicó que “muchos de los micros que venían con compradores del interior cuando se enteraron de este operativo cambiaron de rumbo y se fueron a (los negocios del barrio porteño de) Flores”.

“Acá todos laburamos para ganarnos el día, cada vez viene menos gente, sentimos que todo el tiempo hacen este tipo de cosas contra nosotros, no tengo ningún producto de marca, pero cuando te paran te buscan cualquier cosa para sacarte la mercadería”, agregó el vendedor.

En el mismo sentido, el titular de la Asociación de Vendedores Libres (AVL), Omar Guaraz, dijo a este diario que “se llevaron todo, originales y copias, y encerraron durante cuatro horas a los compradores en el lugar. El objetivo que se persigue es el exterminio de los vendedores de La Salada y sus precios populares para dejar el negocio en manos de empresarios privados. Este hecho beneficiará a un puñados de empresarios en perjuicio de miles de trabajadores y del pueblo que no podrá adquirir bienes a precios populares”.

En cambio, para el abogado especialista en propiedad intelectual

Juan Carlos Ojam, “estamos entre los países que menos protegen la propiedad industrial e intelectual. La falsificación marcaria se da en todo el mundo, pero lo que no encontramos en otros lados es el volumen que hay en Argentina y países limítrofes. No tiene precedente”, sostuvo y agregó que “todo lo que se comercializa en venta callejera y en mercados callejeros combina una buena proporción de verdaderos artesanos que generan su propia mercadería con gente que comercializa productos falsificados”, y es contra estos últimos que “vemos con buenos ojos que se apliquen las normas de la ley”.

El juez detalló que desde hace un año y medio viene unificando decenas de causas vinculadas con el complejo de ferias en busca de “una investigación más integral”, y sostuvo que en torno a ese “mercado ilegal pasó de todo: extorsión, homicidio, drogas, y connivencia con fuerzas de seguridad”.

Para el magistrado, “no hay una megaorganización detrás” de los delitos sino algunas “personas, hay talleres clandestinos, y buscamos ver si encontramos los talleres que producían ropa falsa”.

Villena es quien investiga a los llamados “Reyes de La Salada”, Jorge Castillo y Enrique Antequera, detenidos en junio y agosto, y procesados con prisión preventiva.

En paralelo al megaprocedimiento, Louzan, jefe de seguridad de Urkupiña, se presentó en los tribunales de Lomas y quedó detenido.

El fiscal de la causa, Sebastián Scalera, dijo a PáginaI12 que “está acusado de ser organizador de una asociación ilícita y de secuestro coactivo. La empresa de seguridad privaba de la libertad a las personas que eran señaladas como pungas o mecheras y las sometían a castigos físicos”, dijo el fiscal, y señaló que Louzan “quedó detenido en el marco de la causa en que se investiga a Antequera, y mañana (por hoy) declarará en calidad de imputado”. 

Según los investigadores, Louzan estaba a cargo de toda la seguridad del predio Urkupiña. La sospecha es que, además de cobrar por la supuesta seguridad, tenían el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios. Además, los empleados del jefe de seguridad serían responsables de algunos de los robos que sufrieron clientes de la feria que llegaban del interior del país.