El Gobierno tiene prisa por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pese a su condición de debilidad en las negociaciones. La clave será lo que ocurra después de octubre, respecto del manejo del esquema cambiario, en un contexto de inestabilidad propia de las elecciones de medio término e incertidumbre en el escenario internacional. La relevancia de las negociaciones con el FMI para el oficialismo se explica en vista de obtener los fondos que permitan llegar a los comicios sin devaluar.

El Gobierno dejó trascender que se encuentra en la recta final de un primer entendimiento, y disparó ciento de especulaciones. Para los economistas consultados por Página 12, igualmente no puede garantizarse que el apoyo del FMI permita al Gobierno sostener la credibilidad de la política cambiaria (y con ella el principal ancla inflacionaria) después de octubre.

Como el acuerdo con el Fondo es político, se firmará en el primer cuatrimestre del año, como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, la necesidad de flexibilizar la política cambiaria, más allá del cepo, se planteará recién para luego de las elecciones de octubre. 

“El Gobierno no discute la sostenibilidad del esquema macroeconómico –que se apoya en los flujos netos de entrada de capitales y no en shocks monetarios extra de organismos internacionales- pero esto no quiere decir que la crisis es inminente”, sostiene Sergio Chouza,de la consultora Sarandí, “no se puede poner fecha al momento en que las expectativas se desalinean”.

El tema es que “las expectativas de devaluación están muy instaladas por el retraso cambiario”, agrega Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central y consultor económico en Synthesis, “y a esto se suma la incertidumbre global y la electoral, como siempre ocurre, con lo cual puede aumentar la brecha cambiaria”.

Por el lado del Gobierno hay total hermetismo. La columna de opinión que publicó el presidente el sábado en el diario La Nación puede leerse como una explicación que adeudaba a los mercados que exigen saber cuál será el destino de los fondos del préstamo. La nota igualmente fue poco clara. El presidente insiste en que el superávit fiscal es el antídoto suficiente para estabilizar la economía. 

La nota también intentó justificar que la aprobación del acuerdo con el Fondo en el Congreso se dará a través de un decreto y no de una ley. Esto tiene dos implicancias. En primer lugar denota que necesita una aprobación rápida: si enviase una ley, para su sanción el Poder Legislativo requerirá las mayorías simples en Diputados y en el Senado, mientras que para mantener vigente un DNU alcanza con que una de las dos Cámaras no lo rechace.

En segundo lugar, el Gobierno se garantiza el tratamiento de una versión muy resumida del acuerdo; trascendió que el texto del DNU es una mera autorización al Ejecutivo para firmar el acuerdo pero no se discutirá el Memorando de Entendimiento de Políticas Económicas y Financieras, que explica cómo intervendrá el organismo en la política interna y cuáles son las metas económicas a cumplir para autorizar los desembolsos. El Memorando todavía no existe, Caputo dijo que el acuerdo tiene el visto bueno del equipo técnico del Fondo pero aún está siendo evaluado por el board.

En todo caso, el Gobierno parece haber desoído la recomendación del Fondo, quien sostuvo que "es clave un amplio apoyo político y social" para firmar el acuerdo.

¿Estabilidad cambiaria?

“La discusión de fondo con el FMI es el regimen cambiario, que tiene que ver con cómo se organiza el mercado en el país. Eso implica discutir la sostenibilidad del dólar blend, la intervención para bajar la brecha cambiaria, el ritmo de la devaluación oficial y los riesgos de una eventual salida del cepo. Los antecedentes del equipo económico le juegan en contra al Gobierno: Caputo como ministro de Mauricio Macri desobedeció al Fondo y usó los desembolsos para intervenir en el mercado de cambios, y también la factibilidad de que consiga el apoyo político para el acuerdo”, sostiene Federico Pastrana, director de CP Consultora.

En su último informe indicó que “la programación cambiaria arroja como resultado la necesidad de conseguir fuentes alternativas de financiamiento, lo cual explica la relevancia de las negociaciones con el FMI. Si bien existe un optimismo basado en la victoria de Trump, las negociaciones deben lidiar con i) un esquema cambiario que el FMI es reticente a aceptar y el gobierno modificar, ii) la sustitución de acreedores; iii) los antecedentes del equipo económico en relación con el incumplimiento de las pautas, y iv) la necesidad de un acuerdo político amplio”.

El desbalance cambiario arroja para 2025 un rojo que oscila entre los 9.000 y 15.000 millones de dólares según las estimaciones privadas. Este año “las tensiones propias de los períodos electorales en Argentina deberán convivir con los efectos de la recuperación económica, la apreciación y apertura cambiaria y un esperable paulatino agotamiento del aporte financiero del blanqueo”, sostiene el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “La apreciación continúa dificultando la acumulación de reservas, no solo por el déficit creciente en la cuenta corriente, sino también por la necesidad de intervención en los mercados financieros para mantener bajo control la brecha cambiaria”, completaron.

En enero el déficit de la cuenta corriente cambiaria fue de 1.656 millones de dólares, registrando saldo negativo por noveno mes consecutivo pese al incremento de las exportaciones de bienes (por el dólar blend se recaudan menos dólares) y además se aceleraron las importaciones. A esto se suma el déficit en la cuenta de servicios por los gastos de turismo en el exterior que fueron récord desde febrero de 2018. En líneas generales 2025 plantea perspectivas muy diferentes a las de 2024 en materia cambiaria.