El Congreso tiene en la mira a las agencias de seguridad e inteligencia del Gobierno de Javier Milei después de la represión del miércoles pasado a la marcha en apoyo a los jubilados. Hay pedidos para que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) cite a Patricia Bullrich y al jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Sergio Neiffert.

Horas después de que Pablo Grillo fuera alcanzado por un disparo de un lanzagases mientras registraba la represión policial, Bullrich apareció en un canal de noticias minimizando la situación por la que atravesaba el muchacho que ya debió ser intervenido en dos oportunidades. “Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la municipalidad de Lanús con Julián Álvarez”, se despachó la funcionaria que, en las últimas horas, consiguió el respaldo de Javier Milei.

Ser kirchnerista, comunista, macrista o libertario no es un delito. La supuesta identidad política de una persona no es un dato que debería tener Bullrich. La ley de Inteligencia (25.520) prohíbe en su artículo cuarto obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones políticas partidarias.

Al escuchar a Bullrich, saltó la alarma en Unión por la Patria (UxP). El jueves, sus integrantes presentaron una nota ante el senador radical Martín Lousteau, presidente de la CBI, para que cite a Bullrich a comparecer ante el pleno del cuerpo. Le dijeron que las manifestaciones públicas de la ministra daban cuenta de la posible existencia de bases con datos clandestinas con información sobre la filiación política y laboral de las personas.

“Entre las actividades ilegales que rodearon la salvaje represión del 12 de marzo, hay que agregar en el haber de las violaciones de las que tiene que hacerse cargo Patricia Bullrich acciones de inteligencia que están expresamente prohibidas por la ley”, le dijo a Página/12 Leopoldo Moreau, vicepresidente de la CBI.

La situación se agravó después de que Clarín revelara que el viernes se hizo una reunión en el Ministerio de Seguridad para organizar el operativo para el próximo miércoles. En el encuentro habrían estado Neiffert y su número dos en la SIDE, Diego Kravetz. También habría sido de la partida Ricardo Ferrer Picado, director de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad.

“No podrían haber participado de esa reunión. Es inteligencia previa. Los vamos a sumar a la citación”, anticipa Moreau. Lousteau debería convocar a la comisión para analizar el pedido. Si los radicales lo apoyan, la CBI estaría en condiciones de llamar a Bullrich, Neiffert y compañía a dar explicaciones.

La CBI abrió el año pasado una investigación después de la represión contra quienes estaban en las inmediaciones del Congreso cuando se discutía la Ley Bases. Tres de los detenidos declararon que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) los había interrogado acerca de sus identificaciones políticas, algo que está prohibido.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó en enero a la CBI que registraron tareas de inteligencia ilegal en manifestaciones, incluso en la que se hizo el 27 de diciembre pasado en la exESMA. “Lo que venimos viendo es la participación de policías de civil para generar caos o para registrar quiénes están en las marchas”, dice Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

La resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad –más conocida como el protocolo antipiquetes– creó un registro de organizaciones que participan en cortes de calles. Esta base de datos –cuya legalidad está discutida en los tribunales– supuestamente no puede contener nombres de personas físicas salvo que haya “resolución judicial sobre ellas”.

El viernes, Bullrich denunció que la marcha del miércoles había sido organizada desde los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora. Dijo que tenía fotos. El fiscal Franco Picardi le dijo que aportara las pruebas. Todavía no llegó nada a la fiscalía de Comodoro Py.

“Pueden tomar fotografías de personas cometiendo delitos, pero personas yendo a una movilización es inteligencia ilegal. Es investigar a las personas en función de sus actividades políticas”, advierte el abogado Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).