El Acuerdo de Paz en Colombia vive tiempos de suma fragilidad. Pasaron ocho años desde la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, en la Habana, y desde entonces temas como el de seguridad, la repartición de las tierras y la reincorporación de los guerrilleros que dejaron las armas se convirtieron en el talón de aquiles para alcanzar la paz.

Hace un mes un grupo de firmantes de paz de la antigua guerrilla de las FARC bloqueó una de las rutas principales que conecta a Bogotá con Girardot, uno de los municipios de Cundinamarca, en el centro del país. La fila de camiones y vehículos parecía interminable, pero la causa era sensata: todo en el acuerdo de paz parece andar a medias.

Al momento del bloqueo el presidente de Colombia Gustavo Petro vivía una crisis política sin precedentes: varios de sus ministros habían presentado la renuncia luego de una audiencia televisada que expuso diferencias en el gabinete.

La respuesta del entonces ministro de Interior fue vaga: “Revisaremos temas clave como seguridad, tierras y reincorporación. Además, el Ministerio Público convocará a las autoridades territoriales para abordar asuntos de su competencia. Los manifestantes se comprometen a no bloquear la vía, pero seguirán en campamento”.

Es precisamente en esos tres temas, seguridad, tierras y reincorporación, en donde el acuerdo de paz tambalea.

Firmantes en riesgo

“El problema más grave en este momento es el tema de seguridad: hay más de 440 firmantes asesinados, una cifra que habla por sí sola. Adicionalmente a eso, en esta semana fueron desplazados compañeros de una región del Meta, y un firmante de paz que hace dos días había recibido una propiedad fue asesinado en ese predio”, explica el senador Carlos Antonio Lozada, integrante de Comunes, el partido en el que devino la exFARC.

Desde Comunes afirman que la transformación tiene que ser integral y no un simple listado de metas no conectadas entre sí.

Por eso principalmente el acuerdo tambalea constantemente en dos factores muy delicados: uno tiene que ver con la seguridad de los firmantes exFARC y otro tiene que ver con la continuidad del conflicto con grupos armados residuales que empiezan a tomar espacios que antes ocupaba esa guerrilla. Ni los firmantes ni los habitantes de zonas de conflicto están seguros.

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con unos 70 firmantes, quienes con sus familias debieron abandonar un núcleo de reincorporación ya que sus vidas corrían peligro. El Consejo de Reincorporación Nacional emitió un comunicado en el que lamentaba los hechos. 

“Tras 8 años de construir vida y reconciliación en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Mesetas, firmantes de paz, niños, niñas y personas mayores deben salir para preservar sus vidas. ¡No hay condiciones de seguridad para mantenerse allí! En camiones, gestionados por la misma comunidad, se embarcan enseres, infraestructura y cosecha de los proyectos productivos y anhelo de una tierra de la que no tengan que salir”, lamentaron desde el Consejo.

Nuevas guerrillas y planes incompletos

Los nuevos grupos ilegales se disputan las rutas del narcotráfico en Cauca y Catatumbo, dos regiones que históricamente fueron víctimas del conflicto interno. Mientras esto ocurre, el presidente insiste con su visión: la única vía pacífica es la legalización de las drogas.

Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, sostiene que es necesario sacrificar parte del presupuesto de la nación en las Fuerzas Militares o pronto el daño será mucho mayor. “Al final del gobierno Juan Manuel Santos las disidencias ocupaban 58 municipios, durante el gobierno de Iván Duque llegaron a ocupar 119 municipios y sobre el final del gobierno de Gustavo Petro las disidencias están en más de 200 municipios. Ni Duque ni Petro hicieron algo”, sostiene.

Diferente opina Pastor Alape, coordinador general de la implementación, quien sostiene que con Petro se ha avanzado en algunos aspectos en cuanto a entrega de tierras a firmantes y campesinos. Pero que hay limitaciones en la formalización de las siete tareas que quedaron establecidas. “Este gobierno ha tenido incoherencias en la aplicación de la reforma rural integral, hay territorios donde comunidades llevan 60 años habitándolos y no ha podido lograr que se titulen esos territorios bajo la idea de que eso es extender el latifundio”, explica.

Este tema de tierras va ligado directamente al tema de seguridad, mientras no existan proyectos sustentables para los firmantes de paz de la antigua FARC los firmantes estarán más expuestos a represalias violentas por su participación política. Es decir, tener una tierra para poder establecer proyectos sustentables y así garantizar la vida para participar en democracia.

Proyectos sustentables

Se habla de planes que puedan ser sostenibles económicamente y que puedan ser integrados al mercado. “Son proyectos con desarrollo agropecuario, son tierras que se están entregando en áreas donde es fácil integrarlas al circuito económico donde están cerca a vías importantes y son aptas para producción agrícola”, explica Lozada.

Luego de la renuncia de ministros, asumió como ministro de interior Armando Benedetti, un político que creció en el uribismo, fue senador de la bancada oficialista de Santos y asesor de campaña de Gustavo Petro y ahora será quien se encargue de la implementación del acuerdo.

Benedetti tocó un tema clave hace un par de días: la erradicación de la coca en Micay, Cauca, será voluntaria y no forzosa, el ministro dijo en su cuenta de X que “La población y los campesinos han sido engañados por los carteles de Carlos Patiño, ELN y Segunda Marquetalia”.

Por ahora, todo es parte del mismo nudo: los grupos ilegales trafican con la droga y se disputan las rutas; la disputa causa violencia y desplazamiento de firmantes que dejaron las armas. No hay entonces continuidad de recursos para proyectos y la sustitución y erradicación de cultivos no representa una salida. La legalización se ve por el momento lejana.