Los fiscales penales Mariana Torres y Daniel Espilocín representaron al Ministerio Público Fiscal de Salta en la audiencia flexible y multipropósito ante el juez de Garantías Francisco Oyarzu en la que se elevó a juicio la causa contra ocho policías de la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR) 23, de Orán, acusados de facilitar la venta de drogas a cambio de dinero.
Los acusados son Mariana Cristina Castellanos, Carla Elizabeth Jauregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, quienes serán juzgados por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasico. Asimismo, se imputó a Mercedes Stella Marys Benicio, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, y Luisa Verónica Choque, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y dos mujeres no integrantes de la institución policial, Beatriz Leniz y Rebeca Nilsa Pereyra, fueron acusadas de cohecho activo.
La investigación reveló que efectivos policiales cobraban coimas para facilitar actividades ilícitas. La fiscalía determinó que los involucrados habrían llegado a acuerdos para evitar allanamientos, que alertaron a personas que estaban siendo investigadas y de esta manera colaboraron con el ocultamiento de pruebas y hasta la fuga de los sospechosos, frustrando los procedimientos policiales.
La acusación sostiene que los sargentos Mariana Castellanos, Carla Jauregui, Fabián Romano y Cristian Gareca incurrieron en "la apropiación indebida de recursos afectando la normalidad de la función policial al quedarse con dinero que secuestraban en los allanamientos consignando una cantidad inferior en las respectivas actas".
Castellanos, Jauregui, Romano, Gareca, Ruth Carvajal, Hernán Romero, Luisa Choque y Mercedes Benicio fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. Se les reprocha haber omitido nvestigar a las personas denunciadas por venta de estupefacientes y no denunciar irregularidades..
Finalmente, Beatriz Leniz, María Saracho y Rebeca Pereyra fueron acusadas por cohecho activo porque habrían entregado dinero a policías a cambio de protección e información para desarrollar libremente el comercio de drogas. Estas tres mujeres ya cuentan con condenas por venta de estupefacientes, en una investigación a cargo de la Policía Federal, fuerza que fue convocada por la Fiscalía al "advertir la omisión dolosa de investigarlas por parte de la policía de la provincia", detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta.
