“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas/desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dichos inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700 mil millones de pesos.”

El párrafo corresponde al dictamen del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, a cargo de la investigación en la causa “Julio Garro y otros s/ asociación ilícita”. Tras el análisis de las pruebas recolectadas, la Justicia imputó al ex intendente platense del PRO porque junto a un grupo de funcionarios habría orquestado un sistema para autorizar alrededor de 400 desarrollos urbanísticos por fuera de la ley y, en paralelo, avalado la manipulación de expedientes para generar sobreprecios en obra pública.

“De los elementos reunidos en la presente investigación se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento”, resume el fiscal en el escrito al que Buenos Aires/12 tuvo acceso.

Tal como contó este medio, la investigación nace a partir de una denuncia impulsada por el actual jefe comunal, Julio Alak. Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos platense, explicó a este diario en octubre del 2024 que, por el volumen de trámites iniciados de forma irregular y las constantes observaciones y solicitudes del Gobierno provincial que fueron ignoradas, “no se puede hablar de un error”.

 

 

El funcionario municipal detalló que los barrios privados fueron construidos sobre lotes que, según el código vigente, son rurales y tendrían valuaciones que oscilan los 50 mil dólares. Luego se subdividían en lotes a un valor de 30 mil dólares para ser vendidos para la construcción de viviendas. Además, un enorme porcentaje de estos emprendimientos están instalados en el cordón frutihortícola, lo que aumentó el precio de los alquileres de los pequeños productores, complejizó su acceso al agua e incrementó las inundaciones.

Según el texto presentado por el fiscal, Garro habría “inflado” los precios en obras vinculadas a estos desarrollos inmobiliarios. Tal es el caso de una rotonda en cercanías del barrio La Cañada. En el expediente de la obra, la Justicia advirtió que se modificaron fojas en beneficio de las constructoras, incrementando el valor de la obra en 30 millones de pesos.

Además, es habría constatado el vínculo de ex funcionario de Garro con las empresas investigadas por sobreprecios.

Producto de la investigación, se ordenaron allanamientos en búsqueda de documentación, notebooks y todo tipo de elementos que puedan ayudar a dilucidar el rol de cada uno de los actores involucrados. De esta manera, se autorizó que se allane el domicilio de Garro en el country Grand Bell, y el de su ex secretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta. También de Marcelo Genoro, que ofició de director general de Obras Viales durante la gestión amarilla y el de Nahuel Paradela, ex subsecretario de Servicios Públicos.

A su vez, un grupo de empresarios fueron alcanzados por esta medida. De esta manera, la Justicia autorizó el allanamiento en los domicilios de Ariel Bordigoni, de la empresa Bordigoni y Cía SRL, Facundo Dadin, titular de Sol Vial Construcciones; Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea de Agrycon.

“Autores penalmente responsables”

“Que asimismo existen en la presente causa motivos bastantes para sospechar que al menos, Julio César Garro, María José Botta, Marcelo Genoro, Ariel Fabián Bordigoni, Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea, resultan coautores penalmente responsables de los ilícitos antes descriptos y calificados”, subrayó el fiscal en su escrito.

Los ilícitos que recaen, particularmente sobre Garro, son el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Entre las pruebas recolectadas por la Justicia, hay más de 800 expedientes en tramitación observados. De ese total, por ejemplo, hay 676 de los cuales 18 son barrios privados y los restantes son viviendas unifamiliares, tramitados de manera particular “sin ningún tipo de aprobación previa del barrio, ni la parcela, de los cuales algunos de ellos el municipio otorgó el permiso de obra sin más trámites”.

La maniobra se pudo desarrollar, indicó el fiscal, a partir de la sanción de la Ordenanza N° 12.150, la cual derogó el artículo 6 de la ordenanza 10.703. Con esta decisión, votada por el Concejo Deliberante durante la gestión de Garro, se permitió publicitar los lotes sin la aprobación final. Se los podía vender, sostuvo el escrito, “en contraposición a los dispuesto en el decreto-ley 8912 y el 9078”. El 8912 sigue siendo la norma que regula el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, Condomi Alcorta tomó la denuncia iniciada desde la gestión de Alak que encontró documentación en el cajón de la oficina de Botta, ex secretaria de Planeamiento de Garro, que pertenecía al expediente para la construcción de una rotonda en la intersección de las calles 467 y 160.

Luego de revisar el expediente, se constató que varias fojas fueron reemplazadas y las originales estaban en el cajón del despacho de Botta. ¿Por qué es relevante? Porque, originalmente, la obra estaba cotizada en un monto cercano a los 40 millones de pesos. Sólo unos meses después, y en un movimiento de documentación en el que habrían participado las firmas Agrycon y Bordigoni, el nuevo precio aumentó más de 20 millones.

“En este sentido se puede apreciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente "inflando" el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo "originario", con tan solo un mes y medio aproximadamente de diferencia entre la firma de ambos”, advirtió el fiscal.

Connivencia

Además, de la investigación se desprendió que Genoro, ex funcionario municipal e imputado en la causa, pasó a formar parte de la empresa Bordigoni y Cía. una vez que renunció a su empleo en la Municipalidad de La Plata.

 

Esta posible connivencia quedó plasmada, a juicio del fiscal, en que dentro de la documentación encontrada foliada en la carpeta del despacho de Botta hay un presupuesto sin foliar presentado por la empresa Bordigoni que “resulta tener exactamente el mismo formato gráfico y presentación que el firmado por el Ingeniero Genoro como funcionario público difiriendo mínimamente los montos "públicos" que llamativamente son inferiores en su apreciación a los estimado por Bordigoni SRL”.