Gabriel Villalba es un adolescente trans de 17 años y cumple los 18 en agosto. Después de varios meses de realizarse estudios médicos, hasta en diciembre pasado pudo acceder a la testosterona, la hormonización masculina. El miércoles 5 de febrero, Villalba estaba alegre porque su endocrinólogo le había subido la dosis hormonal, pero su alegría no duró mucho: al poco tiempo el Gobierno Nacional reformó la Ley de Identidad de Género: con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, el Ejecutivo prohibió que las y los menores trans de 18 años puedan acceder a las terapias de hormonización y también al cambio de género en el registro estatal. Para estas restricciones, La Libertad Avanza partió de la mentira de que las infancias y adolescencias trans podían someterse a intervenciones quirúrgicas y de un supuesto informe sobre las repercusiones de las terapias y cirugías en la salud mental de esta franja etaria, un documento al que los equipos médicos que atienden a población trans no han podido acceder, según supo Soy.
Villalba pudo realizar años atrás el cambio de su género en el DNI, pero su preocupación inmediata es otra: “Me queda testosterona para dos meses. Después ya no sé que voy a hacer, los médicos tampoco quieren arriesgar su trabajo. El endocrinólogo está asustado, con miedo a que le saquen la licencia. Es angustiante que me quede poco. No tengo plata para comprar testosterona”, lamenta el adolescente, quien es parte de la Secretaría de Familia de Niñez y Adolescencia Trans (NNA Trans), de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+).
Como él, muchos adolescentes, dice, están angustiados. Y es que más allá de acceder a los servicios médicos con equipos especialistas en salud trans, lo que a las niñeces y adolescencias trans les preocupa es que el Estado les imposibilite el derecho a la identidad con la restricción de hacer el cambio de género en sus documentos y, por otra parte, que el Gobierno Nacional condicione el trabajo de los equipos médicos que atienden a esta población, al punto de que las y los especialistas tengan temor de que les retiren sus matrículas en caso de seguir ejerciendo su trabajo con los menores de edad, pero incluso, de acuerdo con Villalba, con los mayores de edad que ya tenían programadas citas desde antes de la reforma a la ley.
Por estas vulneraciones causadas por el Gobierno Nacional, Villalba y otras familias trans, acompañados por FALGBT+, han presentado un amparo a justicia, para que esta frene la reforma a la Ley de Identidad de Género. La Federación, además, se ha puesto a disposición para asesorar a otras familias que quieren ampararse ante la justicia. En Tucumán, dos organizaciones también han pedido al Poder Judicial un cese a la reforma de ley.
La Ley de Identidad de Género argentina, aprobada en 2012, se convirtió en un modelo mundial. No solo despatologizó a las identidades trans, sino que dio herramientas al de salud para una atención integral a este colectivo que, por hoy, sigue teniendo una esperanza de vida de 35 años en América Latina.
Previo y después de la multitudinaria marcha que organizó el colectivo LGBTIQ+ en contra del Gobierno, el 1 de febrero, luego de que el presidente Javier Milei atacara a la diversidad sexual, a las mujeres, a migrante y ambientalistas en el Foro Económico de Davos, Suiza, la narrativa oficialista estuvo encaminada a desinformar sobre las personas trans. Por ejemplo, Milei llegó a decir que habían centros de salud en la Provincia de Buenos Aires en los cuales se les mutilaban los genitales a los menores trans. La Ley de Identidad de Género no avala las intervenciones quirúrgicas en los menores, solo permite el freno puberal y las hormonizaciones.
“Que se deje de mentir, de llenar de odio, porque yo creo que un hijo es lo mejor que le puede pasar a los papás. Y ellos no están haciendo nada malo, pero hacen ver como que es aberrante lo que los chicos están haciendo. Yo quiero que se deje de generar odio, que nos represente el que nos tendría de cuidar, el Presidente”, reclama Jacqueline Correa, la mamá de Gabriel.
La familia asegura también que, a partir de la desinformación del Gobierno sobre las infancias y adolescencias trans, ha sido víctima de los discursos de odio, los cuales han sido más constantes después de que Villalba participara por primera vez como ponente en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, el pasado 11 de febrero. Si antes de la proliferación de estos discursos, según Villalba, en su colegio ya había un profesor que lo denigraba por su identidad, ahora tiene temor que ser mayor blanco de ataque en un espacio donde pasa la mayor parte del día, sobre todo porque es parte del Centro de Estudiantes, y esa posición le da mayor visibilidad. “Que yo tenga que ir a ver a gente así, por culpa de alguien que está generando odio, yo no lo quiero más. Yo no pienso destransicionar, no pienso esconderme en ningún lado, porque yo soy feliz de ser quien soy”, sostiene el adolescente.
El odio hace más difícil las barreras
Frank es un adolescente trans sordo de 19 años. A los nueve años le contó a su familia su identidad y a los 13 comenzó a visitar a especialistas en salud trans en el Hospital General de Agudos Dr. Juan Fernández. Aún con una ley que velaba por el derecho a su identidad, el camino durante su transición no fue fácil. Vaninna Russo, su madre, cuenta que a falta de intérpretes de señas para personas sordas en las instituciones públicas y privadas, la familia tuvo que pagar en todas sus consultas a un intérprete para tener mucho cuidado con las especificaciones que su hijo daba a los médicos y viceversa.
“Siempre decimos lo mismo que con Frank: tenemos doble barrera, porque es realmente así. Es una sociedad que no está preparada para ninguna minoría”, señala Russo, quien junto a Frank, desde su casa en Moreno, en la Provincia de Buenos Aires, advierten con preocupación los retrocesos que implican para las niñeces y adolescencias trans las reformas a la Ley de Identidad de Género. La familia es parte de los peticionarios que se han sumado al amparo presentado por la FALGBT+.
“Yo me siento muy mal, me siento angustiado. Todas las personas trans estamos angustiadas. Está todo muy complejo, muy difícil. Milei dijo barbaridades en Davos sobre comunidad. Ni siquiera las familias nos dicen quiénes tenemos que ser. Nosotros elegimos quienes queremos ser”, apunta Frank.
La petición de las dos familias, que representa la petición de otras familias con niñeces y adolescencias trans, es que el Estado y los gobernantes escuchen a las y los chicos trans, y al sector médico, que son quienes mejor conocen sobre géneros e identidad trans. “Es un tema profundo, no es como pintarse las uñas”, indica Russo, a quien le pesa que en medio de un contexto económico complejo para Argentina estas familias terminen pagando los “platos rotos”. “La homosexualidad, no se contagia, ¿por qué piensan que los van contagiar?”, exhorta por su parte Correa, la mamá de Villalba.
Después de las masivas marchas del 1 de febrero y del #8M, el Gobierno Nacional se aferra a su agenda en contra de los derechos humanos. El pasado sábado, en la antesala de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la Casa Rosada difundió un spot que dice: “Reafirmamos nuestro combate frontal a la ideología woke, que busca lucrar dividiendo a nuestra sociedad”.
Frank deja una invitación: “Hay que luchar por los derechos, basta de quedarnos en casa, de que nos pasen arriba. Tenemos que salir a luchar, tenemos que acompañarnos. Tenemos que informar. La gente se tiene que informar”.
