La provincia de Salta se comprometió a garantizar de manera inmediata alimentación y el acceso a la atención de salud de todas las personas privadas de la libertad en comisarías. 

El compromiso, cuya letra chica se pulirá en estos días, surgió ayer en una audiencia convocada por la Corte de Justicia de Salta en el marco del habeas corpus presentado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contra el gobierno provincial por el hacinamiento y la vulneración de derechos de personas detenidas en comisarías.

Provincia y Comité también también acordaron que este organismo hará un "monitoreo de esa situación", informó a Salta/12 el presidente del mecanismo provincial contra la tortura, el abogado Rodrigo Solá. 

En la audiencia, realizada en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y encabezada por la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, se trató la situación de las personas detenidas en las dependencias policiales provinciales, y también se analizaron otras cuestiones vinculadas a las condiciones de alojamiento en el sistema carcelario.

Después de que el Comité hiciera una presentación inicial del estado de situación, recordara lo planteado en el habeas corpus y repasara los distintos puntos del petitorio, el gobierno provincial, representado por el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, presentó un documento de entendimiento que fue puesto a consideración del Comité. 

"Notamos que había distintos puntos del petitorio que no estaban contemplados, así que se discutió y finalmente se acordó que queden en un acta todos los puntos para que sean incorporados en el acuerdo y sea presentado antes del martes de la semana que viene", contó Solá. 

"Hemos comenzado una nueva etapa de diálogo y de trabajo que venimos teniendo siempre, con el fin de dar respuesta a cada uno de los puntos", dijo por su parte Villada. El ministro destacó que el acuerdo incluye condiciones de habitabilidad, obras de infraestructura y traslado de personas; también, la "implementación de herramientas tecnológicas que permitan hacer más eficiente el proceso de análisis de los aspectos mencionados, y el armado de un esquema de traslado de internos", informó por su parte Villada tras la audiencia.

En la presentación, Solá requirió intervenciones de infraestructura, asistencia y derivación de personas privadas de su libertad.

Plazo para los traslados 

El 23 de febrero último el CPT presentó un informe en el que daba cuenta de que en ese momento 55 personas transitaban su pena en dependencias policiales, donde no existían condiciones adecuadas para alojarlas, ya que había hacinamiento y los edificios no eran aptos para esa prisionalización, además de estar prohibida. "Se acordó un plazo máximo de 60 días para el traslado a unidades carcelarias, si es lo que correspondiera", informó el comisionado. 

"Se acordó también un plazo máximo de 15 días para la constitución de la mesa de trabajo", anunció también Solá. Se prevé que esta mesa esté integrada por el propio CPT y representantes de todos los ministerios del Poder Ejecutivo, miembros de la Procuración General y de la Defensoría General y que sea supervisada por la Corte.

"Nosotros habíamos pedido la clausura de las comisarías 3 y 4 de Tartagal y la inhabilitación para el alojamiento de personas de forma permanente y para eso se fijó un plazo máximo de 120 días. Hubo un acuerdo también en no darles este destino", añadió Solá.

"El Comité también pidió garantías de no repetición para que no suceda en el futuro que penados vuelvan a comisarías o que procesados, personas con prisión preventiva, la transiten en cualquier dependencia policial y que no existan condiciones adecuadas de habitabilidad en las comisarías para los casos en que puedan estar allí alojadas personas de manera transitoria", subrayó Solá.

El comisiado precisó que el próximo paso es "cerrar los términos de ese acuerdo, que lo firmen los representantes de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, el Comité, el procurador General de la Provincia y la Defensoría General, para presentarlo ante la Corte para su homologación".

Defensa de derechos 

El gobierno provincial informó después de la audiencia que "ratificó su vocación en defensa de los derechos humanos". En la audiencia el fiscal de Estado expuso que cada uno de los organismos provinciales con competencia en la cuestión "fue conminado al trabajo, y se enviaron los informes correspondientes con las propuestas ejecutivas para los pedidos solicitados por el CPT”.

Por su parte, el ministro Villada ratificó la decisión política del gobierno de ocuparse de este tema, y recordó que en el marco de la política pública de derechos humanos, "en particular en la defensa de las personas que están privadas de la libertad, durante el ejercicio de la gestión, hemos puesto en funcionamiento el dispositivo local del Comité contra la Tortura". "Es el compromiso que tiene nuestro gobierno, no hemos dudado apenas presentada esta acción en ponernos a trabajar, desde los diferentes ministerios, a ver una situación que todos conocemos que debe ser modificada, en el marco de la situación de recursos tanto materiales, como económicos y humanos de los que dispone el gobierno", añadió.

De la audiencia también participó la Asociación de derechos humanos Miguel Ragone, en calidad de "amiga del tribunal". "Consideramos que es importante haber logrado un acuerdo y que un tribunal y la justicia esté presente en este tipo de audiencias de conciliación", dijo la reconocida militante de derechos humanos Blanca "Nenina" Lescano. Sin embargo, recordó que los integrantes del máximo tribunal provincial "demoraron casi seis meses en dar respuesta". 

Asimismo, señaló que "no se presentó el ministro de Seguridad" (Gaspar Solá está por estos en el extremo norte de la provincia, como parte del equipo gubernamental que asiste a pobladores afectados por la inundación). Por otro lado, Lescano destacó que el Comité contra la Tortura pidió que "se resuelva con urgencia todo el problema de la alimentación y la salud de los presos".

Contra el Plan Güemes y la represión

Por otro lado, Lescano sostuvo que el gobierno provincial "no solamente no respeta los derechos humanos en las cárceles o en las situaciones de detención, sino que además no tiene una política con los sectores más vulnerables de la sociedad como, por ejemplo, lo que es el Plan Güemes". 

Añadió que esperan que la provincia "no se pliegue en ese Plan Güemes a la política nacional que está estableciendo la ministra de Seguridad (de la Nación, Patricia Bullrich), que vino a Salta y su venida significa inaugurar un plan en la frontera con Bolivia y lamentablemente la primera cosa de ese plan fue matar a un bagayero (Fernando Gómez), una persona de los sectores más humildes, lo mató un gendarme por la espalda". 

Asimismo, recordó que en ese mismo operativo fueron heridos otros tres trabajadores de frontera, "sin que se lograra absolutamente nada, diciendo que perseguía el narcotráfico, el terrorismo, etcétera", cuestionó. Y ratificó: no se resuelve el problema del narcotráfico "baleando y matando a un bagayero que traslada bolsas de coca". 

"Ojalá el gobierno de la provincia asuma lo que significa la memoria y apruebe o mande a sus diputados a aprobar la ley de memoria que hace tres años que estamos luchando y no tuvimos ninguna respuesta", peticionó.