La Cámara de Comercio e Industria de La Plata manifestó su rechazo al Decreto 149/2025 del gobierno nacional, que elimina los aportes obligatorios que las empresas realizan a las cámaras empresariales a través de los convenios colectivos de trabajo. En un comunicado oficial, la entidad local advirtió acerca de las graves consecuencias que esta decisión tendría para la comunidad, especialmente por el impacto negativo sobre el funcionamiento del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), una herramienta clave en la formación y capacitación de trabajadores y empresarios, según aseguraron.
Desde la cámara platense argumentaron que los fondos que recibe el INACAP provienen exclusivamente de las contribuciones patronales y no implican ningún descuento al salario de los trabajadores. Por lo tanto, aclararon que “no es cierto que la eliminación del aporte se traduzca en un aumento para los empleados, como algunos sectores han querido instalar”. Además, remarcaron que esos recursos no se destinan a sindicatos, sino que son “administrados únicamente por las cámaras empresariales, que los invierten en capacitación gratuita y de calidad en todo el país”.
El INACAP, que funciona desde 2008, aportó a la formación a más de 8 millones de personas, incluyendo a empleados, empleadores y jóvenes que acceden a sus programas educativos. Según la Cámara, la existencia de este instituto permitió mejorar las habilidades y la competitividad de miles de pequeñas y medianas empresas, además de favorecer el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento de la entidad platense es que, en ciudades como La Plata, la actividad gremial empresaria no podría sostenerse sin este esquema de financiamiento. "Acciones como la defensa de la empresa privada, la promoción del comercio local y la representación ante el Estado quedarían en riesgo si solo se dependiera de aportes voluntarios", señalaron. En este marco, subrayaron que las gestiones que realizan las cámaras no solo benefician a los asociados, sino también a otras empresas, incluyendo a aquellas que no aportan, “por lo que sostenerlas con aportes voluntarios sería prácticamente inviable”.
Además, la Cámara defendió el carácter federal de estas instituciones, que muchas veces son las únicas voces que representan a las pymes locales frente a las autoridades. "Sin estos recursos, las cámaras perderían la capacidad de plantear propuestas, participar en negociaciones colectivas o trabajar junto al Estado en políticas públicas", aseguraron.
Qué dice y qué implica el decreto
El Decreto 149/2025, publicado a principios de este mes en el Boletín Oficial, establece que los convenios colectivos de trabajo ya no podrán obligar a las empresas a pagar aportes a cámaras o asociaciones empresarias, a menos que las propias compañías acepten hacerlo de forma voluntaria. El Estado nacional argumenta que estas contribuciones obligatorias “vulneran la libertad de asociación y de contratación de los empleadores, y que carecen de sustento normativo”. Por este motivo, la norma anticipó que no homologará nuevos convenios que incluyan este tipo de cláusulas, dando un plazo de 90 días para que las cámaras se adapten a la nueva normativa.
Desde el gabinete de Milei, además, sostienen que los convenios deben limitarse a fijar condiciones laborales y no imponer cargas económicas adicionales a los empleadores. Esta decisión forma parte de una presunta política más amplia del gobierno nacional para “reducir” los costos que enfrentan las empresas y cuestionar la intervención de las cámaras empresariales en las relaciones laborales.
Sin embargo, para la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, el impacto será mucho más profundo: implicará desfinanciar a las organizaciones que sostienen la representación de las pymes, el desarrollo de la capacitación profesional y la promoción de la actividad comercial local. "No se trata solo de defender intereses sectoriales, sino de preservar un mecanismo que, por más de 17 años, ha demostrado su valor para mejorar la competitividad de las empresas y las oportunidades de empleo para la comunidad", concluyeron.
Con este posicionamiento, la Cámara platense se suma a otras entidades del país que ya manifestaron su preocupación por las consecuencias de un decreto que, advierten, podría debilitar seriamente el tejido productivo y la representación empresarial, especialmente en las economías regionales.
