Si 2024 se caracterizó por ser un año en el que la cooptación estuvo al alcance de la mano para el gobierno libertario, 2025 arrancó con cancha inclinada. Los primeros días tras la apertura de sesiones estuvieron atravesados por el "criptogate", un escándalo que no solo sacudió al oficialismo, sino que además impuso un ritmo y una agenda que comenzó a marcar los tiempos y los límites al gobierno. En un Congreso cada vez más desafiante, la administración de Javier Milei enfrenta días decisivos, con el Poder Legislativo dispuesto a ponerlo por primera vez en jaque.

La semana que pasó estuvo atravesada por una serie de reveses que encendieron las alarmas en la Casa Rosada. La Cámara de Diputados logró reunir un quórum de 134 legisladores para discutir iniciativas contrarias al gobierno, un número que generó preocupación más allá del bloque libertario. La fatídica sesión no solo dejó a tiro de dictamen la posibilidad de avanzar con la interpelación de funcionarios, incluida Karina Milei, sino también la conformación de una comisión investigadora por el "Criptogate".

El debate, que terminó en escándalo, representó una derrota política para el oficialismo y también expuso la arbitrariedad de Martín Menem, que no pudo garantizar el normal funcionamiento de la Cámara Baja, además de generar un gran malestar en todos los bloques. Un día después, otra derrota. Los libertarios se vieron obligados a suspender la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde debía debatirse el DNU de la deuda con el FMI. Por esas paradojas del destino, los dos diputados que protagonizaron los golpes en el recinto, Lisandro Almirón y Oscar Zago, forman parte de esa comisión, lo que evidenció no solo la dificultad para sostener la paz, sino también las dudas sobre la posibilidad de reunir las firmas necesarias para un dictamen favorable.

El Senado, por su parte, quedó a un paso de rechazar los pliegos de los dos jueces de la Corte Suprema designados por decreto. Unión por la Patria convocó a una sesión para el próximo jueves a las 12 del mediodía y el gobierno ahora depende de la buena voluntad de su enemiga íntima Victoria Villarruel para estirar los tiempos.

Martín Menem, en el ojo de la tormenta

La escandalosa sesión en Diputados convirtió al presidente de la Cámara en el blanco de la oposición, que evalúa posibles sanciones e incluso su remoción del cargo. Su decisión de cerrar abruptamente el debate desató una fuerte reacción en distintos bloques, que interpretaron su accionar como un intento deliberado de bloquear el funcionamiento de la Cámara Baja. Además, lo acusan de incumplir acuerdos parlamentarios y de “violentar códigos” como dejar comisiones acéfalas.

Desde Unión por la Patria, llovieron los cuestionamientos pero aún no hay una postura unificada. “Si el presidente hace trampa, se rompe todo. No es un tema de ética es un tema de institucionalidad”, dijo una diputada. Otro referente de ese espacio advirtió que “le va a costar conducir las sesiones por su accionar incorrecto”.

Sin embargo, en el resto de los bloques prevalece la cautela, ya que el presidente de la Cámara es el tercero en la línea sucesoria. Desde uno de los espacios que impulsaron la creación de una comisión investigadora señalaron a Página/12 que evaluaron el rol de Menem a puertas cerradas tras la sesión y que, si bien “su manejo del debate les pareció terrible, no consideran retirarle el aval, porque nunca ocurrió algo así y podría interpretarse como un gesto golpista”.

El cierre abrupto de la sesión no fue el único dolor de cabeza para Menem. El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, lo señaló directamente al vincularlo con el escándalo cripto y exigir explicaciones en medio de la sesión más caliente del último año. “Usted, presidente, con todo respeto, es uno de los que tiene que dar explicaciones”, dijo al comenzar su intervención, que derivó en un tenso cruce con él. Finalmente, remató con una frase contundente: “Demuestre usted que no está sospechado”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Oscar Zago, quien primero pidió disculpas en una entrevista televisiva para luego disparar: “Que Menem no se equivoque. Me da sospecha que no quiera una investigación; con esto ensuciamos al Presidente, que es el único que debe estar limpio. No tengo duda que recibieron orden de cometer agresiones”.

Semana recargada

El martes y el miércoles serán días clave en el Congreso en torno a la investigación por la cripto estafa. El gobierno deberá reconstruir puentes con los sectores dialoguistas para intentar frenar el avance de los pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios. La agenda parlamentaria también contempla un plenario de comisiones, donde se buscará dictaminar sobre la conformación de una comisión investigadora.

Los números que permitieron el emplazamiento a comisión generaron preocupación en la Casa Rosada y sorpresa en los sectores más combativos de la oposición. Los pedidos de informes obtuvieron 146 votos a favor, mientras que la comisión reunió 134, ambos por encima de los 129 necesarios para aprobar cualquiera de estas iniciativas.

El mismo martes a las 16, el oficialismo convocó a la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde intentará conseguir el aval del Congreso al DNU para la toma de un nuevo crédito con el FMI. Sin embargo, sus planes podrían verse alterados ya que Unión por la Patria buscará quedarse con la presidencia de esa bicameral para frenar los planes de Milei y Caputo. Las negociaciones están en marcha e incluyen a Encuentro Federal.

El jueves, la tensión se trasladará al Senado. Los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla podrían ser rechazados por la Cámara alta. El peronismo pidió una sesión, convencido de que tienen los votos para revocar los pliegos. El oficialismo también movió sus piezas y presentó un pedido para tratar Ficha limpia que ya cuenta con media sanción en Diputados.

La duda es cómo jugará Villarruel que viene de desmarcarse del gobierno por la represión a jubilados e hinchas el último miércoles. Si juntara los dos pedidos obligaría a Unión por la Patria a dar quórum para discutir el proyecto que denuncian como proscriptivo.