Desde el inicio mismo de su gestión, con el propósito de acallar manifestaciones contrarias a sus decisiones, el gobierno nacional desarrolló una política de represión y criminalización de la protesta social.

Para hacerlo se dotó de distintas normas administrativas –el llamado “Protocolo Antipiquetes” es el más conocido- absolutamente ilegales, tanto porque invaden facultades propias del Poder Legislativo como porque violentan elementales derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional.

La Comisión Provincial por la Memoria monitorea desde enero de 2024 el accionar de las distintas fuerzas de seguridad que ejecutan aquella política pública. A fin de ese año presentó un extenso informe en el que analiza los datos relevantes de la actividad represiva: implementación de operativos irrazonables y costosos; 1.216 personas heridas; 93 personas detenidas arbitrariamente; realización de tareas de inteligencia ilegal; infiltración policial en las filas de manifestantes y portación de armamento prohibido. En las 60 marchas relevadas, las fuerzas de seguridad desconocieron los principios jurídicos de legalidad y proporcionalidad de su actuación que siempre deben respetar.

El violentísimo castigo a las personas jubiladas que marcharon en reclamo de la recomposición de sus haberes el miércoles 12, profundizó el accionar represivo y permite avizorar que la crueldad irá en aumento.

Una vez más debemos afirmar que todas las acciones vinculadas a la limitación o conculcación del derecho a la protesta, derecho que es derivación natural de los derechos de expresión, reunión y petición, están amparadas por el texto de la Constitución Nacional.

El Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto al derecho a disentir y a reclamar. La fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de ese derecho, jamás para reprimirlo. La protección de la vida y la integridad física de todas y todos los manifestantes debe ser siempre una prioridad.

La protesta social es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo.

Pretender la criminalización de la protesta social para resolver reclamos es exigir al Poder Judicial y a las policías una solución que debe provenir del poder político y ser materializado mediante políticas públicas adecuadas.

Los derechos al reclamo y la protesta son indispensables para garantizar la existencia misma de un sistema democrático de gobierno. Sin ellos la democracia se desnaturaliza por no admitir voces disidentes. La libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que hay que defender hasta las últimas consecuencias.

*El autor es Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).