La decisión de Vicentin Saic de abonar solo el 30% del salario de febrero a sus empleados provocó –junto a otras demandas del sector laboral- el anuncio de un paro nacional de trabajadores aceiteros, que ni siquiera alcanzó a iniciarse porque la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, el martes por la noche. Pero desnudó la jugada de la agroexportadora concursada, que “apura” al Poder Judicial para que resuelva el expediente mediante la homologación del acuerdo de pagos a los acreedores que tiene firmado, y que está cuestionado judicialmente. “Ellos querían un paro nacional para tener impacto y que el poder apolítico apure a la Justicia para resolver el concurso”, dijo a Rosario/12 una fuente que participa de las negociaciones. “Pero les salió el tiro por la culata, porque la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), pidió la conciliación y los dejaron afuera”, abundó.

Efectivamente, el acta de conciliación obligatoria que evitó el paro nacional menciona a la Cámara y a algunas empresas, pero no a Vicentin. Por ese motivo, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo, mantiene la medida de fuerza que consiste en una “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone y el puerto de San Lorenzo, según confirmó a este diario Martín Morales, secretario gremial de la entidad.

Conocido el anuncio del paro el martes por la tarde, la Ciara difundió un comunicado en el que señaló su “profundo rechazo a la decisión sindical de paralizar todas las actividades de la industria aceitera y exportadora del país por un conflicto sindical del que resulta absolutamente ajeno”.

“Vicentin y los sindicatos quienes deben resolver el asunto; establecer una mesa de trabajo y alcanzar los entendimientos necesarios y posibles, pero sin alterar el normal funcionamiento de toda la agroexportación”, añadió la Cámara. “Desde que entró en concurso, la Ciara le soltó la mano a Vicentin”, dijo la fuente de marras. El comunicado agrega que “toda la Argentina está haciendo un esfuerzo sustantivo para estabilizar la economía nacional y nadie tiene derecho de poner este bien común en juego por un interés particular, por importante que pueda ser para los afectados".

Para verte mejor

Paralelamente, el juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, firmó una resolución por la cual designó dos veedores y controladores de la administración de la empresa, sin desplazamiento del directorio. Una suerte de intervención light. La cerealera, que está concursada desde marzo de 2020, estuvo intervenida por el juzgado civil y comercial de Reconquista hasta agosto pasado.

“Nosotros lo que pedimos el viernes (7 de marzo) en la audiencia judicial, y que lo pidieron varios, como el Grupo Grassi y el Banco Nación (que también son acreedores), es la intervención de la empresa”, dijo Morales a Rosario/12. “Porque cuando terminó la intervención, el 31 de agosto del año pasado, empezaron los problemas de caja”, completó.

Morales recordó una frase que dijo en la audiencia del viernes 7 en el juzgado de Lorenzini, donde se reunieron las partes interesadas en el concurso preventivo de la agroexportadora: “Pongan a alguien para controlar a estos tipos, porque si no nunca va a alcanzar la plata”.

Sin embargo, el juez tomó un camino intermedio: no firmó la intervención de la administración de la empresa -atento a que el expediente está en manos de la Cámara Civil y Comercial de Rafaela, por decisión de la Corte Suprema provincial-, sino la desginación de dos veedores para que pongan un ojo en lo números de Vicentin.

“Se establecerá por lo tanto, una veeduría de control y seguimiento de la administración, sin desplazamiento de los actuales directores, y por un lapso inicial de 120 días; prorrogables en virtud de las circunstancias imperantes a la fecha de su vencimiento inicial, o mediando una petición expresa del comité de acreedores en tal sentido”, dice la resolución firmada por Lorenzini.

En la audiencia del 7 de marzo, Vicentin expuso que “no contaban con la liquidez necesaria para afrontar el pago del 100% de los haberes correspondientes al mes de febrero de 2025 de su nómina salarial, cupo vencimiento operaba el día lunes 10 de marzo de 2025”. Lo cual, para el sindicato de aceiteros, se trata de una posible “extorsión” para que se defina la situación judicial.

Ante ese planteo empresarial, tanto el acreedor comercial mayoritario Grassi como los sindicatos del sector y el Banco Nación le solicitaron al juez la intervención. En la resolución del martes, Lorenzini señala que “este vaticinio -tristemente- se cumplió en el día de ayer (por el lunes) cuando la empresa en crisis anunció que abonaría solamente el 30% de los salarios de su plantilla”. Añadió en la resolución que “por lo tanto, consideramos razonable y ajustado de derecho asumir la instauración de mecanismos de seguimiento y control de la administración” de la cerealera.

El magistrado resolvió que “los expertos designados para cumplir este rol procesal concursal serán, el contador público nacional Andrés Shocrón y el doctor Guillermo Nudemberg, en mérito a su labor anterior, dado el conocimiento precedente de los negocios y operaciones de la sociedad concursada, y por su acreditada idoneidad técnica; y ostentarán un doble rol de consultores técnicos del comité de acreedores y auxiliares del tribunal”. Según lo que vean, el juez puede adoptar la decisión de intervenir a Vicentin.

Sigue el paro

La empresa se presentó ayer por la mañana a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la que también participaron el Soea San Lorenzo y funcionarios de la cartera de Desarrollo Productivo de Santa Fe. “Intercambiamos opiniones y los funcionarios dijeron que iban a tratar de gestionar y ver en qué pueden colaborar para que el proceso salga adelante”, dijo Morales sobre el resultado del encuentro, que fue bastante magro.

El dirigente explicó que “sigue la retención de tareas en Vicentin” y también en Renopack -otra firma del grupo- “que no está concursada, no tiene ningún problema económico denunciado o registrado, pero también pagó solo el 30% de los salarios”.

Además, el dirigente de la conducción del Soea San Lorenzo dijo que también se retomó la medida de fuerza en la planta de biodiesel de Explora, ubicada en Puerto General San Martín, por el despido de cuatro trabajadores. La cartera laboral santafesina había dictado la conciliación obligatoria, pero al finalizar su plazo la empresa decidió mantener las cesantías, que para la organización sindical obedece a una cuestión de disciplinamiento de sus trabajadores, que reclamaron por la falta de pago de un bono contemplado en el acuerdo paritario del año pasado.