La Cámara Nacional Electoral falló sobre las elecciones internas de la UCR bonaerense y volvió calentar una olla a presión. Con un escrito que pide volver a votar en mesas que fueron impugnadas, la consagración de Miguel Fernández o Pablo Domenichini quedó en un impasse. Sin un vencedor oficializado y con el vencimiento del mandato de Maximiliano Abad el 21 de marzo, nadie se anima a afirmar qué sucederá con la presidencia del Comité Provincia.

Con la decisión de la CNE que acordó que es “necesario” volver a votar en las mesas anuladas de los distritos de Ezeiza, Quilmes y La Matanza, el virtual triunfo del oficialismo no se consumó. Además, la Justicia marcó al juez en primera instancia que debe utilizar el mismo criterio en las impugnaciones presentadas por la lista opositora, Futuro Radical, en los municipios de Tigre, General Pueyrredón, San Martín y Villarino.

Sin resultados definidos, en una semana debería darse el cambio de mando. Para la vereda opositora que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau y llevó a Domenichini de candidato, todos los caminos conducen a una intervención. La intervención estaría en manos del Comité Nacional que, paradójicamente, conduce Lousteau, quien debería designar un interventor “según manda la Carta Orgánica del partido”.

Un fallo reavivó el fue en la interna de la UCR bonaerense

En las filas opositoras, consideran que, de llegar al 21 de marzo sin un presidente electo, el partido quedaría acéfalo en el plano bonaerense. Es aquí donde el oficialismo levanta la mano y advierte que en el artículo 94 de la Carta Orgánica de la UCR provincial la acción que deviene de la acefalía no es la intervención.

“En caso de acefalía del Comité de la Provincia, asumirá sus funciones la Mesa Ejecutiva de la Honorable Convención”, afirma el citado artículo. Pero agrega: “Que completará el período si faltare menos de un año para terminar el mismo o convocará a elecciones internas para dentro de los treinta días subsiguientes en caso de que faltare más de un año para terminar el período”. Aquí la situación es otra, ya que se da el fin de un mandato, por lo que resta por verse cuál será la última decisión.

Además, la Carta Orgánica del Comité Nacional habla de la posibilidad de una intervención en su octavo artículo como parte de las funciones de la Convención Nacional. En el inciso jota la cuestión es clara: "decidir, con el voto de la mayoría simple de sus miembros, la intervención a distritos, cuando alguna situación de grave anomalía institucional o política afecte el normal funcionamiento partidario en ese ámbito".

Todo este escenario cobró vuelo luego del fallo de la CNE que, en parte, otorga la razón a Alejo Ramos Padilla sobre “irregularidades” en el escrutinio y considera necesario repetir la votación de algunas mesas en siete distritos que acaudalaron mucha conflictividad a la hora del conteo.

Desde las últimas horas del 6 de octubre de 2024, las miradas del oficialismo apuntaron, principalmente, al partido de Quilmes. Allí, las actas entregadas a la Junta Electoral partidaria a nivel provincial arrojaron un triunfo de Domenichini con 6.989 votos contra 230. También hubo ruido con los números de La Matanza, Ezeiza y Lanús, por lo que el oficialismo decidió impugnar y no tomó como válidos los datos de algunas mesas.

En la misma sintonía, Ramos Padilla convalidó estas decisiones y, producto de “adulteración de documentación” y múltiples fundamentos, optó por aceptar las impugnaciones y anular las mesas en cuestión.

Ante este panorama, la oposición apeló. Y aquí surge otro punto donde el oficialismo hace foco. El fiscal que dictaminó sobre la presentación de Futuro Radical, la lista de Domenichini, fue Ramiro González, recordado por su pomposa fiesta de cumpleaños que incluyó un recital de Cristian Castro y más de 200 invitados a fines del año pasado.

Entre las filas del abadismo no dejan de señalar que entre los asistentes a la celebración estuvo Emiliano Yacobitti, ladero estructural de Lousteau. De todas maneras, la oposición sostiene que Abad es un hábil dirigente en el plano judicial. Incluso, coincidieron con un sector del peronismo a la hora de subrayar que la fallida negociación por el presupuesto provincial estuvo atada a la voluntad de Abad por querer imponer el nombre de su esposa como candidata a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.