La política de seguridad en la provincia de Buenos Aires es pendular desde que la cuestión de delito se instaló en la agenda política y electoral a principios de los años ’90. El intento reformista del ministro Arslanian (1997/1998) fue neutralizado por el “meta bala” de Ruckauf (1999-2002). Una segunda tentativa bajo la gestión del gobernador Sola (2002-2007) fue luego torpedeado por las administraciones sciolistas (2008-2015).

Los célebres “pitufos” dejaron su legado. Fue el primer intento para conformar algo parecido a una policía de seguridad local, impulsado por la provincia. Al final, resulto una iniciativa netamente electoral y durante la gestión Vidal (2015-2019), pasaron al olvido. Esa gestión “amarilla” paso sin pena ni gloria, pese a los anuncios de mano pesada contra el crimen. Todo esto sazonado desde 2003 en adelante con la presencia de fuerzas federales y con la duplicación del tamaño de la policía provincial.

Como se ve, los intentos de cambios y contracambios de la política y de la organización policial fueron numerosos, muchas veces al compás de los procesos electorales. Iniciativas que resultaron parciales, incompletas, efímeras y se fueron superponiendo como capas tectónicas organizativas. En general todo se midió en términos cortoplacistas y puso de manifiesto la falta de capacidad técnico-política, para encarar este tipo de procesos, con cierta perdurabilidad.

Hay un tema que es necesario tener presente, aunque a los adláteres de la “mano dura” les disguste, el crimen no nace de un repollo. Surge de condiciones sociales que lo alientan. Si hay políticas que alientan la desregulación, la desindustrialización, la renta financiera y el repliegue del Estado; se gesta una situación de desigualdad social que impulsa el delito predatorio, como paso durante los 90. Por su lado, la acción policial tiene límites para controlar el delito. Es que esta no opera sobre las condiciones que enmarcan y eventualmente alientan el delito. Apenas intentar prevenir y contener sus efectos, por mas que se alardee con “mano dura” y proliferen policías y patrulleros, cámaras y Centros de Monitoreo.

Alguien cree que el éxito de Rudolph Giuliani-William Bratton en Nueva York durante los 90, no tuvo nada que ver con la mejora de las condiciones sociales y económicas que la administración de Bill Clinton aseguro. Está claro, hubo gestión policial por resultados, mapeo criminal, “compstat”, un férreo control sobre la corrupción policial, participación ciudadana; no solo “tolerancia cero”; pero además un contexto social y económico que mostró mejoras sustanciales.

Si un gobierno logra, más o menos, gestar un policía con capacidad para reaccionar rápido y en forma ante hechos delictivos, que este más o menos controlada en términos de abusos y componendas con el mundo criminal, que atienda la necesidad del vecino con prontitud y buena predisposición y que asegure en alguna medida “el control de la calle”, solo eso, es un avance fenomenal.

Además, el sistema punitivo está compuesto por otros actores que también deben ser reformados y actualizados en profundidad; el poder judicial, el ministerio público, el sistema penitenciario. Pero la policía y los funcionarios de seguridad con el fusible político más visible y a mano, de una estructura, por cierto, bastante opaca para la ciudadanía.

Los partidos del Gran Buenos Aires constituyen un conglomerado de más de 11 millones de habitantes, 24 distritos, más de 3500 kilómetros cuadrados y concentra casi el 60 por ciento de la población bonaerense. Combina sectores pobres y sectores medios, así como bolsones de elevado poder adquisitivo. En un contexto de políticas nacionales desregulatorias, una aguda desigualdad se alimenta con potencia y complejiza la cuestión de la seguridad. Esta se ha convertido en un desafío político fenomenal, que demanda en serio trabajar de manera concertada y no exclamar pelotudeces, pero parece que eso está de moda.

La Policía bonaerense tiene 90 mil efectivos, es responsable de una jurisdicción enorme, 307.571 kilómetros cuadrados, más de 17 millones de habitantes, 135 municipios, problemáticas criminales diversas y complejas y un ministerio de seguridad por lo menos “endeble”, en cuanto a sus capacidades de gestión. Las marchas y contramarchas no han permitido configurar una organización adecuada para los problemas criminales contemporáneos, ni para el tipo exigencia política que hoy se demanda a la dirigencia gubernamental.

Parece razonable avanzar en un esquema de gubernamental de seguridad con más presencia en el territorio, una organización policial operacionalmente más descentralizada, más cercana a la comunidad y mejor vinculada con las autoridades locales. La opción de conformar 5 o 6 cuerpos policiales regionales con autoridad -verdaderas policiales regionales-, enfocados en la seguridad preventiva y en la investigación ordinaria parece razonable. Más próximos a los problemas delictivos, a las demandas sociales locales y a las autoridades municipales. A la vez, mantener sistemas centralizados de investigación compleja, capacitación y logística.

La cuestión de la seguridad municipal ya parece eterna. Hay alternativas, por lo menos para los grandes centros urbanos; se otorga autoridad real y efectiva a las autoridades municipales con respecto a la policía provincial; o se conforman verdaderas policías municipales, mediante acuerdos de transferencia de competencias y presupuesto con la Provincia de Buenos Aires, hay propuestas legislativas al respecto, que duermen. Por cierto, la provincia debería continuar con el proceso de modernización tecnológica y perfeccionar aún más la gestión de esos instrumentos que permiten mapear el delito, atender y ordenar la demanda ciudadana, reaccionar rápido ante el crimen, controlar la respuesta policial y supervisar efectivamente su funcionamiento.

Sobre la base de hecho delictivos reales y de una situación históricamente compleja, la inseguridad es instrumentalizada electoralmente de manera salvaje, hoy contra el gobernador Axel Kicillof. La “carga ideológica”, el desprecio político y la violencia verbal se aprovecha del sufrimiento ciudadano, en especial desde el oficialismo libertario. Suena anticuado, atemporal e incluso iluso; pero si no se avanza seriamente en un esquema construcción institucional real, no hay solución al problema de la inseguridad, gobierne quien gobierne en la provincia. Me permito ser poco optimista.     

(*) Docente de la UNQ y la UMET.