Por fin. Después de días de silencio, visitas exprés y frases para el olvido, el Congreso se puso de acuerdo y aprobó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses que el 7 y 8 de marzo quedaron bajo el agua. Lo hizo por unanimidad. Una rareza en estos tiempos de insultos y bloqueos legislativos.

La declaración de emergencia obliga al gobierno nacional a destinar partidas extraordinarias para la asistencia y reconstrucción. No se fijó un monto: será una “mesa de trabajo conjunta” entre Nación, provincia y municipios la que defina la cifra. Así, la Casa Rosada podrá seguir haciendo cuentas mientras los vecinos siguen sacando barro de sus casas con baldes.

Agua hasta el cuello, pero sin números

El proyecto aprobado en Diputados tuvo consenso y algo más difícil: responsabilidad. Al menos desde el Congreso. La emergencia tendrá una vigencia de 90 días, prorrogables, y prevé medidas como:

  • Créditos con tasas bonificadas para afectados.
  • Suspensión de juicios y ejecuciones.
  • Exenciones impositivas y regímenes especiales de pago.

En paralelo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó que se necesitarán 400 mil millones de pesos para paliar los daños. ¿Habrá billetera o aparecerá el fantasma del déficit otra vez?

Milei llegó tarde, seco y escoltado

Pasaron varios días hasta que el presidente Javier Milei pisó Bahía Blanca. Cuando lo hizo, no se acercó a los vecinos ni caminó entre el barro. Custodiado por un operativo que marcó una distancia de casi una cuadra, escuchó —desde lejos— los reclamos de quienes perdieron casas, recuerdos y, en muchos casos, la esperanza de que algo cambie. Según sus voceros, “ahora sí vio la magnitud del evento”. Tarde y desde lejos. Como siempre.

Antes de esa visita exprés, el jefe de Gabinete Guillermo Francos ya había dejado claro el enfoque libertario de la emergencia: “La reconstrucción es un tema del municipio y la provincia”, dijo sin titubeos. Luego agregó que la Nación “hará lo que pueda”. En criollo: buena suerte, que Dios los asista. O Elon Musk, si anda por ahí.

“Ellos tienen que tener un plan para hacerlo y nosotros colaborar en ese plan”, explicó Francos en una entrevista radial. El Estado nacional, por lo visto, queda como invitado opcional. Apoya si quiere, si puede y si no es mucho problema.

En el país donde la libertad se mide en recortes, cada cual se rasca con su uña. Y si se inunda, también.

Después del barro, el olor

Uno de los discursos más conmovedores en la Cámara de Diputados fue el de la radical Karina Banfi, diputada oriunda de Bahía Blanca. “Nos tapó el agua. Algunos perdieron cosas, otros lo perdieron todo. Y otros, la vida”, relató con voz quebrada en el recinto. Sus palabras cruzaron la grieta a fuerza de realidad: una ciudad devastada no se reconstruye con promesas ni con tuits.

“El agua va a bajar, pero va a quedar el olor a humedad mezclado con olor a mierda”, dijo Banfi. “Y después, la desolación”. No hablaba solo de su ciudad. Hablaba de un país donde la política parece ausente hasta que el barro llega a las puertas del Congreso.

El proyecto aprobado ahora debe pasar al Senado. La emergencia ya está en las calles. Lo que falta es que el Estado, ese al que el presidente acusa de todos los males, se haga cargo por una vez. Porque las ideas no secan el barro. Y la lluvia no pregunta a quién votaste antes de destruirlo todo.

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