Mariana Coelho y Milagros Ocampo afrontaron con mucha valentía el camino de la justicia para buscar reparar su niñez y adolescencia que transitaron con mucho dolor y temor por los abusos que padecieron. Transcurrieron 30 años para poder rearmarse. El viernes último, en San Salvador de Jujuy, fue un día de justicia, el abusador fue condenado a 15 años de presión.

“Hoy voy a dormir en paz, mi corazón está cansado, pero luchó hasta el final, por mí y por esos niños que no pudieron hablar, hoy la justicia salvó a otros niños. Hoy la justicia no fue solo para mí sino para nosotros cinco”, escribió Mariana al final del día, después de seguir este proceso judicial para empezar a sanar.

La sentencia fue dictada por las juezas Claudia Cecilia Sadir, Felicia Barrios y Alejandra Tolaba. La última audiencia fue extensa, se escucharon los alegatos y luego se leyó la parte resolutiva de la sentencia que declara al abogado Sebastián Soria "autor penalmente responsable de los delitos" de "abuso sexual, gravemente ultrajante; abuso sexual con acceso carnal (varios hechos), y desobediencia judicial".

Soria, de pie (Imagen: Mariana Mamaní) 


El tribunal también ordenó que una vez que firme la sentencia se extraigan muestras biológicas de Soria para su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la identidad sexual.

La causa contra Sebastián Soria acumulaba catorce hechos de abuso sexual, cometidos desde 1995 y hasta el 2001, cuando las víctimas eran niñas de 5 y 6 años, y luego continuaron los abusos de 2016 al 2019 cuando eran adolescentes. De esos hechos, siete prescribieron pero fue condenado por el resto. El abogado se valía de la relación familiar para cometer los hechos aberrantes.

Sobre los hechos prescriptos, el abogado querellante, Rodrigo Cuellar, explicó que “por el tiempo transcurrido y en la niñez de las chicas se ha declarado el sobreseimiento del imputado por la prescripción de la acción penal". Dijo que esperaban esta decisión pero destacó la condena a 15 años por los otros hechos. La querella y el fiscal Alejandro Gurrieri habían solicitado 20 años.

El querellante dijo que están "satisfechos" con el fallo. "Mariana y Milagro desde la denuncia querían llegar a esto: ser escuchadas". "Creo que hoy se hizo justicia con esta sentencia condenatoria”, ratificó.

El el defensor Federico Llermanos fueron las partes de este juicio.

Fue una vida de calvario

“Estoy en shock de la emoción, que se haya hecho justicia, porque representé a muchas. Sé que no se hizo justicia solo para mí, sino para muchas otras”, fue lo primera reacción de Mariana, quien agradeció a quienes la acompañaron y asistieron emocionalmente en “este proceso que ha sido muy largo, doloroso, con mucho sufrimiento". 

"Estoy satisfecha de que se haya hecho justicia, que nos hayan escuchado, que las palabras de las mujeres valgan. A pesar de que pasaron 30 años de sufrimiento, fue una vida de calvario. Ahora empezará una nueva vida para nosotras que es lo que queríamos. Animo a todas esas chicas que me han escrito, que me han mandado fuerza, que no pierdan tiempo y que sean escuchadas, que luchen. Que las personas que les hacen daño, que arruinan la vida, sean juzgadas, que reciban la condena que merezcan para que no estén en la calle”, manifestó.


“Desde que nos animamos a hacer la denuncia, nunca imaginamos poder llegar hasta acá. Tuvimos desconfianza, no teníamos esperanza de que nos escuchen por tanto tiempo que había pasado. Solo queríamos ser escuchadas”, explicó sobre el temor de que la causa quedara impune.

Ahora la denunciante se propone retomar su vida tras "un año duro". "Necesito recuperarme y ser voz de aquellas que me confiaron sus historias. Voy a acompañar, si no, los casos de abusos se repiten si alguien no habla”, dejó como mensaje para quienes estén sufriendo esta violencia. 

Por su parte, el fiscal Gurrieri calificó esta causa como “muy compleja”, destacó las testimoniales, los informes. Sobre los extensos alegatos explicó que en su caso “había que reflejar hechos y reconstrucciones desde 1998, al igual que la investigación. Estoy satisfecho, es lo que se buscaba, que se declare responsabilidad penal al acusado”, dijo.

Funcionario de "protección de derechos"

La denuncia se realizó en febrero de 2024, en Palpalá. A los meses, las denunciantes recibieron la información de que por el tiempo transcurrido los delitos habían prescripto, con lo que los abusos quedarían impunes.

Por eso, las denunciantes decidieron hacer público el caso, con el objetivo también de alertar a eventuales nuevas víctimas y alentar a denunciar a otras mujeres y niñas que hayan sufrido hechos similares. La respuesta en redes sociales fue inmediata y solidaria.

Soria fue funcionario del municipio de Palpalá, irónicamente, integró el gabinete de la Oficina de Protección de Derechos.

Soria fue imputado y detenido el 30 de agosto de 2024. Fue después de que la denuncia fuera ampliada y se modificara la carátula: “Abuso deshonesto, varios hechos. Violación, varios hechos. Abuso sexual gravemente ultrajante. Agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de edad, varios hechos. Abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de edad, varios hechos. Abuso sexual gravemente ultrajante, varios hechos. Abuso sexual con acceso carnal, varios hechos y desobediencia. Dos hechos en concursos reales”.

Respecto a este último delito, el abogado querellante explicó que la desobediencia judicial fue por un hecho ocurrido entre febrero y marzo de 2024, cuando Soria "viola la perimetral. Se presenta cerca de la casa (de las denunciantes) a buscar a un familiar”.

En este sentido, Rodrigo Cuellar contó que en la ampliación de la denuncia Mariana contó los "hechos nuevos que no están prescriptos". Entonces, la fiscalía solicitó la detención de Soria.

Asimismo, Cuellar indicó que la ley aplicable a los hechos comprendidos entre 1995 al 2001 establecía la prescripción del delito por el solo transcurso del tiempo, no obstante, ya existen fallos de juicios por la verdad para que las víctimas puedan ser escuchadas ante los tribunales. Luego, en 2011 se sancionó la Ley Piazza con la que el plazo de prescripción comienza a partir de que las víctimas adquiran la mayoría de edad. Y con la Ley del respeto del tiempo de la víctima, en 2015, el plazo de prescripción comienza a correr desde que la víctima llega a la mayoría de edad y hace la denuncia o la ratifica.

Remarcó el querellante que “las víctimas están en un estado de vulnerabilidad, justamente a raíz de haber vivenciado estos hechos que son traumáticos. Es un caso muy aberrante, triste, porque no solamente tienen destruida su infancia, sino que le destruyó la vida. Ellas no pueden volver a tener la misma vida de antes”.

El abogado dijo que "hay más víctimas que no se animan a denunciar”. “Todo este dolor tiene que transformarse en un llamado también a esas víctimas que también necesitan reparación, desde lo psicológico hasta lo legal”, deseó.