La jueza Karina Andrade se defendió este sábado de las críticas del Gobierno por haber liberador a 114 personas detenidas tras la represión del miércoles frente al Congreso. La magistrada negó ser integrante de La Cámpora y justificó su decisión en el poco lugar disponible en las alcaidías porteñas. 

“Jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliación gremial en Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires]), estoy en Mafucaba (Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad), como todos los funcionarios del Poder Judicial, porque no hay incompatibilidad”, dijo esta mañana en declaraciones radiales. 

“Los jueces y las juezas estamos sometidos a escrutinio público, por eso estoy dando mi voz. Pero lo que hice es lo que debía hacer como jueza, eso juré, cumplir la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos. Me formé en las aulas de la UBA con los mejores maestros y maestras, y la mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución Nacional que reposa en su escritorio permanezca inalterable ante los vientos políticos, eso es importante para mí”, añadió.

Andrade está a cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital. Se inició en el fuero porteño, fue a trabajar a la Justicia Federal y regresó. En Comodoro Py pasó por el Tribunal Oral Federal N° 8 a cargo de la jueza María Gabriela López Iñiguez, de quien fue secretaria.

En la noche del miércoles decidió sobre la libertada de los 114 detenidos  (94 de la Policía de la Ciudad y diez de las fuerzas federales). “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12  (de la noche) , que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, subrayó Andrade.

Resaltó que las alcaidías (de las cuales se han fugado presos en las últimas semanas) "están superpobladas, la Policía de la Ciudad tiene que trabajar con funciones penitenciarias cuando no le corresponde. Hay una emergencia, no hay lugar ni condiciones para ingresar a esa cantidad de personas, ¿dónde iban a pasar la noche?”.

Sobre el futuro de la investigación, señaló que "nadie dice que los antecedentes no van a ser ponderados, el tema a decidir era cuándo” y que la fiscalía deberá determinar si hubo o no detenciones ilegales. 

“Si como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención con datos mínimos, debo hacerla cesar y luego seguirá la investigación. Era una situación de urgencia, en un contexto de priorización de derechos”, expresó Andrade, que será recusada por el gobierno porteño, en diálogo con Radio 10.

Finalmente, manifestó que "tuve en cuenta también qué grupo de personas estaba involucrado en esta convocatoria, que forma parte de un derecho constitucional, eran adultos mayores, y como jueza tengo deber de protección especial" y que "mi decisión debía valorar a personas que necesitaban una respuesta rápida, la situación y los derechos que tenía que preservar primero y cuáles después”.