El gobierno argentino sigue sin responder un pedido que promovió el 13 de diciembre del año pasado la relatora especial de Naciones Unidas Mary Lawlor, que visitó la provincia de Jujuy durante el último mes de 2024. 

El pedido, que firman los cinco relatores de Naciones Unidas, solicita que el gobierno nacional informe qué medidas tomó "para asegurar que las personas defensoras de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y del ambiente, incluídos los abogados y las abogadas que les acompañan, pueden ejercer su trabajo legítimo sin hostigamiento, presión o cualquier otra acción arbitraria". 

La relatora Mary Lawlor integró una comitiva compuesta por miembros de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se trasladó hasta la Puna jujeña para relevar información y testimonios sobre con el objetivo de dilucidar la veracidad de una supuesta campaña de desprestigio que circuló en 2024 en redes sociales y continuó con dos artículos publicados por un portal minero contra la abogada Alicia Chalabe, que asiste a comunidades indígenas. 

Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos ante el Alto Comisionado de la ONU, promovió la investigación de este caso. La campaña contra la abogada jujeña que representa desde hace más de una década a las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, habría comenzado en agosto de 2024 y escaló al mes siguiente, con dos publicaciones del portal digital minero Litio Argentina, cuyos contenidos se viralizaron rápidamente. En ellos se acusaba a Chalabe de tener intereses en pedimentos mineros de comunidades de esa cuenca altoandina.

El pasado 7 de febrero, desde la Misión Permanente Argentina ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra (Suiza), el gobierno argentino solicitó al Alto Comisionado una prórroga para responder a los pedidos de información que constan en el documento con la firma de los cinco relatores y que fue girado desde el Alto Comisionado de la ONU en diciembre de 2024 al gobierno de Javier Milei.

Intento de deslegitimación 

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció una "campaña de desprestigio emprendida, aparentemente, por el Gobierno de la Provincia de Jujuy y las empresas mineras contra Alicia Chalabe". Para la FARN, tanto el Estado jujeño como las mineras buscaron "deslegitimar" el trabajo de la abogada.

En sintonía con la Relatoría de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales, la FARN insistió en marcar que ante el avance del extractivismo minero sobre ese humedal jujeño "urge que el Estado nacional y los estados provinciales, especialmente el Gobierno de la Provincia de Jujuy, tomen medidas para que la extracción (...) se realice en pleno respeto y garantía de los derechos humanos".

La ONG también recalcó que la explotación minera de las salmueras cuyos derivados industriales (como el carbonato de litio) se exportan desde humedales del Triángulo del Litio, debe cumplir con la normativa internacional y nacional, los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y postulados que planteó el informe del Panel del secretario general de Naciones Unidas sobre minerales críticos para la transición energética.

En ese otro documento que se elaboró en 2024, expertos plantearon que "el aumento de la demanda de minerales esenciales corre el riesgo de perpetuar la dependencia de las materias primas". En ese sentido, enumeraron varios riesgos latentes, como el aumento de las tensiones geopolíticas, el extractivismo que agrava los retos ambientales y sociales, y los efectos de la actividad minera en los medios de vida, el entorno natural, la salud, la seguridad humana y los derechos de los individuos y colectivos. Ese combo de variables, concluyeron, "podrían socavar los esfuerzos hacia la transición energética".

Los relatores repasaron en el pedido del 13 de diciembre pasado -que aún no respondió Nación- cuestiones de contexto previas a la supuesta campaña de desprestigio. Una de ellas fue una demanda que en agosto de 2024 promovió Chalabe ante la justicia provincial cuestionando la presencia de un campamento minero en los territorios de la comunidad originaria El Angosto de la cuenca de Salinas Grandes. 

Para los relatores, fue por esa acción legal que comenzaron a circular publicaciones en noticias falsas sobre la abogada. Explicaron además que, con la viralización de esas noticias, hubo interesados en crear tensiones entre la abogada y las comunidades indígenas de la cuenca.

En el pedido, los funcionarios de la ONU le solicitaron al gobierno nacional que proporcione información sobre las medidas que tomó "para asegurar que las personas defensoras de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y del ambiente, incluídos los abogados y las abogadas que les acompañan, pueden ejercer su trabajo legítimo sin hostigamiento, presión o cualquier otra acción arbitraria". En este punto en particular, los relatores del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales de la ONU, se basaron en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, un documento ratificado por Argentina el 22 de enero de 2021.

Por medio de ese apartado, los Estados signatarios de compromedieron a garantizar "un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin restricciones". También a tomar "las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales".

Los relatores -cuya lista se completa con Fernanda Hopenhaym, Elisa Morgera, Astrid Puentes Riaño y Marcos Orellana- reclamaron al gobierno de Javier Milei  información detallada sobre otro pedido pendiente del 8 de septiembre de 2023, cuando en el contexto de la reforma parcial de la Constitución jujeña, los relatores solicitaron a la provincia precisiones sobre múltiples denuncias que llegaron a sus manos "por violaciones de los derechos humanos, incluídos los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas". Ese pedido, hasta la fecha, continúa sin respuesta formal de parte del gobierno argentino.