Desde Lima

En prisión desde hace más de dos años, el expresidente Pedro Castillo ha iniciado este lunes una huelga de hambre. Lo ha anunciado a través de un documento escrito a mano en su celda que ha sido publicado en sus plataforma sociales. Señala que ha tomado esta decisión en protesta contra el juicio por rebelión que se le ha iniciado días atrás, el que considera está politizado con “una condena anunciada en mi contra”. 

Castillo se presentó al inicio de este juicio, el último martes, sin abogado, por considerar que no tiene sentido una defensa legal en un proceso judicial que ha calificado como “una pantomima” para condenarlo “por delitos que no he cometido”. Rechazó se le asigne un defensor de oficio, pero el tribunal igual se lo impuso. El jueves, en la segunda audiencia judicial, el expresidente quiso retirarse de la sala de audiencias en protesta contra un tribunal al que acusa de parcializado en su contra, pero los jueces no se le permitieron. La Fiscalía pide 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, por su fallido anuncio de cerrar el Congreso hecho en diciembre de 2022.

“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha una huelga de hambre”, escribe Castillo en el manuscrito. Dice que ha tomado esa decisión “por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo”. El expresidente señala en este documento que se encuentra en prisión “injustamente” y reitera la denuncia que hizo en el primer día del juicio, y que los magistrados no quisieron escuchar: que la jueza Norma Carbajal, que integra el tribunal de tres magistrados y es la directora de debates en este proceso, ha adelantado la opinión en su contra en una proceso previo de prisión preventiva por este mismo caso. Castillo recusó a la jueza Carbajal, pero su pedido de apartarla del caso fue rechazado. El exmandatario ha denunciado que este hecho confirma que no se dan las condiciones para un juicio imparcial y justo.

El documento escrito por Castillo también está firmado por el abogado Walter Ayala, que fue ministro de Defensa en su gobierno. Ayala ha señalado que con esta huelga de hambre el expresidente “está haciendo una protesta pacífica para que el mundo se entere de que se trata de una injusticia”.

Junto con Castillo son procesados tres de sus ministros: Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Chávez está detenida con prisión preventiva. También están procesados tres exoficiales de la policía. La Fiscalía pide 25 años para estos acusados, excepto para Torres, para quien solicita 15 años por tener más de 80 años de edad.

Castillo está recluido, con prisión preventiva, desde diciembre de 2022, en el penal de Barbadillo, ubicado en un cuartel policial en las afueras de Lima. Se trata de un penal para expresidentes, en el que también está preso Alejandro Toledo, condenado por corrupción. Pero ambos exmandatarios no tienen contacto. Han pasado por este penal el exdictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, quien lo inauguró en 2007, y Ollanta Humala, que entre 2017 y 2018 estuvo nueve meses con detención preventiva en un caso de corrupción que sigue en juzgamiento. En este mimo cuartel policial se ha instalado la sala judicial que procesa a Castillo.

Maestro rural y militante de izquierda, Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, después de vencer a la derecha representada por Keiko Fujimori. Enfrentó una oposición parlamentaria golpista controlada por un bloque de derecha y ultraderecha encabezado por el fujimorismo que dominaba el Congreso -y que lo sigue manejando-, que complotaba permanentemente para destituirlo. Problemas internos, deficiencias de gestión y denuncias de corrupción contra funcionarios de su gobierno, sumaron al debilitamiento de su gestión. El 7 de diciembre de 2022, horas antes que el Congreso vote un pedido para destituirlo por incapacidad moral por denuncias de corrupción que estaban en investigación, Castillo decidió patear el tablero: anunció en un mensaje televisado el cierre del Congreso sin estar facultado por la Constitución para tomar esa medida. Nadie obedeció su mensaje. El Congreso no se cerró, por el contrario, ese mismo día sesionó y destituyó a Castillo. El expresidente fue detenido por su escolta policial y encarcelado. Desde entonces está en prisión preventiva.

Los juristas argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto han asumido la defensa internacional de Castillo. Denuncian que el expresidente peruano fue destituido por el Congreso sin que se cumplan los procedimientos constitucionales para hacerlo, y que fue detenido sin que se le haya levantado la inmunidad presidencial. Sobre el cargo de rebelión, indican que no se dio este delito porque no hubo un levantamiento en armas para cumplir el anuncio de cerrar el Congreso y el Código Penal peruano establece el levantamiento en armas como un requisito para tipificar este delito. La defensa de Castillo denuncia que se está forzando la figura del delito de rebelión, aplicándolo sin que se cumplan sus requisitos, para justificar su destitución y su encarcelamiento.

La próxima semana debe continuar el proceso judicial a Castillo y sus coacusados, con una jueza señalada por haber adelantado opinión en contra del expresidente, y con el principal acusado negándose a participar en el juico denunciando que no enfrenta un proceso imparcial y que ahora ha llevado esa protesta a una huelga de hambre.