“Siento que retrocedimos cuarenta años”, confiesa Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Es una de las representantes de los organismos de derechos humanos, que ayer marcharon en Plaza de Mayo, en reclamo de sostener la políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Entre otras cosas, cuestionan el desmantelamiento de órganos abocados a juicios de lesa humanidad; la paralización de investigaciones sobre partícipes civiles del terrorismo de Estado; el incumplimiento de la ley que ordenó crear la Comisión Bicameral para investigar a empresarios y el retorno de cárceles VIP y arrestos domiciliarios automáticos.
“Tengo esa sensación desde que reapareció la necesidad de reclamar por presos políticos, no sólo por Milagro Sala”, explica Boitano. “El retroceso es evidente si se tiene en cuenta que volvimos a recurrir a Naciones Unidas, a la CIDH, a Amnesty y al Vaticano”, enumera Lita y su memoria se remonta a 1979, a un ayuno de las Madres para hacer oír la voz de Emilio Mignone en Ginebra. “La persecución política y las detenciones en Jujuy nos demostraron que era urgente volver a hacer denuncias en el exterior. Esperamos tener una Navidad sin presos políticos. Ojalá tengamos más suerte que en 1979”, concluye.
Agustín Cetrángolo, de HIJOS, enumera otros retrocesos y señala la necesidad de “volver a llevar la condena social al territorio”. Es por eso que el miércoles retorna el escrache, esta vez a Alfredo Feito, que con dos condenas fue enviado a su casa por cumplir 70 años. Para Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, “el mayor desafío para el movimiento de derechos humanos es la unidad”. “Perseverancia, convicción, organización y unidad”, resume.
Cetrángolo, ex funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, asegura que “el balance es malísimo” y enumera: ajuste contra los trabajadores, vaciamiento de la secretaria, flexiblización de condiciones de detención, reapertura de cárcel de Campo de Mayo, negacionismo del número simbólico de desaparecidos, política migratoria con deportaciones de facto, fuerzas de seguridad habilitadas a criminalizar jóvenes por portación de cara. “Pero la sociedad se armó mucho y no está dispuesta a retroceder. Seguimos resistiendo”, asegura. Jefe de asesores de Martín Fresneda hasta diciembre, Cetrángolo apunta que el presupuesto de la Secretaría se redujo en un 35 por ciento, decisión que implica desde abandonar causas hasta no invertir un centavo en publicaciones, transferencias a universidades o insumos para el Archivo de la Memoria.
“El balance es malo, por presente y por perspectivas. Se agudizan problemas en lo vinculado a lesa humanidad y desde el Ejecutivo se desfinancian áreas claves de derechos humanos. Desde la SDH se llevan todo tipo de temas y en los hechos no se jerarquiza nada”, explica Taboada. “Frente al desafío de juzgar a los civiles, cuando se requería profundizar investigaciones como la del equipo del Banco Central, se echa a trabajadores calificados que estaban produciendo información sobre el poder económico”, ejemplifica. Otra preocupación pasa por el ritmo de los juicios. “La Memoria se puede seguir alimentando pero la Justicia es hoy. La desaceleración implica impunidad, por muertes y por impunidad gerontológica”, explica Taboada. “Se homologa vejez con enfermedad cuando el criterio debe ser otro, la salud funcional”, dice para rechazar las concesiones automáticas de arrestos domiciliarios.
“El Poder Legislativo acompaña”, destaca, y recuerda que la ley que creó la Bicameral para investigar a empresarios se promulgó hace un año, debió arrancar en marzo y todavía no existe. “También hay gran responsabilidad del Consejo de la Magistratura en concursos que no salen: hay más de 300 cargos cubiertos por subrogantes”. Como dato fresco sobre el desmentalamiento apunta que “acaban de echar a quienes desde el Ministerio de Educación capacitaban a los docentes en Memoria, Verdad y Justicia, trabajo fundamental para que esos contenidos lleguen a los alumnos”.
