Un tribunal oral federal rosarino tomó en los últimos días una decisión que levanta polémica en la causa judicial conocida como el Villazo. "En el mes de la memoria, nos vemos consternados por medidas que golpean a todo el colectivo de Derechos Humanos y a víctimas y familiares de esta causa. Se denegó el traslado del veredicto final a Villa Constitución, como así también se rechazaron certificados médicos a víctimas y familiares sobre quienes se ordenó que sean estudiados nuevamente", denunció la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) Rosario. 

"Estas últimas decisiones del Tribunal además de ser contrarias a la normativa en este tipo de procesos, afectan negativamente a quienes representamos" dijo a Rosario/12 Federico Pagliero, abogado querellante junto a Gabriela Durruty y Julia Giordano. "El impacto de las resoluciones es altísimo para los sobrevivientes y familiares. Se pone en juego dejar afuera de este largo proceso testimonios muy valiosos de personas que ya no se encuentran en condiciones de declarar, violentando el derecho al acceso a la justicia. Además de someterlas a ser un objeto de investigación, lo cual hará revivir traumas que nuestra legislación prohibió con la recepción del derecho internacional en relación a la obligación de no revictimizar y el tratamiento adecuado a quienes sufrieron el terror de Estado", agregó Pagliero.

"En lo que respecta al traslado a la ciudad de Villa Constitución, la decisión de no constituirse en esa localidad para cerrar este juicio atenta no solo a sobreviviente y familiares, sino contra toda la comunidad. Los hechos ocurrieron allí y este juicio abre la posibilidad de establecer la verdad de una historia que fue muy tapada durante muchas décadas", indicó el abogado. 

El Tribunal Oral Federal Número 1 de Rosario, integrado por Germán Sutter Schneider, Otmar Paulucci y Ricardo Vázquez, decidió que no se trasladará a Villa Constitución para el veredicto final que tanto han pedido familiares y víctimas querellantes en esta causa. "Un pedido que ha sido respaldado y apoyado por el intendente y Concejo Deliberante de dicha ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos, el CELS y muchísimas organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos y, principalmente, por la misma sociedad de Villa Constitución que ha acompañado los pedidos con su firma", destaca la APDH.

Asimismo, en un acto que implica la revictimización de quienes participan en este proceso, se han rechazado los certificados médicos de víctimas y familiares que, ante impedimentos en la salud, solicitan que se utilicen sus testimonios previos como prueba en el juicio. "Y no sólo eso, sino que se ha ordenado realizar pericias a esas personas, descreyendo de sus patologías o impedimento psíquicos; revictimización que conlleva daños irreparables y la posible pérdida de pruebas valiosas para el juicio. Es decir, las víctimas y testigos son ahora objeto de investigación, poniéndolos en duda a ellos y a los certificados médicos acompañados", denuncia en el comunicado de prensa.

La APDH recuerda que "sobrevivientes y testigos se hicieron carne de los hechos que los afectaron en muchas oportunidades, han declarado en numerosas ocasiones (formales e informales): frente a la policía cuando denunciaron por primera vez, frente a la comisión de derechos humanos de Villa Constitución, frente a la Conadep, en etapa de instrucción, frente a fiscalía o el juez instructor, frente a médicos, psicólogos o psiquiatras que los entrevistaron en casos en los que dieron cuenta que no podían volver a declarar sobre esos hechos. El sometimiento de sus subjetividades como objeto portante de un relato que es prueba debe tener un límite, la dignidad de las personas. La resolución del Tribunal, sin lugar a duda, transgrede ese límite".

La Apdh Regional Rosario expresó su "más enérgico repudio" y exigió al tribunal que "continúe con las tradiciones que hicieron ejemplo mundial a nuestro país en materia de respeto a víctimas y familiares del genocidio que hemos sufrido".

El juicio por el Villazo, sobre hechos cometidos contra trabajadores metalúrgicos en 1975 en Villa Constitución, comenzó a fines de 2023 y en este mes ingresó en el tramo final hacia la sentencia, con el inicio de los alegatos el mes próximo, mientras se espera el veredicto para el mes de agosto. 

El pedido para que las últimas audiencias se vuelvan a realizar en Villa Constitución, donde sucedieron los hechos que se juzgan, es porque los sobrevivientes cuentan entre 75 y 85 años.

Los hechos que se juzgan tienen que ver con delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución ese año y "contra quienes dieron apoyo" a ese espacio sindical. El objetivo del operativo era "derrotar la lucha obrera. El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática", sostienen la entidad.